El plazo dado por Estados Unidos a las autoridades nacionales para que acojan la  Academia Internacional de Policía se agota este mes. Aunque hay  $ 1 millón disponible para la compra del terreno, sigue sin definirse el sitio donde montarán la obra, con privilegios e inmunidades diplomáticas incluidas.
Para instalar la escuela policial internacional de Estados Unidos pensaron en la finca de los maestros pensionados en Desamparados de Alajuela.
«La finca está en venta y cuesta un millón de dólares», destacó esta semana el presidente de la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP), José María Campos Morera, al indicar que no está descartada  la posibilidad de que Desamparados de Alajuela acoja la futura «Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley» de los Estados Unidos.
Campos Morera dijo que en caso de no cuajar  el negocio,  el inmueble se alquilará para la instalación de un centro de atención a lisiados. «El terreno se venderá porque debemos cerca de un millón de dólares a la Junta de Pensiones del Magisterio», precisó.

Este inmueble, con 2. 385 metros de construcción, luce desolado, aunque muy cuidadas todas sus zonas verdes y las cabinas visibles desde la calle fangosa, a unos 400 metros del otro centro de recreo que tiene en la zona el Colegio de Licenciados. Durante una visita realizada por UNIVERSIDAD  a sus instalaciones, un letrero en la entrada del inmueble advertía que estaba en venta y que su ingreso solo era autorizado por el presidente y vicepresidente de la institución.
Un enorme perro mantenía a raya los intrusos del otro lado de una malla metálica, un portón de hierro. Todo denotaba que en el sitio había gente encargada de mantenerlo impecable, pero nadie recibió a los visitantes.
Una carta visible en la entrada, con fecha 19 de junio de 2000, explicaba el buen cuido del inmueble: la finca está en proceso de venta, y «no debe permitirse el ingreso de personas, que engañando, indican que son parte de la empresa que está en negociación».
Campos Morera añadió que la ADEP  debe apoyar la instalación de la academia policial, porque «creemos que si se ha buscado a Costa Rica es por  no tolerar el militarismo, el narcotráfico ni el tráfico de niños».
Abogó por » una salida lógica» al asunto, al interrogarle de  si también compartía la exigencia estadounidense de dejar por fuera de la Corte Internacional Penal a sus militares, para que a futuro  no sean  acusados por violaciones a los derechos humanos en «cumplimiento de la ley», cuando son enviados a intervenir a otros  países.
Esta «salida lógica», argumentó Campos Morera,  también debe buscarse en relación  con los privilegios  para el personal extranjero contemplados en el proyecto firmado por representantes de los gobiernos costarricense y estadounidense.
El plan para instalar en el país la escuela policial  está  rubricado por el Ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, y el embajador estadounidense en San José John J. Danilovich. El presidente Abel Pacheco solo figura como » testigo de honor».
Las dudas entre amplios sectores de la población radica en que cómo es posible que la primera potencia militar mundial dedique ahora esfuerzos para formar agentes policiales civilistas, si en Los Angeles y la Florida, por ejemplo, a diario aparecen negros y latinos muertos o garroteados por estos cumplidores de la ley.
Asimismo cuestionan cómo esta  escuela internacional formará personal idóneo  para hacer cumplir la ley en materia de ambiente y naturaleza, si los Estados Unidos siguen sin rubricar el protocolo de Kioto.
El proyecto, que conocerá la Asamblea Legislativa durante setiembre, bajo amenaza de instalar la academia en otra nación, según Danilovich, prioriza  los intereses de EE.UU. en términos idénticos a otros tratados ya rubricados por la Asamblea Legislativa.
El artículo 5 del proyecto que trascendió a la prensa reserva al  gobierno estadounidense  el nombramiento del Director de Programa, quien será el superior jerárquico de la academia..
Un  director general propuesto en el proyecto queda sujeto al Director de Programas. El cargo de director general será costeado y nombrado por Costa Rica para tareas administrativas. Supervisará además solo al personal costarricense.
El inciso 4 del artículo 5  advierte asimismo  que el gobierno de EE.UU. deberá aprobar finalmente – no es obligación- todos los puestos costeados con recursos financieros de los Estados Unidos, luego  de que el Director de Programas consulte a los integrantes de un Comité Conjunto supeditado a ese  Director .
Las disposiciones  6 y 7 del proyecto firmado por Ramos y Danilovich, regulan la ubicación y cuido de la escuela, así como los costos de los programas. Estos artículos están en relación  con el 14 que contiene variadas reservas de ley  que, en la práctica, son cláusulas a favor de Washington.
El inciso 3 del articulo 6 ordena que Costa Rica será la propietaria de las instalaciones, de los accesorios y del mobiliario de la academia. Pero a renglón  seguido advierte que esto  es «salvo que las Partes dispongan lo contrario».
A la vez el inciso 4 de la norma 14 advierte que si el acuerdo es denunciado por cualquiera de las Partes antes del 30 de setiembre de 2012, en razón de un rompimiento material del acuerdo por la parte incumpliente, esta deberá reembolsar al denunciante » el valor depreciado al momento del rompimiento, de cualquier mobiliario, accesorios y equipo (incluyendo computadora) y vehículos que hayan sido pagados por la parte denunciante y que hayan sido trasladados al territorio» del incumpliente.

