Una investigación de la UCR afirma que la carrera del país por firmar tratados de libre comercio (TLC), expone a los sectores productivos nacionales a las prácticas de comercio desleal.
La apertura comercial genera la protesta de quienes viven de la agricultura.
El país carece de instituciones capaces de defender sus intereses frente a prácticas comerciales como el «dumping» (importaciones que llegan con precios más bajos de los que tiene el producto en su país original), y los subsidios (o subvenciones).
Sin embargo, desde 1995 se ha embarcado en una «desconcientizada búsqueda de socios comerciales y un proceso de apertura por la apertura, que no solo trae como consecuencia la competencia desigual para los sectores productivos costarricenses, sino también un desequilibrio en el desarrollo económico del país.»
Esta es la conclusión central a la que arribó la investigación «Análisis de las prácticas de comercio desleal y su impacto en la liberalización del comercio en Costa Rica, de 1995 a 2001», que fue presentada el 25 de junio en la UCR, por sus autoras, Yorleny Jiménez, Patricia Ureña y Margareth Valverde, para obtener la Licenciatura en Administración Aduanera y Comercio Exterior.

Ellas enfatizan en que la firma de sucesivos TLC, bajo el auspicio del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) se ha dado más «por razones políticas que por lograr un objetivo común.»
Esta práctica, a su vez, ha llevado a que los sectores productivos prácticamente no tengan participación en las negociaciones comerciales, y a la inexistencia de coordinación y participación de los otros ministerios e instituciones públicas en la política comercial, lo cual ha generado «un gran descontento por parte del sector privado.»

EMPIEZA LA CARRERA

Las autoras recuerdan que en 1995, el mismo año cuando se firmó el primer TLC -con México-, se creó la Oficina de Prácticas de Comercio Desleal y Medidas de Salvaguardia, adscrita al entonces Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
El objetivo de esta dependencia era realizar las investigaciones para proteger a las empresas nacionales frente a prácticas como el «dumping» y los subsidios, y recomendar medidas de salvaguardia. Sin embargo, nunca contó con el necesario respaldo presupuestario ni de personal capacitado.
Finalmente, en 2000, esta oficina fue virtualmente eliminada, pues al promulgarse el Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, sus funciones fueron trasladadas a la Oficina de Asuntos Jurídicos de esa misma cartera.
Las autoras entevistaron a Velia Govaere, ex directora y fundadora de la Oficina de Prácticas de Comercio Desleal y Medidas de Salvaguardia, quien explicó que «al principio no contaba ni con presupuesto ni con personal, nosotros estábamos bajo un proyecto del AID (Agencia Internacional  par el Desarrollo del gobierno estadounidense) para la creación de la Oficina y estábamos ubicando personal de diferentes instituciones estatales».
La eliminación de esta Oficina fue justificada como parte de la política de austeridad pública, y porque los casos por investigar habrían sido muy pocos.
Así, Grettel Rodríguez, de la Oficina Jurídica del MEIC, dijo a las autoras que «desde 1998, se han conocido dos casos, un caso por «dumping» y otro por salvaguardia, pero en realidad no se ha presentado un caso más.» Sin embargo, Govaere aseguró que «siempre estuvimos sobrecargados de trabajo».
Las autoras también recogieron la versión de industriales y exportadores.
Laura Rodríguez, representante de la Cámara de Industrias, les dijo que «se están firmando tratados, pero realmente no hay una política de defensa del sector productivo o bien una estructura administrativa que apoye al sector productivo en estos tratados.»
Marcela Filloy, abogada y vicepresidenta de la Cámara de Exportadores, les dijo: «deberíamos tener una estructura muy fuerte para hacer investigaciones de aduana, por ejemplo, para hacer investigaciones de «dumping», inclusive para tener un nivel de estadísticas decente, que nos permita sostener desde una medida de salvaguardia, una «antidumping», un esquema de subsidios. Necesitamos una estructura integral para poder administrar este tipo de problemas que se nos va a incrementar. «
Y Belisario Solís, abogado en un caso de «dumping», dijo a las autoras: «no contamos con una economía de escala, y el gobierno parece tener una política comercial en defensa del importador  y no del productor».

¿UNA ISLA?

Jiménez, Ureña y Valverde también indagaron sobre la «segmentación» de la política comercial, que se manifiesta en «la falta de enlace interministerial que permita un verdadero trabajo de gobierno.»
Al respecto consultaron a Fernando Ocampo, director general de Comercio Exterior, del COMEX,  quien aseguró que «el Ministerio negocia en consulta con todas las instituciones, y una vez que están negociando, quien se encarga de la implementación práctica son los Ministerios respectivos.»
Sin embargo, cuando cuestionaron a Adolfo Solano, asesor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, este dijo que «en lo que respecta a negociaciones comerciales, corresponde solo a COMEX y realmente es mínima, para no decir nula, la participación del MAG.»

CON LA DEFENSAS BAJAS

Las autoras resaltan que mientras los países desarrollados aprovechan los mecanismos legales que existen en la propia Organización Mundial de Comercio (OMC) para defender a sus productores, Costa Rica abre sus puertas sin ninguna estrategia.
«A pesar de ser una entidad que estimula la apertura, la OMC establece una serie de mecanismos de defensa para los sectores productivos. Como resultado, muchos países han desarrollado una estructura administrativa consolidada, con personal altamente calificado, que se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa jurídica desarrollada en el nivel nacional y, a la vez, proteger los sectores productivos de una eventual práctica de comercio desleal», afirman.
Por ejemplo, Costa Rica no incentiva a sus productores agrícolas, a pesar de que los países desarrollados, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, lo hacen acogiéndose al compromiso de reducir progresivamente los subsidios. (Ver recuadro «Sí protegen su agricultura»)
Además, advierten que «Costa Rica pretende establecer una negociación bilateral con Estados Unidos. Por consiguiente, debería tomar en cuenta este tipo de políticas antes de negociar por negociar.»
Sin embargo, «no existe en el país una política definida en esta materia, ni tampoco el suficiente interés por parte de sus autoridades para desarrollarla. Actualmente, la Oficina de Asuntos Jurídicos del MEIC, quien figura como única entidad para atender investigaciones por «dumping» o subsidios, no cuenta ni con la infraestructura ni el personal necesario para atender de manera adecuada un procedimiento de investigación por alguna de estas causas.»
En contraste, «otros países en desarrollo, de los cuales Costa Rica es socio comercial, como México o Chile, cuentan con toda una infraestructura especialmente diseñada para encargarse de todo lo relacionado con prácticas de comercio desleal.»
Concluyen que «esto no solo trae como consecuencia la competencia desigual para los sectores productivos costarricenses, sino también un desequilibrio en el desarrollo económico del país.