El Presidente del Perú, Alejandro Toledo, detuvo la privatización de dos empresas eléctricas, después de una semana de protestas populares en Arequipa y Tacna.
El Presidente Toledo tuvo que suspender la venta de dos empresas eléctricas, a raíz de las manifestaciones populares.
Un estudiante muerto, más de un centenar de heridos, unos dos millones de dólares en pérdidas y una creciente movilización contra la privatización de dos empresas productoras de energía en el sur del Perú, fueron el resultado de una semana de luchas que obligaron al presidente Alejandro Toledo a dar marcha atrás en su decisión de venderlas.
Como consecuencia, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, acusado de ser el responsable de la muerte de un estudiante durante las protestas, renunció a su cargo. Rospigliosi prefirió no apoyar la decisión de repudiar la privatización ni pedir disculpas a la población, como lo exigían las organizaciones que encabezaron las protestas.

La decisión del gobierno, después de una negociación con los dirigentes del movimiento, fue la de esperar una decisión de los tribunales sobre su competencia para vender ambas empresas, Egasa y Egesur, que abastecen de energía a Arequipa y Tacna.
Pero las contrapartes del gobierno señalaron que, en el caso de que se reconozca esa competencia, exigirán un referéndum antes de venderlas.

RECLAMOS

Los opositores a las privatizaciones, entre ellos más de cien alcaldes de diversas ciudades, reclamaban al presidente Toledo haber incumplido la promesa, hecha durante la campaña electoral, de no vender las empresas que ahora puso a la venta.
Se trata de Egasa y Egesur, compradas por una trasnacional franco-belga Tractebel por $167 millones, y que producen energía para abastecer Arequipa, la segunda ciudad más importante del país, a unos 750 km. al sur de Lima, y de Tacna, en la frontera con Chile.
La venta, realizada el pasado 14 de junio, pese a que existe una disputa legal no resuelta por los tribunales sobre la propiedad de las empresas, desató las manifestaciones populares, encabezadas por el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén, y por el líder del Frente Amplio Cívico, Luis Saraya.
Ambos participaron, la semana pasada, en una reunión con una comisión de alto nivel enviada por el gobierno a Arequipa, encabezada por monseñor Fernando Vargas Ruiz, y exigieron que el gobierno suspendiera la privatización de ambas compañías.

FRACASOS

Las privatizaciones llevadas a cabo en Perú aportaron en los últimos años unos siete mil millones de dólares, recursos que se han utilizado para la amortización de la deuda y para otros fines fiscales. Pero la población peruana ha visto cómo las tarifas aumentaron y los trabajadores fueron despedidos luego de las privatizaciones de los servicios públicos, mientras los recursos obtenidos con esas ventas desaparecieron rápidamente, sin que se reflejaran beneficios para la población.
Perú adoptó un vasto plan de privatizaciones durante los diez años de gobierno de Alberto Fujimori, que ahora pocos se atreven a defender públicamente, pero que tampoco es rechazado por los partidarios de las políticas neoliberales aplicadas entonces y que el gobierno de Toledo continuó.
La principal dirigente de la oposición, Lourdes Flores, del partido Unidad Nacional, derrotada por Toledo en las pasadas elecciones, pidió al presidente no dar marcha atrás en la venta de ambas empresas. En su opinión, eso «generaría un clima de inestabilidad e incredulidad para los inversionistas extranjeros».
Una opinión similar manifestó el Ministro de la Presidencia, Carlos Bruce, para quien una eventual decisión del congreso de suspender los procesos de privatización sería un desastre y un antecedente negativo.
La Comisión de Energía del Congreso emitió un informe de mayoría la semana pasada proponiendo suspenderlas. Si bien el informe debe ser elevado al plenario esta semana, para Bruce una decisión en ese sentido «no sólo deja sin ingresos al gobierno sino que cancela la posibilidad de promover la inversión privada en el país». El ministro dejó claro que la misión mediadora enviada a Arequipa por el gobierno no puede revisar la decisión de privatizar las empresas de energía, como lo han exigido las organizaciones populares de Arequipa.
Otras dos empresas eléctricas privatizadas, Luz del Sur y Edelmor, dejaron de pagar al fisco unos $70 millones entre 1994 y 1999, lo que representa prácticamente la mitad de los recibido por la venta de las dos nuevas empresas, señalaron medios en Lima.

MOMENTO DIFÍCIL

El presidente Toledo había asegurado que no daría un paso atrás en esas medidas, entre otras cosas por las presiones internacionales a que está sometido.
El embajador de Estados Unidos en Lima, John Hamilton, manifestó su apoyo al programa económico del gobierno y su confianza en que las privatizaciones no serían revisadas.
Hay sectores empresariales que también insisten en la necesidad de no ceder ante las presiones populares, lo que se suma a los partidos de oposición como Unidad Nacional.
El expresidente Alan García, del APRA, también en la oposición, manifestó su apoyo a cualquier posición que contribuya a restablecer la calma en Arequipa, incluyendo una postergación de las privatizaciones, pero tampoco se manifestó en contra de esas medidas.
La crisis surgió en un momento en que la popularidad del presidente se encuentra en su punto más bajo desde que asumió el poder, el año pasado. Según las últimas encuestas de opinión pública, solo un 22 % de la población apoya la gestión del mandatario, mientras poco más del 70 % la rechaza. Esa mediación fue hecha antes de la actual crisis, por lo que esa popularidad podría haber descendido aún más.
Por otro lado, coincide con la situación en Argentina, cuyos efectos se hacen sentir en todos los países vecinos, en particular en Brasil y en Uruguay.
Resulta cada vez más difícil defender una medida cuyas consecuencias son ya evidentes no solo en el propio Perú, sino  en la vecina Argentina, país que implantó uno de los regímenes de privatizaciones más drásticos en la región.