La Comisión Mixta para resolver la problemática fiscal del país logra un texto base y se prepara para lo más complejo -e importante- del debate.
¿Será porque no tiene ejército? ¿O porque, debido al tamaño de su economía, su ejemplo no resulta amenazante -todavía-?
Lo cierto es que, no sin antes haber pasado por importantes luchas que lo hicieron posible, el país se está dando el lujo de discutir su futuro en una lógica de participación democrática que hacía rato no se usaba, al menos por estos lares.
Si los parlamentos surgieron en la Edad Media europea, como órganos de control político para evitar que los reyes y príncipes cometieran abusos a la hora de establecer impuestos, eso es precisamente lo que ocurre en la Comisión Mixta legislativa para la reforma fiscal, en la cual participan, al menos, representantes de los sectores laboral, agropecuario y empresarial.
Hasta el momento, y cuando al cierre de edición, finalizaba el plazo para que la comisión llegara a un acuerdo, se había logrado apoyo para un texto base -que todavía debe ser discutido por el Plenario-, el cual daría al Ministerio de Hacienda ¢100 mil millones de los ¢120 mil millones que requirió como parte de un Plan de Contingencia Fiscal.
De ese monto, ¢65 mil millones provendrían de nuevos impuestos, y ¢35 mil millones de la racionalización del gasto y de medidas no tributarias. (Ver desglose en los cuadros 1 y 2).

Como es de conocimiento público, igual que las precedentes, la administración de Abel Pacheco inició una cruzada en pos de equilibrar las finanzas públicas, que presentan un déficit global de ¢275 mil millones.
El Ministerio de Hacienda hubiera querido saldar el 50% de esa cuenta mediante el plan de emergencia, pero encara la resistencia de los sectores sociales y de los partidos de oposición, quienes consideran que, por el contrario, es necesario realizar cambios de fondo en la estructura tributaria, en el gasto y en la recaudación.
Harold Villegas, asesor del PAC, explicó que existen medidas de carácter no impositivo por las cuales el Ministerio de Hacienda también verá aliviada la situación. Un ejemplo es la aprobación de la Ley de Reestructuración de la Deuda Interna, que permitirá saldar ¢35 mil millones, de los cuales, en una negociación polémica que contó con la participación de sus sindicatos, el pasado 30 de setiembre el ICE ya se comprometió a renegociar y condonar ¢5 mil millones.
Otra fuente de ingresos para la hacienda pública provendrá de una ley aprobada sobre los timbres por derechos de salida, que generarán otros ¢2.000 millones.
Por su parte, el economista Juan Manuel Villasuso llamó la atención sobre el hecho de que «se omite analizar las implicaciones beneficiosas que tendrá la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, sobre la hacienda pública, y que reducirá las tasas de interés.» Esta ley fue aprobada el año pasado.
Entre las medidas no impositivas aprobadas en el texto base, destaca una amnistía tributaria que perdonaría los intereses de la deuda, con el propósito de estimular a las empresas y personas morosas a pagar el principal. Se estima que hay aproximadamente ¢22 mil millones en deudas tributarias.
Por el lado del control de los egresos, se aprobó una exhortación al Poder Ejecutivo para regular el monto de los gastos de representación de las jefas y jefes de las instituciones públicas, en una suma igual a lo que perciben mensualmente las y los ministros (¢67 mil) y el congelamiento de aumentos salariales en el 2003 para jerarcas que ganen más de ¢1.5 millones mensuales.
En lo que respecta al incremento del 50% del Impuesto al Ruedo para los vehículos de lujo, el Partido Liberación Nacional propuso que fuesen considerados como tales los vehículos valorados en más de ¢10 millones, pero finalmente prevaleció el parámetro de ¢7 millones.
El texto base también estipula que la situación de emergencia fiscal debe terminar el 31 de diciembre del 2003.
Pero, aún con lo avanzado, al cierre de edición era posible que se prorrogara el plazo de funcionamiento de la Comisión, pues varios puntos todavía generaban roces entre los partidos de oposición.

AHORA, LO TRASCENDENTAL

En cuanto a lo que seguirá en el trabajo de la Comisión Mixta, Villegas recordó que el proyecto de Ley de Ordenamiento Fiscal originalmente presentado por el Partido Unidad Social Cristiana, se dividió en varias propuestas, y que una de ellas, la Ley de Emergencia Fiscal (para ver cómo afecta al agro ver edición 1498), será dictaminada dentro de un mes. «La Comisión Mixta entrará en otra etapa de la discusión», afirmó.
La diputada Margarita Penón, quien junto con su colega Epsy Campbell, impulsó la formación de la Comisión Mixta fiscal, dijo que «lo trascendental va a ser el proceso que se iniciará para entrarle a las reformas estructurales. Creo que Costa Rica es el único país que está en condiciones de lograrlo mediante el diálogo y la negociación.»
Agregó que la Comisión tiene «una responsabilidad histórica, quizás la más importante de los últimos 50 años, que es construir un nuevo pacto social. Su constitución fue un éxito de los sectores sociales.»
La diputada añadió que esto significa «entrarle al tema de la justicia tributaria y combatir la evasión de impuestos, lo cual pasa por definir qué tipo de sociedad queremos en el futuro. Y esto incluye incorporar a la participación pública en este debate.»
Es decir que, si los parlamentos occidentales tienen su base en una antigua asamblea germánica llamada «thing» (que en inglés quiere decir «cosa»), en Costa Rica, es en la Comisión Mixta donde parece estar la cosa.

Pie:
Margarita Penón: «La comisión mixta sobre el tema fiscal tiene una responsabilidad histórica, quizás la más importante de los últimos 50 años: construir un nuevo pacto social».
Medidas con apoyo
Medida propuesta     Monto esperado (en miles de millones de colones)

Sobretasa del 5% al Impuesto sobre la Renta para las personas jurídicas    10.000 millones
Impuesto escalonado a las sociedades anónimas a partir de una base de $200 anuales     19.000 millones
Impuesto de $1.000 a cada mesa de juego y terminal de computadora en centros de apuestas electrónicas   100.000 millones
Amnistía tributaria, condonando los intereses pero pagando el principal de 3.000 a 6.000 millones
Incremento en los aranceles del Registro Público   12.000 millones
Incremento del impuesto a la banca «off shore» (de $125.000 a $300.000 anuales)    Sin cuantificar
Aumento, por una sola vez, del 50% al Impuesto al Ruedo para vehículos de lujo     ¢7.000 millones

Medidas sin apoyo

(propuestas por el Ministerio de Hacienda)

Impuesto de ¢3.000 a los abonados a la TV por cable 6.000 millones
Duplicación del impuesto a los moteles   Sin cuantificar
Incremento del 1% al Impuesto de Ventas     25.000 millones
Impuesto de $100 por uso de teléfono celular     30.000 millones
Impuesto de 5% a las pensiones de lujo con cargo al Presupuesto Nacional  Sin cuantificar