Fortalecer  el viejo argumento de las exoneraciones a empresas  para crear empleo, equivale a mantener el injusto sistema tributario nacional, donde las grandes ganancias hay que buscarlas en los bancos off shore. Por el momento, sobra la legislación tributaria, pero no hay  mayores recursos para el cobro de impuestos.
El 10% de los ingresos de los más ricos es 23 veces superior al ingreso del 10% más pobre.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) averiguan solo once casos de evasión fiscal en lo que va del año, mientras la policía de Hacienda tramita 110 expedientes relacionados con delitos fiscales.
Los datos oficiales no tendrían relevancia si no fuera por un proyecto de reforma fiscal que impulsa el gobierno del presidente Abel Pacheco, con el fin de combatir el añejo problema del déficit fiscal.
Como se recuerda el gobierno nombró  el 5 de agosto de 2002 la «Comisión de Control y Ordenamiento del Gasto Público».
El 23 de agosto la comisión fue integrada por el economista Oscar Barahona Streber, quien la preside, Alberto Cañas, Mario Carazo, Otto Guevara, Guido Miranda, Eugenio Rodríguez, Rodolfo Silva, Julio Suñol y la Viceministra de Hacienda (egresos), Silena Alvarado Víquez, quien funge como Secretaria Ejecutiva.
Según el Ministerio de Hacienda el  documento confeccionado por esta comisión  «contempla un análisis del problema fiscal general, las causas del crecimiento desordenado del gasto público, la necesidad de impulsar una profunda reforma constitucional hacendaria, los egresos fiscales, la eficiencia en la recaudación y el combate a la evasión fiscal y la deuda pública, así como la deuda del Banco Central».
Entre las originalidades del documento  estaban la eventual eliminación de las convenciones colectivas y una reforma profunda a la Ley de Servicio Civil que cambia el concepto de inamovilidad de los funcionarios por el de estabilidad, condicionado a criterios de eficiencia y productividad en el sector público.
En concordancia con estas iniciativas fiscales,  salió al paso la exviceministra de Hacienda, Edna Camacho, para replantear la venta de activos del Estado y así enfrentar el faltante en el fisco.
Alrededor del tema del déficit fiscal  no solo giró la integración de la comisión gubernamental encabezada por Barahona Streber, sino además  el hecho de que sindicatos y sectores populares están de cabeza también en la búsqueda de soluciones. Cualquier parecido con el proceso de concertación del expresidente Miguel Angel Rodríguez es mera coincidencia.
La exviceministra Camacho  estimó que dejar al margen el tema de venta de activos y la apertura de mercados  «reduce el número de instrumentos con los que se puede actuar para atacar el déficit fiscal » (El financiero 19 -25 de agosto 2002)
Camacho ocupó el Viceministerio de Hacienda en la administración Rodríguez ( 1998 – 2002) y es la cónyuge del actual ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Javier Chaves.
El titular de Transporte es considerado  uno de los ministros más allegados al presidente Pacheco en materia económica, junto al de Hacienda, Walter Bolaños.

