Mientras los responsables económicas alertan sobre los peligros del aumento en el déficit fiscal, una propuesta de discusión del tema con amplia participación ciudadana, adquiere fuerza en la Asamblea Legislativa.
Los sectores sociales piden participar en la discusión sobre las políticas fiscales. (foto de archivo)
Organizaciones sindicales, solidaristas, empresariales y cooperativistas consideran que el tema fiscal debe estar abierto a la participación de los sectores sociales. Así lo plantearon el pasado 3 de julio al presidente de la República, Abel Pacheco.
En la propuesta «Costa Rica: Hacia la Tercera República frente a los desafíos nacionales del Siglo XXI», suscrita por la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), el Movimiento Solidarista y el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), se insiste en una solución integral el problema fiscal.
Por eso proponen la creación de una Comisión Especial Mixta que discuta en un plazo máximo de un año, las propuestas sobre la base de transparencia y con la participación de todos los sectores. Contaría con el soporte técnico especializado (del poder ejecutivo, legislativo y organismos sectoriales) para la toma de decisiones.
Según Albino Vargas, secretario general de ANEP, los temas deben analizarse en foros de discusión públicos, que cuenten con mecanismos ágiles de divulgación en los medios de comunicación públicos (Canal 13, Canal 15, Radio Nacional y Radio Universidad de Costa Rica) y en la medida de lo posible, los privados.

La comisión mixta, agregó analizaría el informe de la Comisión de Exministros de Hacienda y el voto salvado de Oscar Barahona Streber. Además, otros proyectos como las reformas a la ley de aduanas, la reingeniería de la deuda pública, y el de los destinos específicos.
Para las organizaciones proponentes, la agenda de la comisión deberá abordar las prioridades nacionales de gasto público, manejo y reingeniería de deuda pública, administración tributaria y aduanera, ingresos, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de ingresos y gastos públicos.
Además, la recaudación, fiscalización, evasión, equidad tributaria, impacto en la producción y cumplimiento del gasto público definido como prioritario.
Como parte de la negociación se debería fijar el plazo de discusión para cada tema, y para la elaboración de estudios técnicos que deben sustentar la negociación. En cada caso deben definirse objetivos y reglas claras, que se concreten en acuerdos y proyectos, como parte de un proceso integral de ordenamiento de las finanzas publicas.
El tema de pensiones, según las organizaciones sociales, debe ser tratado en el marco de una amplia discusión y negociación nacional, sin perder de vista su relación con el tema fiscal, pero separada de la discusión del tema fiscal.

ECO EN EL CONGRESO

La propuesta fue parcialmente acogida por los legisladores de los partidos políticos y el Ministro de Hacienda, Jorge Walter Bolaños.
Por ejemplo, para el titular de Hacienda, el proyecto de Ley de Ordenamiento Fiscal, elaborado por los exministros de Hacienda, puede discutirse en forma separada, tal como lo sugirieron diputados de oposición.
Así lo expresó  Bolaños, en la Comisión de Asuntos Hacendarios los días 2 y 3 julio, cuando los legisladores escucharon sus criterios sobre los problemas fiscales y las propuestas de solución.
Según el Ministro, para este año el déficit fiscal llegará al 4.7%, dato que lo considera muy abultado y que podría provocar un alza en las tasas de interés.
Por eso propuso que los técnicos de Hacienda dividan la iniciativa en los siete temas básicos y se redacten textos sustitutivos. Además aceptó la creación de una Comisión Mixta, integrada por la sociedad civil y los diputados, tal como lo propuso el Partido Acción Ciudadana (PAC).
Esa comisión, analizaría la creación de la Agencia Nacional de Recaudación, la reforma al Código Tributario y la reforma a las pensiones.
Bolaños planteó que la Comisión de Hacendarios se haga cargo de estudiar el impuesto al valor agregado, el impuesto de la renta y la derogatoria de tributos menores.
Urge, dijo el jerarca, aprobar este proyecto en su totalidad, aunque sea separado por temas para mejorar el análisis y comprensión. Propuso además elaborar un plan de control y uso de los recursos de las instituciones públicas, con el fin recortar los gastos.
Para él,  si con este plan no se controla el déficit fiscal, deben conocer los impuestos al combustible, al ruedo y a las sociedades. Consideró que debe reformarse la Ley de Aduanas para tratar de controlar la corrupción, la evasión y el contrabando.
Dijo además que los diputados deben aprobar el proyecto sobre deuda Interna y la unificación del impuesto de salida; el gobierno no puede poner más parches a una llanta que en cualquier momento explota. Por eso en las próximas semanas presentará un plan de recorte de gastos de las instituciones públicas.
Según el funcionario, el único plan de contingencia es la aprobación del impuesto al combustible, el impuesto al ruedo y a las sociedades, propuesto en el proyecto en cuestión.

LIBERACIÓN DE ACUERDO

Para el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) Bernal Jiménez, su grupo comparte la angustia manifestada por el Presidente Abel Pacheco, en materia del déficit fiscal. Por eso insistirán en que para el período de sesiones extraordinarias se presente una propuesta integral dividida en 6 o 7 proyectos. «Es peligroso que el déficit fiscal supere el 4%, porque perjudica la estabilidad económica y si sigue creciendo traerá serias consecuencias», afirmó Jiménez para quien «deben revisarse las medidas que implementa el Banco Central, responsable de la política monetaria nacional».
«Mi propuesta concreta es que en sesiones extraordinarias sea retirado el proyecto presentado por el gobierno anterior y se envíe dividido en las 6 o 7 leyes que se tramiten en forma individual; esto haría avanzar más rápido la discusión y se obtendrían resultados importantes en los disparadores del gasto, pensiones y leyes con destinos específicos», insistió Jiménez.
Por su parte, para abordar el tema fiscal, el PAC insiste el la creación de una comisión especial mixta, que aborde el déficit fiscal. Así lo expusieron en una nota enviada la semana anterior al Presidente de la República, y que fue firmada por las diputadas, Epsy Campbell, Margarita Penón y su jefe de fracción Humberto Arce.
VOZ DE ALERTA
El informe de una comisión de exministros de Hacienda alertó el pasado 22 de abril sobre la crisis fiscal. En el documento presentado al entonces Presidente Miguel Angel Rodríguez, los economistas señalaron el aumento desmedido en el gasto, problemas en la recaudación de impuestos y la urgencia de corregir los disparadores en las deudas del Estado.
Mencionan los exministros que de mantenerse la situación, para finales de 2002, el déficit llegará al 3,9% del PIB y en 2006 podría alcanzar el 12%.
Solo en pago de intereses de los préstamos adquiridos por el Estado, significarían en 2006,  el 62% de los ingresos recolectados por impuestos.
Según los economistas, el año pasado, las obligaciones por mandato constitucional, dirigidas al financiamiento de la educación pública, el Poder Judicial, la deuda política y las cuotas a la CCSS del Estado, equivalían a un 47.3% de los ingresos tributarios de ese año. Si se suman gastos aprobados por leyes con destino específico, el total asciende a un 70.5%.
Como si fuera poco, la deuda total del gobierno llegó el 31 de diciembre de 2001 a ¢ 2.087.426 millones (38,8% del PIB); el 71,6% de esa deuda fue contraída por el gobierno con instituciones autónomas (deuda interna).
La carga tributaria solo ha aumentado del 12% al 13% entre 1995 y 2001, con impuestos que recaudan poco. Por ejemplo, el impuesto sobre renta generó el 22.4% de los ingresos el año pasado.