Igual que hace dos años con el tema del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las discusiones sobre las alternativas para enfrentar la crisis fiscal, se centran en la Asamblea Legislativa.
La creación de una comisión mixta legislativa que analizará el tema fiscal sienta en una misma mesa a legisladores, economistas y representantes de los sectores productivos para buscar soluciones a un problema que se agudiza cada vez más.
Las estimaciones de los exministros de Hacienda indicaban en abril pasado que el déficit fiscal podría llegar al 3,9% del Producto Interno Bruto y que la deuda del gobierno con las instituciones estatales ascendía en diciembre pasado a ¢2.087.426 millones.
Din embargo, las estimaciones del Ministerio de Hacienda en julio pasado indicaban que el déficit al finalizar este año será equivalente al 4,7% del PIB, unos ¢282.200 millones(el más alto desde 1994).
De mantenerse la actual situación, el déficit fiscal podría alcanzar el 6% del PIB en 2006 y en ese mismo año los intereses que deberá pagar el país por la deuda contraída a lo interno y con  organismos financieros internacionales, representará el 62% de todos los ingresos por tributos que se cobren en ese año.
Es en la Asamblea Legislativa donde las propuestas para solucionar este problema tendrán o no eco según el ánimo de los legisladores, quienes tienen en este momento la oportunidad de aprobar propuestas cuyos efectos trasciendan el aumento de los impuestos y el recorte del gasto estatal.
Así lo revela la conformación de una comisión especial mixta el pasado 5 de agosto donde participan 7 diputados, dos dirigentes sindicales, un cooperativista, un representante de los sectores campesinos, una empresaria y un solidarista, quienes analizarán la situación fiscal por al menos seis meses.

Esta instancia no es la única que emitirá criterio sobre la seria crisis fiscal, también lo hará otra integrada por Casa Presidencial que analizará el endeudamiento estatal que fue juramentada el mismo 5 de agosto por el presidente de la República Abel Pacheco.
Con el envío de proyectos de ley que pretenden reformas a la ley de aduanas, reestructuración de la deuda pública y regulación de los derechos de salida del territorio nacional, el gobierno pretende hacer frente a los ¢275 mil millones que requiere para financiar el gasto de este año.
Sin embargo, las fracciones legislativas han mostrado su oposición a estas iniciativas.
Aunque inicialmente el Partido Acción Ciudadana (PAC) mostró su anuencia a la creación temporal de impuestos, el diputado Rodrigo Alberto Carazo consideró que la propuesta del gobierno es el disfraz de un paquete de tributos.
Por su parte el Partido Liberación Nacional rechazó la creación de nuevos tributos y anunció que no apoyará los textos presentados por el Poder Ejecutivo.
El Movimiento Libertario también se opone, pero no porque le interese el costo que los nuevos impuestos significarán para los más pobres, sino porque los proyectos se quedan a mitad del camino y no resuelven el problema global, tal como lo afirmó a la prensa su vocero, Federico Malavassi.

NOTABLES CONTRA EL GASTO

Por su parte, la comisión de notables propondrá medidas para evitar gastos innecesarios en el gobierno.
Compuesta por Oscar Barahona, Silena Alvarado, Eugenio Rodríguez, Alberto Cañas, Julio Suñol, Guido Miranda, Otto Guevara, Rodolfo Silva y Mario Carazo, esta instancia investigará los casos de corrupción, defraudación o cualquier anomalía que se le plantee.
Las primeras acciones se centrarán en controlar el gasto en instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad
Esta comisión, según el Presidente de la República Abel Pacheco, ayudará a disminuir los gastos innecesarios pero no hará «cacería de brujas» como algunos funcionarios públicos han calificado las investigaciones que el gobierno ha realizado en relación con los gastos en instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social y dependencias del sector vivienda, entre otras.

UNA PROPUESTA INTEGRAL

La comisión mixta legislativa que se reunió por primera vez el jueves 8, pretende analizar el tema fiscal de manera más profunda y podría proponer no solo reformas fiscales sino la creación de un nuevo pacto social que permita orientar el desarrollo del país por nuevos rumbos.
Además deberá pronunciarse en el término de un mes sobre las propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo ante los diputados y contará con un año para elaborar una propuesta a mediano y largo plazo que permita solucionar el grave problema fiscal.
Así lo consideró Albino Vargas, Secretario General de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) miembro de la comisión.
Recordó que desde hace más de un año, sindicalistas, representantes del movimiento solidarista y de cooperativas, junto con voceros de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) han planteado la urgencia de un pacto social que vaya más allá de la creación de impuestos.
Fundamentados en principios como ubicar al ser humano en el centro de la actividad económica, promover el bien común, propiciar un desarrollo armónico con el ambiente y los derechos humanos, estas agrupaciones proponen medidas a corto y largo plazo.
Según Vargas debe reducirse la deuda interna y disminuir el gasto público sin sacrificar áreas prioritarias como la educación o la salud.
A mediano plazo, debe buscarse un modelo sostenible de finanzas públicas. Este debe responder a las prioridades nacionales y con vista a una estrategia nacional de desarrollo que ha de discutirse, agregó el líder sindical.
La pregunta: ¿quién debe pagar el costo de ese modelo?, es el centro de las discusiones de la comisión, así como establecer los mecanismos e identificar instituciones que deberán recaudar en forma eficiente y transparente los recursos requeridos para el desarrollo país.
Para los sectores productivos, la inversión de los recursos estatales debe garantizar la movilidad social ascendente, la integración y reducción sistemática de la pobreza.
En relación con el financiamiento a las acciones del Estado, este solo deberá garantizarse a través de ingresos corrientes y solo podrá acudirse al endeudamiento externo o interno de manera temporal y en casos muy justificados.
Por eso, plantearán en el seno de la comisión mecanismos de control que garanticen el control de la deuda estatal.