Representantes magisteriales y académicos coinciden en que la crisis en el sector educativo se acentúa y su solución es una tarea que no pude postergarse.
Si aplicáramos una evaluación a la calidad del sistema educativo costarricense, la nota que obtendría sería muy baja, pues a juicio de analistas y los representantes gremiales, «la educación en el país tiene mala nota»
«Estamos improvisando en educación y sobrellevamos una incertidumbre que parece no tener fin», con esas palabras voceros de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense  (SEC) describen el panorama que viven en el área educativa.
A pesar de que el país está muy cerca de lograr una cobertura universal en educación primaria (92.6% de escolaridad), peresonal docente, padres y madres de familia no vislumbran un sólido y definido futuro para la educación.
«Más que la disyuntiva de si  son 174 o 200 días lectivos y del faltante de  ¢22.000 millones para pagar el incentivo a los docentes que los trabajarán, o lejos de si se deben implementar por respeto a un convenio internacional, el verdadero problema es lograr la calidad en la educación,» afirmó Gilbert Díaz Vásquez, Presidente del SEC.
Este sindicato, con más de 20.000 afiliados, apuesta a realizar un debate nacional para definir el tipo de educación que requiere el país, ya que según Díaz, «ni siquiera esto está claro.  En esto también se deben involucrar los padres de familia, ya que debe ser un desvelo de toda la sociedad, no solo del Ministerio de Educación y de los docentes».
María Rosa López Gutiérrez, Secretaria General de ANDE considera que «la situación del sector, tan llena de incertidumbre, deja al descubierto que el curso lectivo debe rediseñarse y buscar planes de verdadera calidad. Quienes perdemos somos los educadores, los padres y madres de familia y sobre todo los estudiantes».

López alegó que el poco tiempo que resta para iniciar lecciones el 10 de febrero solo ocasionaría llegar muy mal preparados, con infraestructura poco adecuada, aulas mal equipadas y carencia de materiales, lo que según sus palabras desemboca en «estudiantes violentos, indisciplinados, ausentismo y deserción».
Las declaraciones de estos dirigentes evidencian una crisis que se ha gestado a lo largo de los años, pues aunque cada año aumenta el número de infantes que ingresa a las aulas, crece también el porcentaje que las abandona.
Las propias autoridades del MEP reconocen las limitaciones para tener registros exactos de los niños, niñas y adolescentes que desertan del sistema educativo.
Mientras que la cobertura en primara es del 92,6%, en secundaria solo llega al 61,8% si se toma en cuenta a quienes acuden a modalidades no formales, como la educación abierta financiada por el MEP, programa Nuevas Oportunidades, cursos impartidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje, según advierte el último Informe del Estado de la Nación.
En 2001, por cada cuatro estudiantes de educación secundaria diversificada que el MEP considera equivalente al ciclo diversificado, uno estaba matriculado en modalidades no formales, aspecto que evidencia las dificultades de retención en el  sistema formal, apunta el informe.
Sin embargo, hay diferencias regionales importantes. La Encuesta de Hogares de 2001 indica que  en el grupo de infantes de 5 a 6 años, la asistencia a las escuelas es de 73,8% en la Región Central pero baja a 59,1% en el resto de las regiones.
Entre adolescentes de 13 a 17 años, la cobertura en la Región Central es de 77,3% mientras que en otras regiones es inferior a 63%. Esta distancia se acrecienta aún más en la zona Huetar Norte, donde el porcentaje de asistencia es de 51,6%.
A los datos de cobertura hay que agregar las cifras de deserción, especialmente en sétimo año, donde uno de cada cinco estudiantes se retira antes de finalizar ese año de estudios.
Como sin fuera poco, solo uno de cada cuatro estudiantes que ingresaron a primaria doce años antes, aprueba el undécimo año.
Así, el sistema educativo es más eficiente reteniendo infantes en primaria (72,5%) que en noveno año cuando finaliza el ciclo básico de la educación general, ya que en este nivel el porcentaje es de 38,2%.
 
A MAYOR POBREZA, MENOR EDUCACIÓN
 
El Informe del Estado de la Nación establece una relación importante entre niveles de pobreza y educación. Por ejemplo, la asistencia a centros preescolares de los hijos de jefes o jefas con educación universitaria es superior en un 30% a la de los hijos de aquellos con instrucción inferior a primaria completa.
La asistencia de hijos e hijas entre los 7 y los 12 años no muestra diferencias significativas, mientras que entre los 13 y los 17 años la asistencia es del 97,6% para los jóvenes que tienen jefe o jefa de hogar con instrucción universitaria, frente al 57,2% de los hijos e hijas de jefes con primaria completa, agrega el Informe.
Entre los 18 y los 24 años, edad que corresponde a la educación universitaria, la asistencia es tres veces mayor en los hijos de padres con un nivel universitario que en aquellos cuyos progenitores tienen menos de primaria completa.
La relación entre pobreza y nivel educativo es clara. De los 13 a los 17 años, la asistencia a la educación en la población no pobre es de un 74%, mientras que en los hogares en extrema pobreza es de un 61,1%.
Sin embargo, debe anotarse que el 64,7% de la población total en condiciones de pobreza que se encuentra entre los 13 y los 17 años asiste a clases, lo cual ofrece una posibilidad de que estas personas salgan del círculo de la reproducción intergeneracional de la desigualdad social.
 
