Una denuncia sobre acoso sexual fue utilizada por las autoridades universitarias para promover la expulsión del periodista, exdirector de Radio Universidad y jerarca de este Semanario, Carlos Morales
«Por reglamento, lo que se denomina falta grave, no contempla el despido», destacó esta semana Wilfredo Gonzaga Martínez, presidente de la comisión instructora interna que investigó un caso de supuesto acoso sexual en UNIVERSIDAD.
 

Consultado sobre el caso por este Semanario, Gonzaga declinó profundizar sobre la materia hasta tanto no se asesore con un abogado. » Esto es muy delicado porque está de por medio la vida laboral de una persona», añadió.
Reveló que desconocía el informe de minoría rendido por la otra miembro del tribunal, Mayela Zamora, quien apartándose del criterio de Gonzaga y Sonia Vargas – esta última también integrante de la comisión instructora que juzgó al director de UNIVERSIDAD, Carlos Morales-, calificó la conducta de «muy grave».
La conducta «muy grave» es sancionada con el despido del trabajador, mientras la «falta grave» amerita una amonestación o suspensión sin goce de salario.
El 19 de junio el Rector de la institución, Gabriel Macaya, atendió la recomendación de despido de Morales por parte de la Vicerrectora de Acción Social, Leda Muñoz, quien poco después viajó a España, donde permanecerá hasta el próximo 15 de julio, dijeron en esa dependencia.
El Rector solicitó a Morales que hiciera referencia a la nota de despido dejada por Muñoz y ello atrasó la destitución del comunicador. Obligó además a que el 21 de junio pasado una persona que firmó la resolución VAS 723-2002 lo hiciera arriba del nombre de Muñoz con una letra p, seguida de una barra, una erre y una be mayúsculas. Este firmante recomendó, asimismo, la separación del director en su doble condición de jerarca de este medio de comunicación y catedrático universitario.
El funcionario público que firmó el oficio debidamente membretado sobre el nombre de la vicerrectora, también desconoce el criterio de mayoría del tribunal interno que calificó de falta grave la conducta de Morales y concluye, por el contrario, en que «se configuró el hostigamiento sexual» e interpreta que hubo «una falta muy grave» que amerita el despido sin responsabilidad patronal.
En virtud de indagaciones posteriores hechas por este Semanario, se supo que la pe con las iniciales fueron puestas sobre el nombre de Muñoz por el Vicerrector de Docencia, Ramiro Barrantes.
Al consultársele, dijo que por un asunto de plazos » tuve que firmar el documento, pero debo decirle que no estoy metido de lleno en esto», afirmó el 25 de junio, cuando se le preguntó si conocía sobre lo refrendado y los efectos legales.
«La Vicerrectora salió de vacaciones y firmé por ella», admitió Barrantes. «Asumo que cuando ella regrese seguirá con el asunto», comentó.
Los hechos se remontan al 2 de noviembre pasado, cuando la estudiante de comunicación Ivannia Salazar Saborío realizaba una pasantía en el periódico y entabló formal denuncia contra Morales por lo que ella llamó, entre otras, «miradas y chistes de tinte sexual».
Este Semanario intentó conocer el criterio de la denunciante, pero su hermana Beatriz informó que la estudiante no se encontraba disponible y desconocía dónde localizarla.
UNIVERSIDAD trató de recoger la opinión de la joven antes de que partiera becada hacia el exterior. Su hermana especificó que la beneficiaria ya no viajaría en julio próximo a Suramérica como estaba previsto, sino en enero entrante.
EL PROCESO
Una semana después de las diligencias de Salazar Saborío, nombraron una comisión instructora del proceso – tribunal interno- la cual rindió un informe de mayoría el 19 de abril y otro de minoría el 24 de abril de 2002. En el primero, como queda dicho, catalogan la falta como grave (que implica una amonestación o suspensión sin goce de salario), en tanto el de minoría aboga por la expulsión del catedrático sin responsabilidad patronal.
Consultado sobre el caso Morales dijo: «me considero limpio de toda culpa, si no fuera así, me habría jubilado ya y no estaría peleando. Abomino de estas prácticas persecutorias que han adornado toda mi carrera de periodista crítico, pero no tengo duda de que si el Rector quiere llevar el asunto a los tribunales comunes, allí prevalecerá la verdad, la justicia y los culpables tendrán que responder en su momento por cada uno de sus actos».