Un profesional en contaduría asumió en forma transitoria la gerencia de la Junta de Ahorro y Préstamo. El Sindicato rechaza cualquier intento de privatización de esa entidad, en tanto el rector  rechazó el pago de comisiones «indebidas» en el Alma Máter
La Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica (JAFAP) designó a Marvin Sanabria Sánchez, gerente interino  en sustitución de Luis Carlos Delgado Murillo, quien renunció  el  13 de agosto.
El gerente en funciones es profesional en Contaduría y fue designado por los miembros de la Junta, Gabriel Macaya Trejos ( presidente), William Brenes Gómez, Gerardo Corrales Guevara (secretario), Ronald García Soto y José Luis Tijerino Sancho, «mientras se realiza el trámite de elección para el nuevo gerente».
A esta sesión, realizada el 14 de agosto, asistieron además el auditor interno del Fondo, Jorge Bustos Vargas, así como el abogado del bufete Baudrit, Diego Baudrit Carrillo, según documentos oficiales.
UNIVERSIDAD trató de conocer los planes del nuevo jerarca de la Junta, pero Xinia Morales, funcionaria de esa entidad pública, dijo que él se encontraba en una reunión.
Como se recuerda, Delgado Murillo renunció a su cargo tras «un documento que fue presentado por un particular el cual involucraba a dos funcionarios de la JAFAP», según consignó el secretario de esa dependencia universitaria, Corrales Guevara. Acompañó a Delgado Murillo en su renuncia el  responsable de servicios y productos financieros, Harold Coronado.
El documento al que hace alusión Corrales Guevara tiene relación con un acta notarial en donde un comercializador de seguros afirma haber entregado cinco billetes de ¢10 mil con la serie debidamente marcadas. El rector Macaya Trejos da total validez a esta acta.
Delgado Murillo y Coronado hacen ver a las autoridades universitarias que han sido víctima de una infamia y niegan haber recibido comisión alguna por parte de la comercializadora a cargo del ciudadano Randall Contreras Montes de Oca.
Además de aceptar como válida dicha acta notarial, Macaya Trejos acepta el pago de comisiones en la función pública siempre que sean normadas por ley. En declaraciones escritas a UNIVERSIDAD añadió que los funcionarios pueden recibir bonificaciones regladas o por méritos.
El rector no deja claro si lo sucedido en la Junta es una anomalía y por lo tanto debe conocerla el Ministerio Público al tenor del Código Penal ( ver recuadro).
 
ARDUA LABOR
 
Sin embargo, sea Sanabria Sánchez gerente designado u otro que escojan en concurso público, sin duda alguna soplan vientos de cambio  en la JAFAP, a juzgar por la oposición del SINDEU a «cualquier intento de privatización» según dice un documento,  fechado  15 de abril pasado, donde reclaman mayor precisión en «los fines y objetivos», así como determinar «la naturaleza jurídica» de la Junta.
Hasta hace poco, miembros del Consejo Universitario entendían  que  la naturaleza jurídica de la entidad universitaria era pública, pero eso generó contradicción, por lo que se solicitó un dictamen externo.
Un documento, presentado a la JAFAP como «avances» de un estudio jurídico,  tiene el  membrete del bufete Baudrit,  y está rubricado por los abogados Baudrit Carrillo, José Leonardo Céspedes R, Luis Baudrit Carrillo y Rolando Vega Robert, este último director de la Oficina Jurídica de la UCR.
Este Semanario quiso conocer el criterio de Vega Robert el pasado 3 de setiembre en torno al costo de este estudio y la  aparición de su nombre ligado con un bufete privado, pero «se encontraba fuera del país», según dijo el abogado de la asesoría universitaria, Francis Mora.
«Tengo entendido que por ese estudio cobraron cerca de ¢ 4.000.000. Pedí a la Junta la cotización de lo que pagaron a estos profesionales, pero no me la mandaron», sostuvo el Secretario General del Sindicato de Empleados de la UCR (SINDEU), Mainor Solís, al ser consultado si sabía cuánto costó a los trabajadores el dictamen.
El dirigente sindical, quien en UNIVERSIDAD 1493 aseguró que la UCR gastó el año pasado ¢ 1.600 millones en contratación de servicios o asesorías externas, dijo que insistirán en saber cuánto pagaron  por el estudio.
«Parece que las intenciones eran privatizar  la Junta, a lo que nos oponemos rotundamente», concluyó Solís.
RECTOR  REACIO A LLEVAR CASO A TRIBUNALES
El rector de la Universidad de Costa Rica y presidente de la JAFAP, Gabriel Macaya Trejos,  dio esta semana total validez a un acta notarial que derivó en la renuncia de dos altos jerarcas de esa entidad pública y declinó definir si lo sucedido en la Junta de Ahorro y Préstamo será esclarecido por los Tribunales de Justicia.
Macaya Trejos, en respuesta a un cuestionario enviado el pasado 19 de agosto, omite referirse además a la designación del gerente interino, negó apoyo al pago o cobro «indebido» de comisiones y defendió las bonificaciones de ley recibidas por funcionarios universitarios. Consideró  que estas  no son negativas «per se».
El rector  brindó sus respuestas por escrito  el pasado lunes 2 de setiembre con el ruego expreso de respetar las preguntas y sus respuestas. Se  transcriben en forma textual.