POBLACIÓN EXCLUIDA
 
Encuestas aplicadas a quienes abandonan la secundaria indican que no todos los adolescentes que salen del sistema educativo son desertores; una parte de ellos es más bien excluida por las condiciones del sistema educativo, por factores relacionados con el género, la situación económica y el sitio donde residen.
La asistencia de los niños y niñas de 7 a 12 años es muy alta, pero se reduce conforme aumenta la edad y empieza a presentarse con más frecuencia la combinación de estudio y trabajo.
En la población de 12 a 14 años, el 83,6% sólo estudia, 3,1% estudia y trabaja, 4,3% sólo trabaja y 9% no estudia ni trabaja.
Entre adolescentes de 15 a 17 años, el grupo que sólo estudia se reduce al 57,6%, un 7,9% hace ambas cosas, 19,9% sólo trabaja y un 14,7% no estudia ni trabaja.
Las razones principales para justificar la no asistencia son: «no puede pagar los estudios» (17,9% de los hombres y 22,9% de las mujeres) y «no está interesado/a en el aprendizaje formal» (31,4% de los hombres y 23,8% de las mujeres).
Las mujeres plantean en tercer y cuarto lugar razones vinculadas al género: un 8,1% no asiste por tener que ayudar en oficios domésticos y un 6,7% por embarazo o matrimonio, mientras que para el 17,4% de los hombres la obligación de trabajar es el tercer motivo de inasistencia al sistema educativo, condición que afecta a un 4,8% de las mujeres.
 
EL TRABAJO COMO TRAMPA
 
La incorporación temprana al trabajo de quienes abandonan los estudios se convierte en una trampa. La tasa de desempleo abierto para las mujeres de 15 a 17 años es de 26,0%, muy superior a la de desempleo abierto del país (6,1%) y a la tasa de desempleo de las mujeres (7,6%). Entre los hombres alcanza un 15,1%. Aún en el siguiente grupo de edad, de 18 a 24 años, las tasas de desempleo abierto duplican los promedios nacionales en ambos sexos.
La población joven es la más afectada por empleos de menor calidad y remuneraciones inferiores, además de que, según estudios de CEPAL, dos años menos de educación implican cerca de un 20% menos de ingresos mensuales durante la vida económicamente activa.
 
BECAS
 
Con la intención de evitar la deserción escolar y colegial es que el  Fondo Nacional de Becas (FONABE) otorgó 23.172 ayudas para estudiantes en 2000; la cifra creció a 42.535 el siguiente año.
El crecimiento en el número de aportes económicos para estudiantes se explica en el hecho de que el gobierno asignó en 2001 el 5.2% del Producto Interno Bruto para la educación, a diferencia del año anterior cuando el porcentaje solo representó el 4,7%.
El Estado sigue en deuda con la niñez y la adolescencia, pues no cumple con el mandato constitucional de destinar el 6% del PIB a los servicios educativos, tal como lo señala el documento «Estado de la Niñez y la Adolescencia», elaborado por expertos de la Universidad de Costa Rica y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Aunque se reportan leves aumentos en los montos asignados para la inversión social, estos siguen siendo insuficientes.
Según las cifras de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, del Ministerio de Hacienda, en 2001 la inversión pública social se incrementó en términos reales en 2,7%, magnitud superior al crecimiento poblacional, así la inversión per cápita en lo social aumentó en 0,6%.
Respecto al PIB, esta inversión representó un 19%, lo que constituye un máximo desde 1990, aunque no sucede lo mismo en su relación con el gasto público consolidado, pues el 40,2% de ese año es inferior al 42,5% de 1997 y a los porcentajes de 1993 (42%), 1996 (41,5%) y 1998 (41,3%). En orden de importancia, la composición de la inversión pública social en 2001 se dirigió a los sectores de seguridad y asistencia social (33,7%), salud (28,8%), educación (27,6%), vivienda (8,9%) y «otros servicios sociales» (1%).
MAL DE MUCHOS…

