Con una cifra millonaria fue condenada de nuevo la tabacalera Philip Morris por no incluir en su campaña publicitaria la advertencia sobre los efectos nocivos del consumo del cigarrillo.

Las personas que no fuman tienen derecho a demandar un  ambiente libre de humo, puesto que se ven afectadas en su salud.
La suma de $28.000 millones  tendrá que pagar la Philip Morris a Betty Bullock, una mujer de 64 años que padece un cáncer de pulmón por el fumado que inició a los 17 años, quien demandó a la tabacalera por no haber advertido expresamente sobre  los riesgos del tabaquismo y más bien asegurar públicamente que no estaba demostrada la vinculación entre el consumo del  tabaco y el cáncer.
La indemnización  fijada el 4 de octubre  por un tribunal de Los Angeles, Estados Unidos, es nueve veces mayor  a la impuesta el año pasado por la demanda de Richard Boeken que ascendió a  $3.000 millones, cifra que otro juez de California redujo dos meses después a $10 millones (o la reapertura del caso si el demandante decidía rechazarla). El enfermo nunca llegó a recibir el monto, pues murió de cáncer poco después del juicio.
Ambos casos fueron llevados por el abogado Michael Piuze,  con amplia experiencia en el enfrentamiento con las tabacaleras, quien basó  su argumentación  en que la empresa había desplegado  en los años 50 una campaña diseñada para esconder los efectos nocivos del tabaco.

Por su parte, el abogado de la compañía Peter Bleakley, centró su defensa en la decisión voluntaria  de la persona de consumir tabaco, cambiando de esa manera la táctica  anterior de la empresa de defender su comportamiento empresarial amparándose en la falta de legislación que obligara en esa época a informar   sobre los efectos  del producto que comercializaba. «Si ella hubiera dejado de fumar, aunque fuera a comienzos de los años 80, no tendría cáncer de pulmón», dijo Bleakley al inicio del juicio, lo cual fue interpretado por la parte acusadora como un reconocimiento de culpa.
Con la cifra fijada, esta mujer rompió el  récord en el monto alcanzado como  indemnización de una sola persona fumadora, la cual a su vez es considerada la mayor victoria en la historia de la lucha judicial contra el tabaco y significa un duro golpe para la Philip Morris,  pues sus acciones cayeron inmediatamente  en picada  e impulsaron un retroceso significativo en Wall Street, informó el diario El País de España  en su edición del 5 de octubre.
Sin embargo, quedan pendientes aún las apelaciones de la afectada, quien podría acogerse a una sentencia  reciente de la Suprema Corte de California, en la que se establece que las compañías no pueden ser condenadas por pruebas que se basen en su comportamiento  entre 1988 y 1997, por cuanto estaba vigente una ley estatal que  protegía a la industria de su responsabilidad  civil.
Los defensores de estas empresas, que enfrentan múltiples juicios por los efectos nocivos del consumo de tabaco, tratarán de usar esa sentencia  para obligar  a repetir los juicios individuales en los tribunales inferiores.

DEMANDA TRAS DEMANDA

La Philip Morris tiene pendientes varias querellas similares, las cuales son individuales y representan  el tercer frente judicial abierto contra la industria del tabaco en Estados Unidos y otros países del mundo.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), divulgados en e año 2000,  las tabacaleras habían tenido que pagar billones de dólares por demandas legales. Sin embargo, más de 800 reclamos por daños y perjuicios personales ocasionados por el consumo de tabaco, fueron archivados entre 1950 y 1993. Solamente se pudieron  probar  23 casos.
Las tabacaleras  también afrontan reclamos colectivos multimillonarios que les ha propiciado fuertes golpes económicos y de imagen. El primero fue en 1994, cuando medio millón de fumadores de Florida demandaron a las empresas R. J.  Reynodls Tobacco Company, Philip Morris Inc., The American Tobaco Company, Brown and Williamson Tobacco Corp., Liggette Group Inc. y Dosal Tobacco Corp. Anteriormente se habían debatido cinco casos, en los cuales los tribunales estadounidenses concedieron daños, pero tres fueron  revocados posteriormente  y dos en 1999 todavía eran objeto de  apelaciones de parte de las industrias.
Así mismo, han debido enfrentar multimillonarias demandas estatales por la indemnización  de los gastos  médicos  de las miles de personas enfermas por el consumo de tabaco, iniciadas a mediados de los 90, cuando varios bufetes de abogados estadounidenses conformaron una coalición para demandar a las empresas e iniciaron un nuevo frente con los reclamos de varios estados. Ello las obligó a firmar un acuerdo con  los fiscales de 46 estados para evitar nuevas demandas y regulaciones, a cambio de pagarles $206.000 millones como reembolso por  concepto de gastos médicos por enfermedades de la población  ante el consumo de tabaco. Un ejemplo de estas demandas es el fallo por parte de un jurado de Florida que condenó a las cinco principales industrias a pagar $150.000 millones a ese Estado.
Posteriormente, se empezaron a sumar a los reclamos diferentes países; entre ellos Nicaragua, Guatemala y Ucrania en 1998, cuyos casos fueron rechazados en 1999, año en que se sumó Venezuela, demanda que asciende a $200.000 millones. También están Panamá, Bolivia, varios estados de Brasil y la provincia canadiense de Ontario, Canadá.
El gobierno de Costa Rica (administración de José María Figueres) no se sumó al esfuerzo del grupo de abogados estadounidenses que visitaron Centro América en 1997, pese a que entre 1993 y 1998 se gastó un promedio anual de ¢125.000 millones en la atención de enfermedades debidas directa o indirectamente al consumo de tabaco.
En la administración de Miguel Angel Rodríguez (1998-2002), se  redujo en un 70% el presupuesto al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), mientras a la Philip Morris -cuya empresa  en Costa Rica es la Tabacalera Costarricense que distribuye las marcas Derby y Marlboro- se le recibían recursos para financiar proyectos de la Oficina de la Primera Dama.
El año pasado Costa Rica fue designada ganadora  del premio Hombre Malboro por la Red para  la Responsabilidad  de Transnacionales  del Tabaco (NATT, al presentar un texto que beneficiaba a esas transnacionales a costillas de la salud púbica, en Ginebra, donde se negociaba el Convenio Marco para la Lucha Antitabaquista.
En la administración de Abel Pacheco, esta compañía ha donado al Ministerio de Educación Pública los programas para realizar campañas preventivas contra el fumado en las escuelas públicas, los cuales fueron adquiridos en Estados Unidos.
Sin embargo, la actual jerarca del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Dra. Kattia Jiménez, dijo a UNIVERSIDAD que es necesario regular la relación del Estado con las tabacaleras, las cuales deberían aportar un porcentaje de sus ganancias a la prevención  del tabaquismo y al tratamiento  de las enfermedades que ocasiona su consumo.
Según datos del IAFA, en Costa Rica hay cerca de 800.000 personas fumadoras -o sea, casi un 25% de la población-, mientras  diariamente mueren diez habitantes a causa del consumo del tabaco.