La ingerencia política en la toma de decisiones de desarrollo institucional y someter al ICE a medidas económicas que le impiden la inversión, son las principales causas de la crisis en el sector eléctrico del país.
Así lo considera el Ing. Ricardo Segura, del Sindicato de Ingenieros del ICE, quien aboga por la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo.
Segura explicó que los ingresos del ICE para suplir la electricidad que el país requiere provienen básicamente de las tarifas y los préstamos con bancos de desarrollo y comerciales.
En el sector eléctrico la institución debe sufragar sus costos de operación y mantenimiento, atender el servicio de la deuda y financiar la inversión de los nuevos proyectos que requiere el país.
Sin embargo, este esquema financiero presenta serios problemas. El primero de ellos es la imposición del formato del Fondo Monetario Internacional (FMI). A través de él se establece que los desembolsos provenientes de los créditos no suman como ingresos corrientes, ni se incorporan al saldo de caja de los años anteriores, mientras que los costos de las inversiones si cuentan como egresos. Lo anterior es imposible de balancear ya que es obvio que no es viable financiar la inversión exclusivamente vía tarifas.
A lo anterior se suma el peso creciente del pago por compra de energía a los generadores privados, que obliga al ICE a desembolsar anualmente ¢29.000 millones de colones, aproximadamente un 20% del presupuesto del Sector Energía para el año 2002, y más del 50% con relación al presupuesto de inversión en el área eléctrica, aunque solo representa el 12% de la energía generada. Estos pagos se financiaban mediante el factor térmico, eliminado en el año 1999, pero no así la obligación de pagarle a los generadores, agregó Segura.
Indicó que la razón de endeudamiento del ICE con respecto a sus activos ha disminuido, del 35%, en 1997, a 24% en el 2001. Esta razón es muy baja en comparación con otras empresas de su tipo (que por lo general oscilan entre el 40% y el 70%), lo cual no le ha  permitido aprovechar la amplia capacidad para financiar sus inversiones con créditos.
A lo anterior se suma el manejo político de las tarifas del ICE,  que ha ocasionado un importante rezago. De continuar las dificultades y los entrabamientos para acceder al financiamiento, aumentará la  presión sobre las tarifas para cubrir las inversiones, o de lo contrario estas se afectarán, con el consecuente impacto al desarrollo.

PLAN DE EXPANSIÓN ELÉCTRICO

Segura explicó que el ICE cuenta con plan de expansión para atender el crecimiento de la demanda, mejorar la calidad y cobertura de los servicios eléctricos, en el que se contemplan los proyectos de generación, transmisión y distribución necesarios.
El plan determina que el crecimiento del país requiere que se duplique la capacidad eléctrica nacional cada 10 años. Las inversiones en los sistemas de generación, transmisión y distribución son del orden de $330 millones anuales.
Para los próximos años, el ICE ha contemplado el desarrollo de una serie de proyectos, que prácticamente estarían siendo paralizados debido a la obligación de generar superávit este año..
La demanda eléctrica en el país crece 6% cada año. Por eso el país requiere al 2007 la adición de más de 500 MW, a través del diseño y construcción de nuevas plantas, que requieren varios años para entrar en servicio.

IMPACTOS DE LOS RECORTES

Al referirse a los impactos del superávit, Segura indicó que entre los más importantes está la paralización de proyectos de generación en proceso de ejecución y en estudio: Pirris, Cariblanco, Miravalles V, Borinquen-Las Pailas, Tejona II y  Garabito,  para un total de más de 400 MW de potencia programados que debería entrar en operación en los próximos 6 años.
Con los recortes económicos estipulados se obligaría a sustituir esta energía por generación usando fuentes térmicas más caras o recurriendo a la importación de  energía para disminuir el riesgo de racionamiento, estimó.
Segura indicó que se afectan los enlaces de transmisión de la zona atlántica con lo cual no se utiliza la totalidad de la capacidad instalada en el Centro de Generación de Moín en el verano del 2004. Esto se traducirá en un déficit de energía para suplir la demanda nacional, siendo entonces necesario importar energía y en el peor de los casos aplicar racionamientos,
También se retrasaría la conclusión de obras en la zona de Arenal necesarias para la interconexión de la ampliación del Proyecto Eólico Tejona, que impediría la transmisión de 10 MW en el verano del 2003, equivalente a 15.000 Megavatios-Hora de energía, que deberán ser sustituidos con plantas térmicas.
En general se afectaría la seguridad operativa de la red eléctrica y subestaciones, ya que por la falta de los nuevos enlaces de transmisión, se disminuiría la capacidad de respuesta ante fallas en el sistema, aumentando la probabilidad de apagones nacionales. A manera de referencia debe indicarse que cada apagón nacional tiene una duración de 3 hora y un costo para el país de aproximadamente $10 millones.
Para Segura, el superávit impuesto por el Ministro de Hacienda,  implica el despido de aproximadamente  1.500 trabajadores y afectará a pequeños y medianos contratistas de bienes y servicios que realizaron inversiones para atender los contratos, por lo que se estima que se afectará en total más de 10 mil personas.

SOLUCIONES

Para enfrentar los problemas descritos se requiere buscar una solución integral que contemple el fortalecimiento de la autonomía del ICE y disminución de la
ingerencia política, la simplificación del marco legal que rige a la institución  y sus procesos de contratación administrativa.
Urge la flexibilidad en los esquemas de inversión que no estén sujetos a  las decisiones políticas y a los formatos del FMI y diseñarse un esquema claro y transparente, para el caso de que el país requiera recolectar recursos a través del ICE, sin provocar los grandes sobre-costos que ocasiona el esquema vigente, el que de hecho no plantea soluciones integrales al problema fiscal del país, finalizó el ingeniero.