La crisis del sector educativo se extiende por toda Latinoamérica, pese a los esfuerzos hechos y  que reconocen los organismos internacionales que analizan el tema.
La matrícula en secundaria, la calidad y equidad de la educación, el rendimiento escolar y la formación y remuneración del personal docente, son algunas de las deficiencias más notables.
En el otro lado de la balanza cabe señalar que se impulsa la universalización de la educación primaria e igualar la matrícula entre hombres y mujeres, así como incrementar el gasto en este rubro en relación con el Producto Interno Bruto.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en los países del subcontinente donde la escuela pública y gratuita, es mayoritaria, como en Costa Rica, Cuba, Brasil, México, Uruguay y Argentina, la escolarización es más elevada.
Así se desprende del primer informe regional de la UNESCO y del estudio sobre el progreso educativo elaborado por el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL), una red americana de organizaciones civiles y gubernamentales.
El documento agrega que los alumnos de secundaria en las zonas rurales se encuentran «dramáticamente desfavorecidos» respecto a los de las áreas urbanas, donde se doblan las tasas de matriculación, según el PREAL.
En Latinoamérica, las desigualdades entre clases sociales tienen un reflejo claro en la educación: la población de 25 años de edad, que pertenece al 10% de habitantes con mayor renta, cuenta con cinco y ocho años más de formación que quienes forman parte del 30% más pobres.
Las diferencias también se encuentran entre etnias. En países con amplia población indígena, como Bolivia y Guatemala, la asistencia a la escuela de los niños es de 10 a 15 puntos porcentuales menor que el resto.
UNESCO señala como un logro el mayor acceso a la educación de forma igualitaria entre mujeres y hombres. En primaria, las diferencias son poco significativas o nulas y sólo en El Salvador, Brasil y Guatemala se observa una mayor participación de los niños respecto de las niñas. En secundaria, en 11 de los países analizados las tasas de mujeres escolarizadas son mayores que las masculinas. La situación se invierte en Guatemala, Bolivia y Perú.
En Latinoamérica estudian más de 77 millones de infantes, casi  se roza la universalidad y las tasas netas de escolarización superan el 80% en todos los países. No sucede lo mismo en secundaria donde asisten tan solo 41 millones de jóvenes y adolescentes.
Los elevados índices de abandono de las aulas y repetición preocupan a la UNESCO. En Brasil, el 24% de los alumnos de primaria y el 18% de secundaria son repitentes, mientras que en Nicaragua, sólo 55 de cada 100 niños que inician estudios primarios llegan a niveles superiores.
De los 6,5 millones de docentes que imparten lecciones en las escuelas de la región, 5.4 millones son mujeres. El porcentaje se invierte en la educación superior, donde el 60% de los profesores son varones.
Los profesores son por lo general mal remunerados y muchos complementan su escaso salario con otros oficios. Además  reciben poca formación para desarrollar su tarea docente, señala la UNESCO.
Ministra «revoluciona» Sala IV
Rafael A. Ugalde
redactor
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Los magistrados de la Sala Constitucional obligaron esta semana al gobierno del presidente Abel Pacheco a cumplir con los 200 días de clases. A la vez llamaron la atención sobre la forma en que la ministra del ramo, Astrid  Fischel, tramitó  un recurso de adición y aclaración ante ese tribunal.
Las gestiones de Fischel contra  la sentencia  11.515-02 del pasado 6 de diciembre, por considerarla oscura, fueron rechazadas por el Tribunal, consignó el Poder Judicial.
Así lo reconocieron los magistrados  Ernesto Jinesta, encargado de redactar la sentencia, Luis Fernando Solano, Adrián Vargas, Ana Virginia Calzada, Gilbert Armijo, Fabián Volio y Aldo Milano.
En la versión judicial enviada a UNIVERSIDAD se ordenó al gobierno a cumplir con los 200 días y a incluir a todo el sistema de educación, o sea, primaria y secundaria.
En el fallo se advierte que Fischel  formuló sus gestiones sin conocer los «canales normales u ordinarios que establece el ordenamiento jurídico y la práctica judicial».
Según la dependencia judicial, la Ministra optó por remitir a  varios magistrados  sus alegatos – y no precisamente a todos- como si se tratara de correspondencia privada.
A pesar de esta modalidad de hacer trámites ante la Sala, el presidente del tribunal, con un criterio «flexible» y  «amplio»,   tuvo por incorporada la gestión de Fischel .
Sin embargo, este trámite «inusual» no ocurre así en ese estrado para el resto de las personas.
Debe recordarse  que tanto el Consejo Superior de Educación como el Consejo Nacional de Rectores  (CONARE)   expresaron  recientemente en forma pública su preocupación porque en este año no se contara con 200 días de clases.
No obstante, el presidente Pacheco  argumentó que  la emergencia fiscal imposibilitaba al Ministerio de Hacienda  a girar los fondos  respectivos para el pago de incentivos a los maestros por concepto de esos 200 días.
La sentencia de la Sala es omisa en cuanto a la calidad del ciclo lectivo y el contexto material en que deben cumplir escuelas y colegios con dicho tratado. Declinó comentar además la forma atropellada en que los legisladores tramitaron en el pasado un acuerdo centroamericano que forma parte de la legislación nacional.
Según datos del  Estado de la Nación, existe un «estancamiento»  el sistema educativo,  en relación con el número de centros educativos el país.
Por un período de más de 10 años, en coincidencia con un crecimiento importante de la población,  se  » desatendió la construcción de infraestructura para la educación secundaria», sostiene.
La investigación  documentó   que en 2001 los principales indicadores daban un 22% de la población afectada por bajos ingresos. Otros datos como el hecho de que  el 40% de los hogares tiene una o mas necesidades básicas insatisfechas, inciden  en forma directa  a la hora de plantear los 200 días de clases.