El presidente Abel Pacheco solicitó al Ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, investigar la posible existencia de grupos armados en Sarapiquí de Heredia.
Héctor Monestel: Hay grupos paramilitares en la región
Varios sindicatos y dirigentes populares denunciaron en noviembre pasado haber recibido amenazas de elementos armados privados que actúan en la zona.
En un documento en poder de este Semanario, ellos solicitaron a Ramos indagar dentro de sus posibilidades las denuncias  hechas  por campesinos ocupantes de terrenos reclamados por la Standard Fruit Company,  en Bambuzal de Río Frío.
La Compañía Bananera asegura que son terrenos de su propiedad, con base a la inscripción hecha por medio de un plano en idioma inglés de 1946, en el que se indica el plan general «Banana zone of Costa Rica from Sarapiquí River to Cahuita».
Según la Constitución Política el idioma español es el oficial, lo que repite  el Código Civil y de Comercio vigentes para efectos registrales.
El dirigente de los campesinos Héctor Monestel explicó que los grupos armados son transportados en helicópteros de la compañía  cada vez  que intentan desalojar a los agricultores que ocupan las parcelas desde hace más de un año.
Se trata de un total de 182 familias  que se ubican en  870 hectáreas reclamadas por la Standard. La mayoría están sembradas de plátano y yuca, según constató UNIVERSIDAD durante una visita realizada a la zona.
 
La historia del conflicto se remite a finales de la década de los 60, cuando el antiguo Instituto de Tierras y Colonizaciones (ITCO) cedió a la sociedad bananera 9.000 hectáreas de tierra.
Según dijeron los campesinos, los predios que ellos ocupan no pertenecen a la finca madre número 82504-000, como lo reclama la compañía.
Fue con base en ese plano en idioma inglés que en la administración Pacheco el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) desconoció la existencia del conflicto  en Bambuzal y otorgó así la propiedad a la transnacional, según los quejosos.
Juzgan que la actitud del IDA fue proclive a la Standard  y agotó ya  la vía administrativa. Dada esta situación, demandaron a la bananera en el Juzgado Agrario de Guápiles,  con el fin de que pruebe la titularidad del inmueble.

SUMISIÓN

«La posición del gobierno de Pacheco ha sido de total sumisión a las presiones del gobierno norteamericano y la embajada de Estados Unidos en San José», dijo Monestel.
Explicó que a sabiendas de que el conflicto se dirime en los tribunales de justicia, el ministro Ramos intentó en noviembre pasado «un desalojo espurio» contra los campesinos, a pedido  de la bananera.
«Desde ahora responsabilizamos a los paramilitares y al ministro de Seguridad Pública por la vida de los dirigentes campesinos». Monestel  añadió que gente armada y desconocida en el sector, lo han seguido, han tiroteado el rancho de la dirigente Liliana Murillo Sánchez  y amenazaron de muerte a  una persona de apellido Ramos.
Por su parte, los representantes de la firma bananera, en la contestación a la demanda, califican de «usurpación» la presencia de los agricultores desde el 22 de mayo del año pasado, cuando un primer grupo «invadió los terrenos del área conocida como Bambuzal». De inmediato se demandó la intervención de la fuerza pública, añaden.
Asimismo admiten que el 7 de julio del año pasado, un grupo de campesinos irrumpió de nuevo en los terrenos, por lo cual se gestionó el respectivo desalojo ante el Ministerio de Seguridad.
Acotan que la Fiscalía de Puerto Viejo de Sarapiquí elevó formal requerimiento de apertura a juicio contra el grupo de ocupantes; quienes a su vez alegan el derecho de  posesión por cuanto ocupan la finca desde hace más de un año.
La compañía bananera sostiene que el 22 de noviembre de 2001 un grupo de agricultores solicitó al IDA ocuparse  de la «usurpación precaria», lo cual fue rechazado. Luego el Instituto seleccionó y reubicó a los ocupantes que calificaron como poseedores en precario en otro sitio.
Durante la visita realizada por UNIVERSIDAD a Bambuzal,  varios campesinos denunciaron a dirigentes agrarios anteriores  por sus contactos políticos. Según ellos, algunos fueron reubicados  en otra finca gracias a esos «contactos políticos». En otros casos, dijeron, hubo gente que «lucraba con las necesidades nuestras».
Para efectos legales, la Standard estimó la contrademanda en ¢ 598.667.408, que de ganar se les cobraría a las familias campesinas.