La Academia Internacional de Policía plantea como sus objetivos la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, prevención de la violencia doméstica y protección ambiental; pero algunos sectores se preguntan si esto no será otro pretexto para la expansión del militarismo estadounidense en América Latina.
El grado de confianza de la ciudadanía en la policía (de 1998 a 2000) fue de
-12.7 según las encuestas.
Adiestrar a las fuerzas del orden de la región en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, es la razón en la que se apoya el Gobierno para firmar el pasado 6 de junio un acuerdo que instalaría una academia policial en el país.
Próximamente el proyecto llegará a la Asamblea Legislativa para ser ratificado, si se cuenta con al menos 38 votos.
El «Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y el de Costa Rica sobre una Academia Internacional para el cumplimiento de la ley» (Ver recuadro «Combate a delitos transnacionales»)  fue suscrito entre el Ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, y el Embajador de Estados Unidos en Costa Rica, John Danilovich. Para algunos sectores costarricenses consultados, esto se hizo de manera abrupta e impensada.

Después de su primera visita a Washington tras asumir la presidencia el 8 de mayo, el presidente Abel Pacheco informó que George W. Bush propuso la creación de la escuela, cuyas principales tareas serán prevenir la violencia doméstica, la protección ambiental (Ver nota «Fuerzas armadas en el bosque») y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Afirmó que sería una policía civil ciento por ciento y que se ocuparía de la problemática actual del mundo.
Esta funcionaría como las que existen en Filipinas, Singapur, Indonesia, Hungría, Tailandia y Nuevo México.
La propuesta fue negociada también con el gobierno anterior, por lo que no sería una idea tan reciente.
En un artículo enviado por Internet, José Merino del Río, exdiputado de Fuerza Democrática y coordinador del Foro de Acción Política «Otra Costa Rica es posible, otro mundo es posible», manifestó que no es casual que dos altos funcionarios del anterior gobierno como Ramos y el embajador en Washington, Jaime Daremblun, hayan llevado el peso de las negociaciones, y se hayan apresurado a convencer al presidente Abel Pacheco de lo positivo del convenio, y hayan elegido un terreno en Desamparados de Alajuela para instalarla.
El primer intento para establecer esta academia fue en Panamá, pero ese país rechazó la posibilidad.
Rodrigo Alberto Carazo, diputado del Partido Acción Ciudadana, consultado al respecto, considera el convenio peligroso, por lo que están investigando las razones que mediaron para esa negativa. «En Panamá se rechazó porque saben qué significa este tipo de presencia,» dijo.
Por su lado, Vance W. Stacy, asistente del director regional para México y América Central del Departamento de Justicia de la Embajada de EE.UU. en Costa Rica, admitió al diario La República, que en Panamá se desistió por «razones políticas» y que al final se decidieron por Costa Rica, dada la «estabilidad democrática».
Entre los beneficios que traería, según quienes la impulsan, están la generación de empleos en las áreas de secretariado, cómputo, contabilidad y administración.
Aunque el convenio aún no llega a la Asamblea para su ratificación, algunos diputados ya externaron su opinión. Carazo afirmó que tienen que estudiarlo con mucho cuidado, ya que tienen serias dudas. «Este acuerdo no tiene ventajas, es un convenio bilateral para dar un servicio multilateral y no me calza la figura. Los propósitos son buenos, pero la modalidad operativa no es conveniente. Se van a  dar imprecisiones como las que se han visto con el patrullaje conjunto.»

BARCOS DE VISITA

Carazo se refirió además a la discusión generada en la Asamblea con el permiso de atraque en puertos nacionales a barcos de EE. UU. Artillados, el cual fue aprobado a principios de semana. Amparándose en el «Acuerdo entre el Gobierno de CR y el de EE.UU. para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito» -o de patrullaje conjunto-, firmado el 6 de octubre de 1999, la Embajada de EE.UU. solicitó al Gobierno el permiso de atraque, permanencia  en puerto y desembarque de las tripulaciones de embarcaciones estadounidenses.
En el oficio 458-2002 del 26 de junio, que el Ministro de Seguridad Rogelio Ramos envió a la Asamblea, se dice que las embarcaciones podrán atracar y permanecer en puertos costarricenses en el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de setiembre. Según los diputados calcularon, aproximadamente 5.000 estadounidenses, entre enlistados y oficiales vendrían en las naves, la mayoría de las cuales también transportan helicópteros y son artilladas (poseen armas).
Federico Malavassi, diputado por el Partido Movimiento Libertario quien dio su voto positivo, comentó que las naves no van a venir todas a la misma vez. «Sería una invasión si entran así, pero no es seguro que vayan a hacerlo así, sólo si tienen que abastecerse, o si les pedimos ayuda para encontrar pescadores perdidos.»
Por su parte, José Miguel Corrales, diputado del Partido Liberación Nacional, advirtió durante la discusión del permiso, que en el convenio de patrullaje se dice que éstas sólo son policiales y no militares.
Hace dos años se recibieron $350 millones para financiar dicho acuerdo y ahora se critica que este combate al narcotráfico es el pretexto ideológico para la expansión del militarismo estadounidense en América Latina. Así, la geopolítica exterior le da una connotación más delicada al tema, por lo que se advierte sobre la posibilidad de que esta base policial se preste para otra serie de actividades encubiertas «a las que son muy dados los estadounidenses, lo que nos podría comprometer internacionalmente», comentó Rigoberto Salas Aguilar, del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (SIPROCIMECA).