ESTADO VRS.  ESTADO

En el inciso 4 de este artículo 6 disponen que las instalaciones de la academia permanecerán dedicadas a lo dispuesto en el convenio, salvo que las partes dispongan lo contrario, de conformidad con » el procedimiento» administrativo establecidas en la disposición cinco. La norma 5 es la que nombra a un norteamericano como  Director de Programas y superior jerárquico de todos los demás.
Asimismo se ordena en el artículo 10 eximir de impuestos y otras cargas a la academia y elevar a rango diplomático de conformidad con la Convención de Viena a los agentes extranjeros enviados a la escuela.
Estos privilegios e inmunidades diplomáticas se amplían en el artículo 12 cuando ordenan a Costa Rica que » cualquier impuesto determinado» por las leyes nacionales no alcanzará al personal extranjero de la academia.
Estarán además exento de impuestos lo relacionado con alquiler de residencia para uso personal u obligación para obtener permisos laborales o «el pago de contribuciones de seguro social».
Este proyecto fue firmado el 6 de junio pasado y tiene previsto que funcione a partir del 1 de octubre, con una duración vigente al 2012.
El 14 de junio – 8 días después de firmado el documento – el presidente estadounidense George W . Bush expresaba a su homólogo costarricense, Abel Pacheco, su interés de establecer una escuela policial internacional en suelo tico.
La asesora nacional en seguridad, Condoleezza Rice fue testigo de excepción de los deseos de Bush durante una reunión que Pacheco mantuvo en la Casa Blanca con la intención de impulsar el Tratado de Libre Comercio  (TLC) con Estados Unidos.
El TLC entre Estados Unidos y el área está previsto como el mecanismo comercial y económico más acabado para terminar con el subdesarrollo en la región.
En esta ocasión  cuando hablaron de libre comercio y desarrollo, el representante de comercio estadounidense, Robert Zoellick condicionó el acuerdo comercial a un » fortalecimiento» de las legislaciones laborales y ambientales en Centroamérica. El ministro de comercio exterior, Alberto Trejos, fue el otro testigo de excepción sobre estas condiciones.
Si bien Pacheco retornó de este viaje por la Unión Americana  con las manos y las maletas presidenciales repletas de promesas, trajo al menos el aviso de que Costa Rica se uniría a Nuevo México, Tailandia, Botsuana y Hungría, donde funcionan una academia policial de este tipo.
Tan en serio fue el aviso de Bush que el 21 de agosto pasado el embajador Danilovich públicamente anunció que si a finales de este año la Asamblea Legislativa no aprobaba este proyecto, la escuela se iría otro país.

DISFRAZ O ESCUELA

Para la Secretaria General de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Rosibel Castro, en el proyecto hay un «disfraz de objetivos», porque lo que verdaderamente se esconde es la realización de los planes Puebla-Panamá, Colombia y el resguardo de la futura Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Puebla-Panamá y el ALCA empiezan a ser tema de discusión entre algunos pensadores  de América Latina. Ambos planes son señalados como dos instrumentos  de  colonización hemisférica, similar a la ocurrida 500 años por  los europeos.
«Siendo Costa Rica un país de trayectoria civilista, no es posible que el gobierno acepte un centro similar a la Escuela de las América que albergó Panamá», destacó la dirigente magisterial.
Castro dijo además a este Semanario que los privilegios e inmunidades que el proyecto crea para personal extranjero, así como las exenciones de impuestos en tiempo de crisis fiscal, son inaceptables para los costarricenses.
Se estima que solo en mantenimiento el país deberá desembolsar cerca de $ 200 millones anuales.
Criterio contrario a Castro expresó en público el Fiscal General de la República, Carlos Arias, al considerar positiva la academia para el cumplimiento de la ley, puesto que ayudará a la preparación del personal judicial en campos como el combate de la delincuencia internacional.
Otros funcionarios judiciales también adelantaron ya criterio a favor de la nueva escuela, puesto que, según ellos, servirá para adiestrar a jueces y personal encargado de enfrentar la delincuencia internacional.
Asimismo en público el legislador  liberacionista José Miguel Corrales destacó «los aportes» de Estados Unidos en estos casos, aunque expresó su «preocupación» por la forma general en que redactaron los objetivos del proyecto.
Otro elemento de carácter jurídico que cuestiona Corrales, es que aprobado el acuerdo diplomático no hay elementos prácticos para que el país ejerza el control político de una escuela dentro de su jurisdicción.
En este sentido el ministro Ramos dio la razón a Corrales el pasado 26 de julio, cuando aseguró que el marco del tratado está definido y que los llamados protocolos de menor rango no podrán modificarse.
«Desde cualquier perspectiva que se vea, siempre y cuando  uno anteponga los intereses de los costarricenses, este proyecto es inaceptable. Es una cuestión de dignidad», aseguró a UNIVERSIDAD  el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas.
Cualquier persona que lea con cuidado el proyecto de escuela internacional, descubrirá que es un disfraz para esconder otros intereses, concluyó Vargas.