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No es sólo integración física, sino el desarrollo humano, dijo Alvaro Trejos, comisionado presidencial de Costa Rica para el Plan Puebla-Panamá (PPP), en entrevista con UNIVERSIDAD.
Álvaro Trejos, comisionado presidencial de Costa Rica para el Plan Puebla-Panamá.
Más de un millón de kilómetros cuadrados, unos 64 millones de habitantes, siete países y nueve estados mexicanos conforman el área incluida en el Plan Puebla-Panamá, una iniciativa del presidente mexicano Vicente Fox que despierta inquietudes en la región.
No se trata solo de integración física, dijo el representante del gobierno costarricense en esa iniciativa, el exdiputado Alvaro Trejos, al insistir en la importancia de los aspectos de desarrollo humano: educación, salud, impulso a lo rural y gestión ambiental.
«Muchas críticas al plan se deben a desconocimiento», aseguró. Se ha insistido en la parte física del proyecto -telecomunicaciones, energía y carreteras- y poco en la parte humana. El PPP es una iniciativa de integración, se quiere dar énfasis no solo a la obra física, sino también a lo social, desarrollar el capital humano en la región, agregó. Y, además, facilitar el intercambio comercial mediante la modernización de los pasos fronterizos y la normalización de normas fitosanitarias y zoosanitarias.
El desarrollo humano tiene una serie de facetas, dijo Trejos. Es, en realidad, una de las iniciativas del proyecto, a cargo de México, e incluye programas en las áreas de educación y salud, así como un proyecto de manejo integrado de ecosistemas por comunidades indígenas.
En materia de educación, preocupa los bajos niveles de escolaridad y las altas tasas de deserción. Se pretende asegurar educación primaria para todos y capacitación laboral para los jóvenes que no pudieron ir a la escuela.
El programa de salud parece menos perfilado y, por ahora se tiene previsto la firma de un memorando de entendimiento entre los ministros del área sobre el avance del sida en poblaciones móviles.
A esto se suman proyectos de gestión ambiental, que serán coordinados por Nicaragua. En todo esto se incluye un programa de reactivación del sector agroalimentario y de desarrollo de la economía rural, que permita el acceso de los pobres a activos como tierra y agua, y al crédito.
TEMORES
Pese a estas propuestas, el PPP se enfrenta a la desconfianza de algunos sectores y al rechazo enérgico de otros.
Es que -le recordamos a Trejos- en el marco de las políticas económicas imperantes en México y en el resto de Centroamérica, el modelo genera grandes desconfianzas. Veinte años de reformas, apertura y liberalización no han mejorado el nivel de vida de las mayorías y, por el contrario, han ensanchado la brecha social. Existe desconfianza de que el PPP no sea más que un instrumento para extender hacia el sur de México el modelo fuertemente implantado en el norte, donde las consecuencias del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá son más evidentes y graves, para amplios sectores de la economía.
Ante esas inquietudes, expresadas en reuniones llevadas a cabo recientemente en Chiapas y en Managua, hay quienes rechazan de plano el PPP.
Sin embargo, la propuesta de integración no puede dejar de llamar la atención y, además del aspecto social, contempla un vasto proyecto de integración física de la región.
DESAFÍOS
Los magros resultados del crecimiento económico en años recientes en la región son reconocidos en el documento «Los desafíos de Mesoamérica y el PPP», preparado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
«Hasta la década de los 70, la región centroamericana se caracterizaba por un crecimiento estable; en promedio el PIB creció al
6 % y una tasa del 2.7 % del PIB per cápita», señala. Después el crecimiento cayó, lo que se atribuye a los conflictos en la región, para recuperarse ligeramente en los 90, sin alcanzar nunca los niveles anteriores, pese al entusiasmo con que se promovió el nuevo modelo de apertura y atracción de inversiones extranjeras.
«El problema más crítico de la región es la pobreza. Los indicadores sociales señalan inequidad en el acceso a los servicios de salud y saneamiento, un alto grado de analfabetismo y bajos años de escolaridad», añade el BID.
Ahora se propone un proyecto millonario de inversiones en tres áreas: vial, telecomunicaciones y energía.
La iniciativa de integración vial está a cargo de Costa Rica y contempla un corredor por el Pacífico que una la ciudad de Puebla con la de Panamá. En el caso de Costa Rica, afirmó Trejos, se trata de la Interamericana norte, que sería reconstruida, y la costanera, hacia el sur, lo que evitaría desviar todo el tránsito hacia el Valle Central, como ocurre en la actualidad. Se uniría también Quepos con Barú, en Panamá, para completar todo el tramo.
La participación de Costa Rica en esta iniciativa le permitiría tener acceso a créditos favorables, a 25 años plazo, con cinco de gracia y a bajos intereses, como en el pasado, cuando los organismos financieros internacionales financiaban este tipo de obras. Trejos aseguró que esa carretera será construida por el Estado. Sin embargo, otras vías en regiones del Atlántico, entre México y el norte de Centroamérica, así como ramales y conexiones regionales, como San José-San Ramón y San José-Caldera, serían licitadas y entregadas al sector privado.
Se calcula que el proyecto tendría un costo de unos tres mil millones de dólares, un tercio en manos del sector privado, dijo Trejos.
En materia de telecomunicaciones, área a cargo de El Salvador, el país más comprometido con el modelo de privatizaciones en la región, el objetivo es crear una autopista mesoamericana de información, una infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha.
Por eso la preocupación evidente es hasta dónde esta iniciativa no se transformará en nuevas presiones para la apertura del sector.
Trejos aseguró que por Costa Rica la institución que participa es el ICE. «Aquí no está contemplada la creación de una empresa supranacional, como en el sector de energía», añadió.
En cuanto al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), cuyo país responsable es Guatemala, se pretende, por un lado, crear un mercado eléctrico regional y, por otro, construir la línea SIEPAC.
«Son $340 millones para la creación de un mercado energético; cada país puso su capital, y una empresa española, Endesa, la otra parte», explicó Trejos. Se pretende atraer inversión privada para la generación de energía, cuyas necesidades se estiman en unos $700 millones anuales.
Trejos aseguró que el ICE saldrá fortalecido de estas iniciativas, pues podrá vender sus excedentes a los demás países, pero no parece aún del todo clara la participación de esa empresa multinacional en el mercado energético de la región.
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