LOCURA MILITARISTA

Esta iniciativa de fundar una Academia de Policía, no debe verse fuera del contexto que impera en el mundo, después de los atentados del 11 de setiembre en Estados Unidos. Luego de estos hechos, la lucha contra el terrorismo se convirtió en el lema de la presidencia de Bush y EE.UU. aumentó su presencia militar en el mundo en un 20%: desplegó casi 300.000 soldados en más de 140 países como parte de la operación «Libertad Duradera» y anunció la creación de un «megaministerio» de seguridad con 170 mil  empleados y $37.000 millones de presupuesto.
Además, desde hace dos años EE.UU. aplica el Plan Colombia que, de acuerdo con el Departamento de Estado, es un operativo militar para combatir el narcotráfico y promover el proceso de paz en Colombia y que tiene un costo de $7.5 billones.
Toda esta política sustituyó a la doctrina de seguridad nacional del pasado, que pretendía combatir la supuesta amenaza comunista desde las bases militares instaladas en Honduras, por ejemplo, que durante los años 80 sirvieron a los contras del gobierno de Ronald Reagan, para la intervención estadounidense contra Nicaragua y El Salvador; o la Escuela de las Américas, que funcionó en Panamá de 1946 a 1984 .
Por allí pasaron más de 60.000 militares y policías de América Latina, responsables en su mayoría de innumerables torturas, extorsiones y ejecuciones. José Merino recordó que «Por ahí pasaron Noriega, Banzer, los que derrocaron a Allende y mataron a monseñor Romero, torturadores y asesinos.»
El centro fue trasladado a Fort Benning, en Georgia, hasta que el Senado estadounidense le cambió de nombre. «Para exorcizar el templo de víctimas y de verdugos, se le puso entonces el piadoso nombre de Instituto de Cooperación en la Seguridad del Hemisferio Occidental», expresó.
De ahí que surja ahora el temor de que la Academia en Costa Rica pueda convertirse en una sucursal modificada de lo que fue la Escuela de las Américas. Algunos advierten sobre cuál sería la relación directa entre el establecimiento de esa Academia y el Plan Colombia, aunque el Ministro de Seguridad Rogelio Ramos aseguró que no existe relación entre ambos. Sin embargo, en esta guerra contra el  terrorismo, las fronteras entre lo militar y lo policial, han desaparecido.

DELGADA LÍNEA

«Hay países donde las fuerzas armadas tienen funciones policiales, por esa razón no podemos decir que no habrá militares, tenemos a Colombia, México, República Dominicana y Perú. No obstante, cualquier militar que vaya a participar debe tener como requisito un portafolio oficial que garantice su función policial», explicó el estadounidense Vance Stacy.
De esta manera la delgada línea entre lo militar y lo policial alimenta dudas, aunque no en el diputado Federico Malavassi, quien indicó sobre este tema: «Lo vemos de lo más apropiado, una cosa es la policía y otra el ejército. No hay que confundir lo militar con lo policial. Sería bueno si logramos internacionalizar la capacitación de la policía con técnicas como las de Scotland Yard, de Inglaterra, o del FBI.»
Carazo y Malavassi coinciden en que se ha cometido el error de recibir asesoría militar de otros países para adiestrar a la policía, en la necesidad de capacitarla, y en que la policía nacional es más militar que la de otros países.
«Hemos cometido el error de abordar los problemas de seguridad nacional con la policía, porque no hay gente especializada que analice los peligros de varios tratados. La seguridad nacional debe tratarse de forma inteligente. La policía de Estados Unidos tiene mayor tradición civilista que la tica», expresó Malavassi.
Carazo resaltó que en el convenio no queda claro si es una academia policial o una militar.

DESCONFIANZA CIUDADANA

El papel de las fuerzas policiales, su situación actual y la corrupción, son otros aspectos que podrían debatirse a la sombra de esta iniciativa.
Según el VII Informe Estado de la Nación el grado de confianza de la ciudadanía en la policía (de 1998 a 2000) fue de -12.7. En 2000 aumentó  el número de policías y se aceleró el proceso de profesionalización de estos; pero de acuerdo con la Encuesta Unimer-La Nación 2000, el índice de satisfacción con la acción de la policía disminuyó de 2.1% en 1999 a -6% en noviembre de 2000. Frente a esto se ha impulsado, por ejemplo, el programa de seguridad comunitaria que son comités de barrio para coordinar la prevención de delitos.
El libro «Justicia en la Calle. Ensayos sobre la Policía en América Latina», editado por
Peter Waldmann, de la fundación Konrad Adenauer, analiza el papel de las fuerzas policiales en las sociedades democráticas. «No se trata sólo de que los policías no contribuyan a evitar de manera efectiva los actos delictivos, sino que en numerosos casos ellos mismos los propician o los cometen», dice.
Un orden jurídico respetado y apoyado por todos, así como un poder judicial independiente son las condiciones propicias y tal vez necesarias para frenar los excesos de violencia y corrupción de la policía, se propone en esa obra.
Mientras tanto, en setiembre los promotores de la academia se reunirán con los representantes de cada país latinoamericano interesado en participar del proyecto.
Para ese momento Costa Rica ya debe haber decidido si alquilará su territorio para fines de entrenamiento de contingentes policiales nacionales y extranjeros.

