En la Asamblea Legislativa se estudia un proyecto para proteger la propiedad intelectual de las semillas de especies vegetales; pero al mismo tiempo implicaría dar más poder a las compañías semilleras transnacionales.
La Ley de Biodiversidad regula el acceso al germoplasma nacional.
Si un agricultor compra una lata con 5.000 semillas de tomate a un costo de $200 y la siembra en su terreno, en la próxima cosecha tendría que pagar a los dueños de estas semillas por sus derechos, sin poder emplear las que le deje esta siembra.
Así explicó el diputado Gerardo Vargas Leiva, del Partido Acción Ciudadana, la forma en que la adhesión de Costa Rica al Convenio de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), podría afectar a los productores nacionales.
Con este instrumento jurídico internacional se reconocería y protegería a los «obtentores» de nuevas variedades vegetales pues se necesitaría su autorización para cualquier uso, reproducción con fines lucrativos o comercialización de estas variedades.
La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa lo analiza por segunda vez -pues fue devuelto del plenario- y pronto será dictaminado.
La Red de Coordinación en Biodiversidad sostiene que los diputados quieren favorecer a las grandes compañías en detrimento de nuestros agricultores. Dicha organización la conforman la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), la Mesa Campesina, la Coordinación de Proyectos Alternativos de Desarrollo (COPROALDE) y la Mesa Indígena.

Los argumentos de la Red fueron refutados por Wálter Quirós, jefe del departamento técnico de la Oficina Nacional de Semillas, quien participó en la elaboración del documento y aseguró que hay mala interpretación. «A la Oficina no le interesa presionar porque se apruebe el convenio, pero sí se piensa que podría traer ciertas ventajas al país», dijo a UNIVERSIDAD.

NO ES OBLIGATORIO

Unos 50 países han firmado la Ley Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aunque la Organización Mundial del Comercio (OMC) no lo exige como requisito para el intercambio comercial. Así, el país tiene tiempo hasta diciembre de 2004 para implementar una legislación que brinde protección a las obtenciones vegetales. En este momento se tiene la opción de firmar dicho convenio, y también se prepara otro proyecto de ley nacional sobre la obtención de especies vegetales -diferente, de carácter nacional e independiente del Convenio UPOV-, explicó Quirós.
Pero, ¿qué dice el convenio? Primero, define «obtentor» como aquella persona que crea o descubre una variedad; segundo, define como variedad a un conjunto de plantas de un solo género botánico.
También dice que se requerirá la autorización del obtentor para producir, reproducir, importar o vender semillas. Usualmente estas autorizaciones se llaman licencias y a cambio de su otorgamiento los titulares de «derechos de obtentor» exigen un pago en dinero. Asimismo, para producir, reproducir, importar o vender el producto de la cosecha -incluidas plantas enteras y partes de plantas- se necesitará el permiso del obtentor, si este se obtuvo por uso no autorizado de semillas.

SEMILLAS CON DUEÑO

«Lo anterior significa que si un campesino compró semillas de una variedad protegida, pagó el costo de los derechos de obtentor de la empresa que las vendió, y las usa en su finca, no puede volver a usar las semillas que se produzcan en su cosecha para una nueva siembra o para venderlas, si no le paga al titular del derecho de obtentor para que le autorice», revela un documento elaborado por el despacho del diputado Gerardo Vargas.
Walter Quirós admitió que el ejemplo de las semillas de tomate que puso el diputado – al principio del artículo- es cierto. «Estaría reproduciendo semillas y esa es una actividad propia del obtentor, quien tiene el derecho exclusivo de reproducción de la semilla, ahí sí necesitan autorización, excepto los pequeños agricultores, ellos no van a necesitar permiso». Esta excepción se incluirá en el proyecto de ley que se prepara de forma paralela al Convenio de la UPOV, según dijo, pero por el momento eso es sólo una buena intención.
La Red de Coordinación en Biodiversidad aseguró que la UPOV niega los derechos de los agricultores al cercenar el derecho a guardar semilla para la siembra; pero Quirós insistió en que «la UPOV lo deja a discreción del país, y no se va a cercenar porque va estar previsto en la ley nacional que se prepara».

GIGANTES GENÉTICOS

Otro argumento en contra es que la UPOV, a diferencia del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), no contempla ningún mecanismo de retribución para los países que aportan los recursos genéticos o biológicos, por parte de las empresas que desarrollan las «innovaciones» con base en esos recursos.
Según la Fundación Internacional para el Progreso Rural (RAFI), son cinco los gigantes genéticos de agrobiotecnología: Monsanto (Pharmacia), DuPont, Syngenta (Novartis y Astra Zeneca), Aventis y Dow.
Ante la afirmación de que las grandes compañías adquieren nuestra biodiversidad en propiedad, sin obligación para compartir beneficios, Quirós respondió que eso es absurdo. «Es cierto que las compañías semilleras transnacionales son monstruos en cuanto a capacidad, pero efectivamente dependemos mucho de ellas».
Según el profesional, estas compañías no vienen a robarse el germoplasma (material genético dentro de la semilla que diferencia a cada especie); ellos tienen bancos de germoplasma más grandes que los nuestros, y para tener acceso al germoplasma nacional deben cumplir con las regulaciones de la Ley de Biodiversidad (No.7788).
La dependencia, explicó Quirós, radica en que el país importa gran cantidad de semillas y los pequeños agricultores con dificultades de acceso a estas semillas importadas, probablemente siguen usando variedades criollas; ellos lo podrán seguir haciendo, aún cuando se firme el Convenio.
Finalmente, por la inversión y el equipo que requiere la industria de la biotecnología, está claro que las transnacionales tienen más posibilidad de aprovechar las variedades para mejoramiento genético, que una pequeña empresa nacional u organización agrícola. «Pero eso sucede con la UPOV o sin ella, señaló Quirós, «es cierto que estamos en desventaja competitiva; no obstante, con la enorme cantidad de variedades de sus bancos, ganaríamos si la podemos aprovechar para investigación».
Mientras, el diputado Gerardo Vargas resaltó que «sólo estamos obligados a incorporar un sistema de protección de las obtenciones vegetales; la idea es que sea armónico con el CDB y la Ley de Biodiversidad, y respete los derechos de nuestras comunidades.» Así los esfuerzos deberían dirigirse a fomentar una discusión nacional para encontrar una respuesta beneficiosa.
¿POR QUÉ LO APOYA?
El Consejo Universitario de la UCR recomendó a la Asamblea Legislativa la adhesión de Costa Rica al Convenio de la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), en agosto pasado. Antes, una comisión analizó el proyecto y entre los aspectos considerados para recomendar su aprobación se anotan:
* Que en los últimos años fondos privados y estatales se usan cada vez más en introducir y evaluar germoplasma foráneo de los principales cultivos agrícolas (arroz, caña de azúcar, café, palma africana).
* Que hay un número considerable de empresas privadas (más de 122) y de unidades de investigación de universidades públicas (más de 20) que realizan actividades en biotecnología y mejora genética de plantas, que han manifestado la necesidad de protección adecuada en derechos de protección intelectual.
* Que Costa Rica no tiene legislación adecuada que proteja las nuevas variedades que desarrollan los fitomejoradores, biotecnólogos, biólogos.
Fuente: La Gaceta Universitaria. 23 setiembre, 2002.