LAS CIFRAS

El bajo número de casos por evasión  fiscal  llevaría a pensar que el país es de las pocas naciones latinoamericanas al margen de los grandes desfalcos, contrabandos,  defraudaciones  y demas pillajes, con innegable incidencia en el faltante fiscal.
Según un informe de la policía fiscal, en lo que va del año se decomisaron solo 46 vehículos relacionados con algún delito de tipo económico, se incautaron 73 bultos y hubo tres furgones detenidos por supuesto contrabando.
Ronald Benavides Ramírez, director de la Policía de Control Fiscal, recordó  a este Semanario  que de un total de 50 denuncias recibidas se tramitaron ya  11 en la Dirección General de Tributación, una en  la Dirección General de Hacienda, cuatro en el  área de Operaciones, 27 están en proceso de investigación y 10 son evaluadas.
Los miembros de esta policía participan asimismo en la obtención de indicios, pruebas e investigaciones solicitadas por las diferentes fiscalías y juzgados de los tribunales de justicia. Esta variada gama de  obligaciones de la policía fiscal debe hacerla con menos de 25 efectivos. Su director, en ocasiones, cumple la doble función jefe y  de policía.
Según  el gobierno, el déficit fiscal podría superar en el corto plazo el 3% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). Pero la mayor parte de recursos policiales para reprimir este delito obedece a otros intereses, tanto dentro del territorio nacional como allende a nuestros  mares, sin contar la Isla del Coco, donde según las más versiones periodísticas la pesca ilegal y la destrucción del medio es de todos los días.
Por otra parte, en un intento por conocer si la abundante normativa fiscal se cumple a cabalidad, UNIVERSIDAD trató de conocer el monto exacto de la recaudación del impuesto por concepto de casas de lujo.
Este gravamen fue aprobado durante la administración del Presidente Oscar Arias. Los sufragantes recuerdan que esa administración gravó las casas de lujo y se preocupó por esos días de dotar de «auto popular» a los sectores de clase media.
Sin embargo, en Hacienda, los funcionarios consultados dijeron que desconocían los montos específicos de esos impuestos, porque la carga  está incluida en los gravámenes a la propiedad.
Por este concepto general de impuestos a la propiedad, la recaudación anual es de ¢ 22.680.2 millones, frente a una tasa total de recaudación de ¢ 584.978.2 millones.
Los datos entregados por Hacienda muestran que la tasa de recaudación va en ascenso, en términos generales. Los montos de impuestos a la propiedad – incluyen vehículos y bienes inmuebles-  bajaron fuertemente en 1999. Sin embargo, hoy, las estadísticas indican que hay mejoría.
Aunque el impuesto de renta podría ayudar a establecer el monto exacto que el Estado recibe  por cobro a residencias de lujo, por haber datos generales resulta imposible conocerlo.
Sin embargo, queda claro que el impuesto a la renta  representa el 20% de los ingresos totales del gobierno central. Así, el grueso de los impuestos directos parece son aportados por la «clase media», sobre la que existen controles cruzados para no escapar de los gravámenes directos. Eso sí, sin derecho hoy, a «auto popular».

LOS QUE PAGAMOS

Además de la renta, el gobierno central recaudó el año pasado ¢ 267.266 millones por concepto de Aduanas; ¢ 91.066 por ventas; ¢ 27.999 por consumo y ¢ 90.839 por el rubro de otros.
En contraste erogó ¢ 406.087 por concepto de giros; ¢ 175,653 por intereses; ¢142.169 por transferencias;¢3.625 por comisiones bancarias y ¢1.740 millones por el rubro de «otros».
Para el experto alemán en déficit fiscal, Dieter W Benecke,  la situación en el país se  «ve muy grave» por cuanto el Estado pierde  su papel de promotor de  equidad y la justicia social.
Durante una comparecencia el pasado 6 de noviembre en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),  Benecke  consideró  «alarmante» que  el  10 %  de  los ingresos de  los más ricos sea 23  veces superior al ingreso del 10 % más  pobre (VIII Informe del Estado  de la Nación).
El visitante, ligado a la Fundación Konrad Adenauer y a  la Democracia Cristiana de Alemania, propuso tres grandes grupos de impuestos: el Valor Agregado, la renta a las personas físicas y el gravamen a las ganancias a las empresas.
Dijo no entender los motivos de tantas exoneraciones aquí a empresas extranjeras, en detrimento de las nacionales.
Abogó a por un plan fiscal simple que cierre puertas a la evasión, haga pagar impuestos a todos y tenga tasas diferenciadas para las ganancias de unidades económicas que reinviertan en la producción.
El experto alemán planteó la necesidad de impulsar una cultura tributaria, imponer la transparencia y descentralizar la administración pública sin privatizarla.
Desde esta perspectiva sus criterios contrastarían con un sector importante de especialistas forjado en importantes universidades del libre mercado, que ven en la privatización y en la venta de activos la solución al déficit fiscal.
Este importante sector no ha dejado ley con cabeza en menos de 20 años y hoy solo les resta conseguir la extradición de costarricenses e imponer la pena de muerte para alcanzar su sueño de ser Estado Libre Asociado.
«Es posible alcanzar una verdadera reforma tributaria y revertir lo que en estos años se ha dado, siempre y cuando tengamos capacidad de movilizarnos», afirmó esta semana Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, al anunciar que la organización seguirá en la Comisión Mixta que analiza medidas fiscales de emergencia.