¿Tiene el señor rector candidatos para suplir los cargos dejados desde el 13 de agosto por los señores Delgado y Coronado?. En caso que los tuviera: ¿Quiénes son?. ¿De qué institución provienen?

-Vale la pena la oportunidad (sic) para aclararle al periodista su evidente desconocimiento del proceso de selección de gerente de la JAFAP. Tal y como se hizo la vez anterior, se abrirá un concurso público para que quienes estén interesados presenten sus atestado (sic) a consideración de la Junta Directiva de la JAFAP quien es la que elige. Dado este sistema de selección y como es fácil comprender, el rector no tiene candidatos sino hasta que se presenten los nombres de quienes se postulan.

Como presidente de la Junta de Ahorro y Préstamos ¿justifica el cobro o pago de comisiones por parte de un ente público?

-Si la pregunta, que está redactada en términos bastantes ambiguos y con lo que parece ser una visión simplista y maniquea de la realidad institucional, se refiere al pago o cobro indebido de comisiones, no solo como presidente de la Junta Directiva de la JAFAP, sino como funcionario público estoy absoluta e inequívocamente en contra de semejante prácticas. Pero existen otras situaciones, incluso normadas por ley, en que el pago de comisiones, por ejemplo por servicios de índole financiero como son las comisiones por recaudaciones, es común. Así que la respuesta no es tan sencilla, salvo que se tenga una visión igualmente sencilla y parcial de la realidad.

¿Y como rector de la Universidad justifica que los funcionarios paguen o reciban comisiones u otro tipo de bonificaciones por sus funciones?

-La respuesta a esta pregunta es tan obvia que resulta en cierto modo ofensivo que se haga la pregunta en primer lugar. Pero valga la pena una aclaración. Los funcionarios pueden recibir – y reciben -, bonificaciones por sus funciones. Bonificaciones por supuesto que están normadas y que se otorgan por mérito académico, dedicación o esfuerzo extraordinario. Esta es una aclaración válida porque cuando se pregunta de esta manera se deja la impresión que la bonificación es negativa per se, cuando en realidad cientos de funcionarios y funcionarias universitarias reciben bonificaciones legales y transparentes.
Obviamente la pregunta se refiere a pagos de comisiones o bonificaciones irregulares. Y obviamente la respuesta es que este tipo de pagos es inaceptable.

En vista que el Código Penal prohíbe recibir beneficios derivados de la función pública por la que se recibe un salario, ¿ha pensado el señor rector acudir a la Fiscalía a hacer cumplir la ley en caso que hubieran estas anomalías?

-Nuevamente, la pregunta tiene una respuesta obvia. Siempre que se encuentren anomalías que así lo requieran, se acudirá a las instancias judiciales correspondientes.

¿Cómo hará la Junta de Ahorro y Préstamo para desvirtuar la fe notarial contemplada en el acta levantada en la comercializadora de Seguros, en presencia del señor Coronado?

-Esta pregunta asume que la JAFAP está interesada en «desvirtuar la fe notarial», quién sabe por cual razón. Pero, aparte de ser un presunción desafortunada, la realidad es que no existe ningún interés en la Junta de hacer una cosa como la que tan originalmente sugiere la pregunta, Lo cierto es que las decisiones que se adoptaron alrededor de los hechos suscitados tomó en consideración muchos factores, entre ellos precisamente esta acta notarial.
Finalmente, las decisiones tomadas por la Junta, lo fueron con la participación de todos sus miembros, en forma unánime y contamos, permanentemente con la presencia y consejo del asesor legal y del auditor interno de la Junta.