El choque de dos modelos de desarrollo explica el punto muerto en el que entraron las discusiones en torno al financiamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Un paro de labores para el 18 de febrero es el siguiente paso que darán los sindicatos del ICE para presionar por presupuesto
Dos visiones enfrentan a los representantes del gobierno, autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sindicatos, en el proceso de diálogo iniciado tras la marcha de 10 mil trabajadores que se realizó el pasado 29 de enero.
La primera de ellas, mantenida por el equipo neoliberal del gobierno de Abel Pacheco, considera que la institución solo puede utilizar como recursos el aporte que recibe vía venta de servicios, sin posibilitar el acceso a préstamos blandos para el desarrollo de proyectos.

 
 
La segunda considera debe permitírsele al ICE el acceso a los recursos indispensables para el desarrollo y con ello satisfacer las necesidades de los usuarios de los servicios, sean estos empresariales o ciudadanos. Esta propuesta es defendida por los sindicatos y autoridades superiores del Instituto.
«Es el enfrentamiento de dos visiones de país, en las cuales se pone en riesgo el futuro de las instituciones públicas y no solo del ICE», dijo a UNIVERSIDAD Fabio Chaves, coordinador del Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras del ICE (FIT).
Tal discrepancia dejó en punto muerto las negociaciones, tras una semana de encuentros en Casa Presidencial coordinados por la Ministra de la Presidencia, Rina Contreras.
En el centro de la discusión sobre el presupuesto del ICE se encuentra una fórmula financiera que es aplicada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta fue declarada improcedente para ser aplicada al ICE por la Sala Constitucional a partir del próximo año. El formato financiero del FMI parte del principio de que las instituciones solo puedan gastar un monto similar al que producen por la venta de servicios.
Con ello se promueve un déficit cero, al exigir que los recursos que requiere cada institución se financien solo con los ingresos y conceptuar las inversiones como gastos.
Además contabiliza la inversión como un gasto, con lo cual se impide el acceso a préstamos que las instituciones requieren, puntualizó Jorge Arguedas, dirigente sindical del ICE.
«Si esta fórmula se aplica a cualquier empresa privada, se le condenaría a la ruina, pues hasta las más grandes del mundo requieren de préstamos para desarrollarse».
De mantenerse este criterio en los presupuestos de las instituciones públicas, se impedirá su crecimiento y con ello se justificará luego la apertura del mercado, que es la forma más barata de privatizar, explicó.
Mientras tanto, es dudoso el futuro de casi 4.000 personas que laboran en proyectos hidroeléctricos en diferentes zonas, ya que al no contarse con recursos los proyectos podrían cerrarse proximamente.
Como medida de presión, el FIT programó un paro de labores en todas las dependencias del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para el 18 de febrero, a la espera que el gobierno ceda en su posición de cercenar el presupuesto.

PUJA POR RECURSOS

Las autoridades del ICE dicen que este año se requieren ¢630 mil millones para desarrollar los proyectos en energía y telecomunicaciones que el país necesita.
De ellos, ya la Contraloría General de la República dio el visto bueno a más de ¢50 mil millones.
Empero, el Banco Central y la Autoridad Presupuestaria no han autorizado desembolsos por $270 millones que se obtendrían a través de préstamos con bancos internacionales.
El equipo económico sostiene que el monto solicitado por el ICE es muy alto y significa casi dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Exige a las instituciones descentralizadas (excluyendo los bancos) que los recursos para este año solo podían aumentar 5,9% más de lo gastado el año anterior.
Frente a esta propuesta las autoridades del ICE ofrecieron desplazar ¢41.000 millones de la ejecución presupuestaria  de este año para el 2004.
«Con esta iniciativa no se afectaría el desarrollo de los grandes proyectos, aunque retrasaría los de electrificación y telefonía; tampoco se afectaría la estabilidad laboral  de los trabajadores», dijo Pablo Cob.
Para el Ministro de Hacienda, Jorge Walter Bolaños, esa opción es inaceptable y por esta razón exige recortar casi una tercera parte de los recursos para este año y dejarlos en ¢445.948 millones.
Esta posición, según los sindicatos, es «intransigente y desnuda las intenciones aperturistas del mercado de las telecomunicaciones y energía a través de estrangulamiento financiero del ICE».
Sobre todo porque las limitaciones en el presupuesto evidencian el impulso de un modelo de desarrollo aperturista a los mercados en el marco de las discusiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos.
«Aceptar la propuesta del gobierno significa paralizar proyectos en construcción, despedir al personal contratado para el desarrollo de estos proyectos» precisó Cob.
Para el funcionario, las inversiones realizadas por el ICE contribuyeron al  crecimiento económico del país en 2.8%, siendo el mayor de la región centroamericana y por encima del promedio latinoamericano.
Sólo el ICE, por concepto de los servicios que brinda, trasladará durante este año más de ¢70.000 millones al Estado, agregó.
Si permanece la posición del equipo económico, el ICE debería recurrir al aumento de tarifas en hasta un 400% para financiar las obras y servicios que requiere el país, detalló Fabio Chaves del FIT.
Como alternativa, los sindicatos propusieron el pasado 7 de febrero que el presupuesto se redujera solo en un monto similar al que no se ha podido utilizar desde setiembre del año pasado a la fecha. Esta cifra es cercana a los ¢25 mil millones.
Para el FIT, las actitudes asumidas por el equipo económico del gobierno contradicen el discurso del Presidente de la República Abel Pacheco, quien aseguró que con el recorte presupuestario no se afectarían los servicios, no se promoverían despidos y que las telecomunicaciones no se tratarían en las conversaciones del TLC.
El FIT planteó al gobierno la posibilidad de que a través de alguna acción gubernamental se evite el sobreprecio del costo de la energía producida por empresas cogeneradoras privadas de electricidad, las cuales entre 1993 y 2000 recibieron $63 millones. Sin embargo, hasta la fecha las autoridades económicas no han respondido.