Los sectores sociales advierten que si no hay transparencia en el proceso de negociar el tratado de libre comercio con EE.UU., tomarán medidas de presión.
El exdiputado José Merino, el vicepresidente Rodrigo Carazo, el campesino Pedro Pablo Aguirre y el ambientalista Isaac Rojas mostraron su oposición al TLC con Estados Unidos.
Campesinos, indígenas, ecologistas, empleados públicos y figuras políticas costarricenses exigen al gobierno de Abel Pacheco transparencia en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos.
Sin descartar protestas callejeras y otras medidas de presión, los dirigentes sociales mostraron su preocupación por el desconocimiento de la ciudadanía sobre los textos que se discutirán a partir del 27 de enero próximo en San José.
Los representantes de los sectores sociales exigieron a Pacheco que no anteponga los intereses económicos a la dignidad nacional, en una conferencia de prensa realizada el pasado 10 de enero en la Conferencia Episcopal.
El 27 de enero próximo se inician las rondas de negociación del TLC con Estados Unidos que podría permitir el libre acceso de productos a todos los países de América del Norte.
Lo anterior debido a la aprobación en junio pasado de la Autoridad de Promoción Comercial (TAP, por sus siglas en inglés, y antes conocido como «fast track») por parte del Congreso estadounidense
El año anterior el 58% de los bienes importados por la región provino de Estados Unidos; y el flujo de bienes y servicios entre la región y los estadounidenses superó los $20 mil millones.
Los sectores sociales demandaron transparencia y participación en las negociaciones y  manifestaron que de mantenerse la tendencia actual, parece inevitable  la confrontación social.
El 16 de diciembre anterior, los sectores sociales enviaron una nota al presidente Pacheco, donde denunciaron que «únicamente se han abierto procesos de consulta que han sido para compartir información por medio del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX); en otros casos han servido para hacer aparecer a diversas organizaciones como partícipes del proceso, cuando en realidad esto no es así».
Agregaron que «no existe a la fecha ninguna claridad ni transparencia en el proceso, y mucho menos de lo que el equipo negociador costarricense ha planteado como la posición de Costa Rica».
 
Para Albino Vargas, Secretario General de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), las negociaciones deben «promover y proteger la seguridad y  soberanía alimentarias, el respeto a los derechos laborales, los estándares ambientales, los derechos   humanos y en general una política pública incluyente que combata la pobreza y distribuya solidariamente la riqueza»
Por su parte el mandatario se comprometió el pasado 8 de enero a que «ninguna negociación que atente en contra de la ecología, la justicia social, los derechos laborales, los grupos culturales minoritarios,  etc., tendrá el apoyo de este gobierno», según la nota de respuesta que envió a los representantes sociales.
El expresidente de la República, Rodrigo Carazo Odio, presidente del Comité de Defensa de la Institucionalidad, dijo que en las negociaciones del TLC debe primar «la justicia para todos y no la avaricia de algunos» y que demandaba conocer a fondo los antecedentes y compromisos adquiridos en las conversaciones previas a la negociación».
Entre ellos citó «aquellos que producirían nefastos efectos en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) valiéndose de políticas financieras, que conducen a la paralización de la mayoría  de los proyectos de desarrollo del sector eléctrico del ICE».
Carazo, en otra nota enviada al Presidente Pacheco el propio 10 de enero, pidió que se analicen «los problemas vivos de Canadá denunciados por los obispos canadienses como producto del TLC y los serios problemas económicos y sociales causados a México por el TLC sobre los cuales informa la prensa de ese país».
Además, que se definan procedimientos que permitan la participación adecuada de la sociedad civil en la discusión del tratado «de manera constante y permanente en ella y abrir un debate público para que los costarricenses conozcan los alcances del TLC».
El politólogo y exdiputado José Merino del Río agregó que es responsabilidad del gobierno dar a conocer los documentos que se discuten e hizo un llamado a velar por el respeto a la soberanía nacional que podría verse mancillada con la firma de un tratado injusto y antidemocrático.
Tras recordar los efectos de convenios similares en México y Chile, no descartó la posibilidad de que las organizaciones sociales encabecen marchas en los próximos días para exigir la transparencia en las negociaciones y la defensa de los derechos de los campesinos, indígenas y el respeto a los derechos laborales dentro del documento.
 
