Una serie de demandas fueron presentadas por el Sindicato de Empleados de la Universidad (SINDEU) contra la UCR por supuesta violación de los derechos laborales establecidos en la convención colectiva.
Para el Sindicato de Empleados de la Universidad (SINDEU), la UCR ha violentado una serie de derechos laborales que establece la convención colectiva.
«Presentamos una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque en la UCR se cometen violaciones a la convención colectiva, irrespetando los derechos sindicales «, confirmó Minor Solís, Secretario General del SINDEU.
Según Solís, la UCR le ha mentido a las autoridades de gobierno sobre asuntos que están en discusión y  además hace caso omiso de los fallos del Ministerio de Trabajo, propiamente de la Dirección de Inspección de Trabajo que ha condenado a la Universidad por violaciones a la convención colectiva.
Sobre esta última, Solís explicó que fue prorrogada por tres años, ya que no hubo por parte de las autoridades universitarias una denuncia sobre algún artículo o interés por renegociarla; en este caso, el Código de Trabajo establece la prórroga.
Sobre las supuestas violaciones, Solís dijo que » un dirigente que fue despedido sin responsabilidad patronal, a pesar de que la UCR le mintió al Ministerio de Trabajo diciendo que el asunto estaba solucionado, lo cual no es cierto».

Agregó  que «también se han violado violando las normas de salud ocupacional, la entrega de uniformes y se ha irrespetado el artículo 6 de la convención sobre reajuste salarial, lo cual ha generado una pérdida en el valor del salario».
Sobre este caso informó que hay dos demandas contra la UCR en los tribunales y se presentará otra, una vez que se agote la vía administrativa, por un reajuste salarial del 2% en 2000.
«Estos hechos se dan por mala fe de la administración y desconocimiento de las normas de la convención que ellos mismos pactaron», señaló el dirigente.

PACTO FISCAL

Por otro lado, estimó como «un retroceso de los derechos laborales y en detrimento del nivel de vida de la clase trabajadora», el criterio de los exministros de Hacienda en el pacto fiscal sobre la regulación de las convenciones colectivas.
Según la Comisión de exministros, las convenciones colectivas son excesivas, innecesarias y  deben regularse.
Para Solís los criterios de los exministros son una imposición de los organismos financieros internacionales que le indican al gobierno lo que debe hacer.  Con esto se abre la discusión sobre privatización de activos del Estado, la municipalización y otras medidas.
«Cabe recordar que las convenciones colectivas tienen un rango constitucional según el artículo 62 de la Constitución Política, lo cual permite a los trabajadores ampliar los derechos laborales por medio de estos convenios», argumentó el sindicalista.
«Lo que no le han dicho al país es que el 70% de los ingresos que se pretende generar con el paquete fiscal, recae sobre las espadas de los trabajadores asalariados de más bajos recursos», añadió.
Sobre los cuestionamientos a las convenciones colectivas del Instituto Nacional de Seguros (INS), Solís dijo que respetaba las  condiciones bajo las cuales se negociaron ya que la ley así lo permite.
«Si fueron excesivas o no, son otros entes los que deben determinar eso», explicó.
En su criterio esto también es parte de una campaña de dar información falsa a la opinión pública sobre supuestos beneficios excesivos en algunas instituciones.
Sobre el futuro de este tipo de convenios, expresó que hay convenciones colectivas que mantienen su vigencia porque están protegidas por un ámbito constitucional.
» Existen dos convenios de OIT que tienen más de ocho años de estar en la Asamblea Legislativa y deben ser ratificados. Esto le dará el marco jurídico que necesitan las convenciones», reiteró.
Además, » hubo un fallo de la Sala Constitucional  donde se señaló que no son  inconstitucionales, lo cual abre un portillo para que en otros sectores públicos puedan firmarse convenciones «.

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Según Minor Solís, Secretario General del SINDEU, el Ministerio de Trabajo presentará una demanda contra la UCR por irrespetar la convención colectiva.