COMBATE A DELITOS TRANSNACIONALES
Esta sería la quinta Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), que EE.UU. establece en el mundo.
-Objetivo: formar jueces, policías, fiscales y funcionarios aduaneros en delitos transnacionales (narcotráfico, terrorismo, robo de autos, prostitución infantil, lavado de dinero, tráfico de personas, delitos de cuello blanco, financieros y cibernéticos).
-A  la cabeza tendrá un Comité Conjunto (estadounidense-costarricense) de alto nivel y también estará dirigida por un director de programa nombrado y costeado por EE.UU., quien será el superior jerárquico y responsable de operación. Ese país también debe aprobar todos los puestos que financiará con sus recursos.
-Costa Rica será responsable de los costos de mantenimiento, operación y seguridad de las instalaciones. Las partes decidirán de común acuerdo sobre los planos de diseño, construcción, contratación y medidas para supervisar la obra.
Las instalaciones serán propiedad del país y se dedicarán exclusivamente a la Academia durante la vigencia del  acuerdo, salvo que las partes dispongan lo contrario.
-EE.UU. responderá por los costos de los programas ofrecidos; las finanzas serán auditadas por una firma internacional en caso de que lo solicite alguna de las partes; y EE.UU. asignará un administrador financiero durante el tiempo que consideren necesario.
-Costa Rica asegurará que los bienes y servicios importados para construir y operar las instalaciones, estén libres de derechos de aduana e impuestos de importación.
Con respecto a los privilegios e inmunidades para el personal de la academia, un instructor  o estudiante no costarricense estará exento de cualquier impuesto relacionado con el alquiler de una residencia para uso personal, y de cualquier obligación para obtener permisos laborales o el pago de contribuciones de seguro social.
Fuente: Acuerdo entre los Gobiernos de EE.UU. y Costa Rica sobre una Academia Internacional para el cumplimiento de la ley.
FUERZAS EN EL BOSQUE
La idea ligada a la Academia de Policía, de que las fuerzas armadas protejan el medio ambiente, no es nueva, y tomó más cuerpo durante una actividad en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), realizada a fines de junio.
Más de 40 representantes de Centroamérica y EE.UU. se reunieron para la apertura del Programa Centroamericano de Defensa Ambiental en el Corredor Biológico Mesoamericano, iniciativa para fortalecer la capacidad de militares en temas agrícolas, forestales y ambientales.
Allí el Ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, indicó que su cartera integrará una oficina para coordinar las iniciativas permanentes de la policía costarricense en protección ambiental.
El programa formaliza la relación entre el  CATIE y las academias militares centroamericanas, para institucionalizar la capacitación e incluirla en el plan de estudios de dichas fuerzas armadas. Así se espera capacitar a cerca de 170.000 militares y policías de Centroamérica.
En el istmo las fuerzas armadas ya tienen mandatos legales para ocuparse del tema ambiental en el Tratado Marco de Seguridad Democrática y en la Alianza para el Desarrollo Sostenible. El inicio de este programa permitiría poner en práctica estos nuevos papeles que les asigna la ley, señaló Carlos Manuel Rodríguez, Ministro de Ambiente, en un comunicado sobre el encuentro.
Edgar Gutiérrez Espeleta, director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica criticó que con una aspiración tan costarricense como la negación absoluta al ejército y a los militares se apoye aquí una actividad «tan nefasta como la de encontrarle una nueva función a estos cuerpos». «En Centroamérica, los militares norteamericanos se hacen amigos de la protección del ambiente natural, mientras que en los Andes estos son amigos de los cuerpos antidrogas. ¿Serán estos cuerpos realmente amigos o existirán otras agendas ocultas?», manifestó en un correo electrónico.
Dicho sea de paso, la protección ambiental se menciona como una de las principales tareas de la Academia Internacional de Policía, aún cuando el país que impulsa la creación del centro, sea criticado en el ámbito internacional por frustrar  las esperanzas de llegar a un acuerdo para combatir el calentamiento global. EE.UU se niega a instrumentar el Protocolo de Kyoto, tratado internacional sobre cambio climático, y su principal objeción es que el acuerdo se centra en las emisiones de los países industrializados y no busca limitar, en la primera etapa, la contaminación en las regiones en vías de desarrollo. Sostiene que pronto la India y China los superarán en su nivel de emisiones.
El director para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Ricardo Sánchez, señaló que la negativa del gobierno de George W. Bush a ratificar el Protocolo de Kyoto significa un gran retroceso, mientras se prepara la segunda Cumbre de la Tierra, que se celebrará en Johannesburgo, Sudáfrica, en septiembre de este año.