QUEDARSE FUERA
 
Mientras tanto representantes del sector avícola y de porcicultura centroamericanos pidieron ser excluidos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, en tanto las condiciones con esos mercados sean adversas.
La nación del norte es el principal productor avícola del mundo, lo cual pone en desventaja a los productores del istmo, según dijo a la prensa Jorge Manuel Hernández, presidente de Corporación Pipasa.
Por su parte,  Alejandro Hernández, de la Cámara de Avicultores de Costa Rica, estimó que una importación masiva de aves a América Central pondría en riesgo  80 mil empleos directos y más de 500 mil indirectos y afectaría los ingresos de 3 millones de habitantes.
Los empresarios rechazan los elevados subsidios estadounidenses a la exportación del producto, las barreras no arancelarias al ingreso de pollo a su territorio y la constante presión a las economías centroamericanas debido al incremento de los contingentes de importación.
La desigualdad de condiciones fue resaltada por Hernández, quien explicó que el mercado estadounidense impone barreras no arancelarias, lo cual ha impedido la entrada de pollo desde cualquier país, mientras que
Costa Rica tuvo que invertir ocho años para que se reconociera como libre de la enfermedad de Newcastle; después de lograrlo, Estados Unidos aplicó nuevas barreras que a la fecha imposibilitan el ingreso del producto.
Con un crecimiento promedio del 5%, la avicultura es uno de los sectores agroindustriales más dinámicos de la región. Este rubro aporta entre el 2,12% y un 11,02% al PIB agropecuario, generando muchos escalones en la cadena de valor agregado.
En Centroamérica se consumen 36,8 libras per cápita anual de pollo y de 129,5 huevos, alcanzándose un consumo per cápita de carne y huevos de 54 libras.
 
POR LA UNIDAD
 
Otro de los escollos más difíciles que debe enfrentar el proceso de negociación, es poner de acuerdo los intereses diferentes de las naciones del área.
Según la agencia ACAN-EFE, Honduras pidió  a los demás países de Centroamérica demostrar capacidad de consenso para negociar el TLC. «Lo más crítico es que, al definir las reglas que predominarán durante las negociaciones, los países de Centroamérica seamos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros mismos, porque negociaremos en bloque ante Estados Unidos», expresó el ministro hondureño de Industria y Comercio, Norman García.
Por su parte, el presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Jorge Zablah, destacó la importancia del mercado estadounidense dada su condición de potencia mundial y «como con un pequeño esfuerzo el poder entrar a un mercado grande, puede tener para las empresas regionales resultados excelentes», según agencias de prensa extranjeras.
Mientras tanto, el equipo negociador de Nicaragua será asesorado por un grupo de expertos en legislación norteamericana, que incluye a Norman A.
Bailey, ex miembro del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos;
Eric Newsom, ex Subsecretario de Estado; Michael A. Samuels, quien
fungió como segundo representante del Departamento de Comercio de Estados Unidos, así como Richard L. Collins y el Dr. Arturo Cruz.
Mario Arana Sevilla, titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), manifestó que los gastos en que se incurran,
como parte de las negociaciones, serán financiados con un préstamo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el orden de los cinco millones de dólares, y fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Con ello evidenció el interés de los organismos internacionales en la aprobación de un TLC donde no todas las reglas están claras y ante el cual hay reticencia en diferentes sectores.
EFECTOS NOCIVOS EN MÉXICO Y CHILE
Los tratados de libre comercio no generan tantas oportunidades a las naciones pequeñas como se creía. Acentúan la pobreza, aumentan la desigualdades y llevan a los pequeños productores a la ruina.
Así lo demuestran las experiencias mexicanas y chilenas, que en estos momentos son debatidas por sectores sociales y políticos en esos países.
Organizaciones campesinas mexicanas iniciaron una Gran Insurgencia Nacional por la soberanía alimentaria y vida digna en el campo, que incluye la movilización de alrededor de 500 mil campesinos en todo el territorio. Ellos realizan ayunos, marchas, bloqueos y cierres simbólicos de puertos, aduanas y fronteras por donde ingresan alimentos.
Los agricultores estas medidas para exigir al gobierno de Vicente Fox suspender y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia agropecuaria.
Así lo informaron dirigentes campesinos de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, Central Campesina Cardenista (CCC), Max Agustín Correa y Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Federico Ovalle, los mismos que el 10  diciembre pasado irrumpieron con caballos en el Congreso.
Los dirigentes advirtieron que el Ejecutivo debe dar cumplimiento al mandato constitucional de los artículos 27 y 131 de la Constitución y de la ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Comercio Exterior, y demandaron la urgente suspensión y renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia agropecuaria, la creación de un fondo compensatorio para la agricultura y un programa emergente de soberanía alimentaria y vida digna.
Sin embargo, para el presidente mexicano Vicente Fox el acuerdo es «un buen negocio». Debe tenerse cuidado porque «la realidad es que cambiarlo podría provocar que México perdiera lo más por lo menos», afirmó.
Integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, representantes de los productores agrarios y los legisladores, coincidieron en la necesidad de revisar el capítulo agropecuario del TLC.
Con ese fin crearon nueve mesas de trabajo para darle forma al Acuerdo Nacional para el Campo, cuya firma está prevista para el 5 de febrero.
Al abundar sobre una eventual revisión del capítulo agropecuario TLC, pidió que se tomara en cuenta que están de por medio 100 millones de mexicanos y mexicanas que consumen productos todos los días. «No sería justo que por buscar una solución a las áreas que tienen dificultad en competitividad, se cierre la puerta a esos productos que exportamos a todos los países del mundo y particularmente a Estados Unidos», refirió Fox.
 
