Los costarricenses adoptan con mayor frecuencia el recurso de bloquear vías públicas para reclamar sus derechos y la lucha contra la revisión técnica de vehículos no ha sido la excepción. Es así como el «aroma» del gas lacrimógeno se ha vuelto  casi cotidiano.
En el sector de Pavas, al oeste de San José, tuvieron lugar fuertes enfrentamientos entre policías y manifestantes.
Chorros generosos de gases lacrimógenos repartió la fuerza policial contra las personas que realizaron bloqueos en distintos puntos del país, en protesta por el inicio de  la revisión técnica de vehículos, a cargo de la empresa española Riteve SyC, que operará como un monopolio.
Las gases lacrimógenos -a diferencia de cuando ocurrieron hace dos años los enfrentamientos por la aprobación del proyecto de ley llamado «combo del ICE»- sí dieron abasto en esta ocasión, ya que había suficientes en las bodegas del Ministerio de Seguridad y las nubes de esta irritante sustancia ayudaron a despejar los bloqueos.
Desde la lucha que escenificaron los grupos sociales contra el combo, muchos ciudadanos parecieran haber desarrollado cierta afición por los bloqueos y los gases lacrimógenos, como recurso de protesta por acciones gubernamentales que no comparten.
El politólogo y docente de la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Madrigal Montealegre, atribuye a una especie de «catarsis colectiva», esta creciente actitud.
En este sentido, los enfrentamientos con los arroceros están aún frescos en la memoria, al igual que el «aroma» de los gases que les lanzaron.
Los bloqueos se han convertido para los grupos sociales, en el mejor recurso para protestar contra las decisiones que toman inconsultamente las autoridades gubernamentales de turno.

No es casualidad que en las postrimerías de la anterior administración, el entonces mandatario Miguel Angel Rodríguez logró que la Asamblea Legislativa aprobara modificaciones al Código Penal, las cuales cambiaron la figura legal a los bloqueos de vías públicas: de simples contravenciones pasaron a castigarse con cárcel. Antes solo se imponía multas a los protestantes.
Justo ahora el ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, anunció que pedirá al Ministerio Público su colaboración, para procesar a los detenidos en los enfrentamientos de esta semana, dentro de lo que establece esa normativa. Es entonces muy probable que estas personas descontarán entre 10 y 30 días de  cárcel, o más, si se les atribuyen otros delitos.

EXCLUSIÓN SOCIAL

Para el politólogo y exdiputado José Merino, los bloqueos para protestar por la revisión técnica de vehículos no son un síntoma de descomposición social, sino más bien una muestra de la falta real de diálogo, que se ofrece desde el poder pero no se ejecuta.
En su opinión, la utilización de este recurso se da como reacción a la inexistencia de vías institucionales, que permitan hacerle frente a los conflictos. El ciudadano se siente excluido de la participación política y ve reducido este ejercicio a emitir un voto cada cuatro años.
Este parecer es compartido por el politólogo Madrigal Montealegre, para quien los costarricenses después de la lucha contra el combo se dieron cuenta de que dejaron de ser parte de un rebaño «y le han tomado el gusto a practicar una especie de participación política, que se manifiesta en este caso tirándose a la calle y sumándose a la anarquía, al caos».
En este caso, asegura que el actual gobierno no es el culpable de lo actuado con la revisión técnica, sino la administración anterior, y que hace lo correcto para mitigar los problemas.
«Entregar un servicio como la revisión técnica, mediante un contrato monopólico, y que esos miles de millones se vayan del país, causa indignación», comentó.
Según Madrigal, más que motivaciones políticas, las razones de los bloqueos son de tipo económicas y sociales, como el aumento de la pobreza y las limitaciones salariales. «Cualquiera de estos factores sirven como pretexto para expresar el descontento», acotó.
Cabe recordar, que la firma del contrato con Riteve SyC se realizó en el gobierno pasado, y de no pagar nada por la revisión, los dueños de vehículos ahora deben desembolsar cerca de ¢10.000 en promedio.
Dicha contratación se enmarca dentro de la tendencia privatizadora que ha caracterizado a las últimas administraciones, las cuales han despreciado la voluntad ciudadana que rechaza esas políticas neoliberales.
Dentro de prácticas por desmantelar el Estado y engancharse a la globalización, en los últimos 20 años, destacan la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural, el desmembramiento del aparato productivo agrícola, la cogeneración eléctrica privada, la apertura comercial, y los  intentos por vender al sector privado activos estatales.
La «gota que derramó el vaso» la puso el gobierno anterior de Miguel Angel Rodríguez, cuando en contra de la voluntad popular impulsó la aprobación del combo del ICE en la Asamblea Legislativa. El respaldo legislativo en una primera votación, desató la más grande revuelta social de las últimas décadas y tras dos semanas de paralización del país, el gobierno debió desistir de ese plan.
A pesar de su reciente penalización, los bloqueos se han constituido en el arma principal de cualquier grupo insatisfecho con decisiones del gobierno. Recientemente los utilizaron taxistas, arroceros, colegiales y grupos comunales.
Un criterio distinto a Merino  y Madrigal tiene el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Carlos Sojo, quien no percibió  los bloqueos contra la revisión con el trasfondo político que contenía la lucha contra el combo del ICE y más bien lo ve con un origen más focalizado.
De acuerdo con el sociólogo, los bloqueos son hechos aislados y no tienen un efecto acumulador como sí lo tuvo la crisis generada por la aprobación del combo. «No se puede decir que haya un clima generalizado de descontento social», puntualizó.
Por otro lado, el exdiputado Merino afirmó que las instancias políticas del país se han despojado de su responsabilidad como entes que representación de los ciudadanos y han pasado a ser agencias corporativas de intereses extrapolíticos.
«Cuando consideran que un contrato con una empresa extranjera está por encima de la deliberación democrática de los ciudadanos, obviamente están perdiendo parte de su razón de ser en un régimen democrático», cuestionó.
Criticó además «el intento de criminalizar la protesta social», con la legislación «represiva» que castiga con cárcel la obstrucción de vías públicas.