El caso de la  Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la UCR(JAFAP), no amerita ser llevado a los  tribunales de justicia, afirmó por escrito el Rector de la institución Gabriel Macaya, ante cuestionario que le presente este Semanario.
El Rector Gabriel Macaya afirma que el caso de la Junta de Ahorros no amerita ir al Ministerio Público.
En vista de numerosos temas controversiales que agitan desde semanas atrás la vida universitaria, se intentó entrevistar al rector, pero no lo consintió y sólo admitió responder algunas preguntas por medio del correo electrónico. Estas son sus respuestas.

¿Se justifica  la contratación masiva de asesores en la UCR teniendo la Universidad una cartera tan grande de profesionales, según denunció  Mainor Solís del SINDEU?

-Ni son correctos los números que el señor Solís presenta, ni existe tal contratación masiva de asesores. Afortunadamente, las cifras pueden cotejarse en la liquidación presupuestaria del año pasado, que es el año que el secretario general del SINDEU dice que utiliza.
Es necesario hacer algunas precisiones respecto a estas afirmaciones imprecisas. Primero, la Universidad gastó ¢1.246.2 millones en la partida de «Honorarios, consultorías y servicios contratados». De esa suma, solo ¢261.9 millones (el 21% del total) provienen del presupuesto ordinario (Fondos Corrientes), y son gastados en rubros básicamente de contratación de servicios auxiliares, tales como limpieza, seguridad, desarrollos técnicos, etcétera.
Los ¢984.3 millones restantes corresponden a gastos relacionados a fondos de vínculo externo (fondos restringidos, empresas auxiliares y cursos especiales), de los cuales solo el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAME) gasta un 92.3% del total, cifra que es consistente con las responsabilidades asignadas al Laboratorio y el modelo de trabajo que se aplica en el cumplimiento de esas responsabilidades.
Como puede verse, no solo no son ¢1.600 millones los que se gastan en esta partida, sino que cuando se consideran los números en su contexto real las cifras tienen otro sentido. Este era un simple ejercicio que cualquiera pudo hacer, sobre todo si se pretende hacer afirmaciones como las que se han hecho en este campo.

– ¿Son certeros los datos del Sindicato o en realidad cuántas personas están involucradas en esas asesorías?

-No tengo conocimiento de las cifras que el Sindicato presenta al respecto. Revisando la entrevista al secretario general del SINDEU, publicada por el Semanario en su edición No.1493, y que imagino es la fuente de información para este cuestionario, no encuentro ninguna mención al número de personas que supuestamente están «involucradas en esas asesorías». Por lo tanto, me es imposible responder a esta pregunta. En la Universidad de Costa Rica únicamente se contratan asesorías externas indispensables para la buena marcha de la institución. No existe ni en la Rectoría ni en ninguna otra oficina un «contingente»  de asesores.

-¿Cómo piensa responder ante la OIT sobre las acusaciones de persecución en la Universidad, específicamente el caso del señor Chacón y de Carlos Morales, según afirma el Secretario General del SINDEU?

-De la manera que se ha venido haciendo: argumentando que en ambos casos lo que existió fue un procedimiento administrativo iniciado por causas diversas, al final de los cuales, y con absoluto apego al debido proceso, se tomaron las determinaciones que se consideraron apropiadas.
En este punto es importante hacer una aclaración: el caso de Carlos Morales, de una naturaleza completamente diferente al del señor Chacón, que no ha sido presentado ante la OIT. De todas maneras si así se hiciera, la UCR tal y como actualmente lo hace en la Sala Constitucional, presentará sus argumentos en la seguridad de haber cumplido con lo establecido por reglamentos, leyes y convenios pertinentes.

-¿En qué estado está en el Ministerio Público la denuncia de recibimiento de dádivas en que se ven involucrados dos funcionarios de la Junta de Ahorros?

-Tanto el auditor interno como la asesoría legal de la JAFAP determinaron que inicialmente no existía mérito suficiente como para solicitar la intervención del Ministerio Público en este caso, opinión que fue compartida de manera unánime por la Junta Directiva, conformada por cinco miembros, a saber, el Rector, dos representantes del sector administrativo y dos representantes del sector docente.
Aprovecho la oportunidad para reiterar que el patrimonio de la Junta de Ahorro y Préstamo no sufrió menoscabo alguno, salvaguardado  como está por lo estipulado por la Ley Constitutiva y el Reglamento de la JAFAP.

-¿Entonces, justifica usted el pago de comisiones en la Universidad?

-La respuesta a esta pregunta es tan obvia que resulta en cierto modo ofensivo que se haga la pregunta en primer lugar. En todo caso, es importante mencionar que el pago de comisiones es posible en situaciones normadas por la ley, en que este tipo de pagos, por ejemplo  por servicios de índole financiero como servicios de recaudación, es común y permitido.
Pero asumo que la pregunta no hace este tipo de consideración, pese a ser bastante obvia y necesaria para una mejor comprensión del tema, y que se refiere de manera exclusiva a comisiones pagadas de manera irregular. Y obviamente la respuesta es que ese tipo de pagos es inaceptable.