EN CHILE

En Chile, mientras el gobierno se aprestaba a firmar el tratado de libre comercio con la Unión Europea, el cual entraría en vigor en enero de 2003, se extiende un oscuro manto de dudas sobre los alcances que tendrá el convenio.
+Las autoridades han declarado de manera alegre las inversiones extranjeras, las exportaciones chilenas hacia los mercados europeos y los miles de nuevos puestos de trabajo que derivarán de tales actividades.
Pese a las promesas, el texto no ha sido difundido, lo cual ha comenzado a generar fuertes aprensiones entre los legisladores que deben ratificarlo y en la sociedad civil, que será, a fin de cuentas, la que gozará o sufrirá los efectos de tales negociaciones.
Tras seis años de aplicarse el Tratado de Libre Comercio con Canadá, Chile exporta productos basados en la minería, agricultura, pesca y bosques; y ha importado artículos de alto valor agregado, sin que a la fecha se haya logrado tecnificar la mano de obra chilena.
Diversas organizaciones de la sociedad civil intentan hacer oír su voz, con muy poco éxito, en la agenda de comercio internacional. Aun cuando el gobierno ha accedido a escucharlos, las instancias de reunión no trascienden la mera exposición de ideas, en tanto los aspectos vinculantes se trabajan en privado y con una representación, en este caso bastante abultada, de los sectores empresariales.
Preocupa a los dirigentes sociales chilenos la entrada mayor de inversiones en áreas estratégicas de la economía nacional que apunten a la desregulación. En este sentido, la polémica se inició el verano pasado con el alza en las tarifas del agua potable, en medio de una discusión que llevó a varios parlamentarias a anunciar una revisión del marco regulador. Para Coral Pey, directora de la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable, «hay una ecuación que se ha elevado a la categoría de dogma: una mayor inversión y mayor exportación llevará a mayor empleo y mejor calidad de vida, lo que es una falacia. Las inversiones extranjeras en sectores no productivos lo que han traído es desempleo».
Para ella, » se busca fomentar un nivel de crecimiento basado en la idea de que Chile sería una plataforma de inversiones donde se niega la posibilidad de plantearse un desarrollo basado en nuestras propias capacidades y con relaciones comerciales con nuestros vecinos».
Al respecto el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, ha enfatizado las perversas consecuencias de la inversión extranjera en el empleo y los consumidores, ya que «más que crear puestos de trabajo, la privatización a menudo los destruye»