El país se vio conmovido —y removido– en las últimas tres semanas, por un suceso aterrador: el embarazo de una niña de nueve años de edad, pobre e inmigrante, tres condiciones que la hacen tres veces más vulnerable. Sin embargo, el pésimo tratamiento por parte de las autoridades costarricenses a este suceso y el embate periodístico plagado de indiscreción, sólo dejó en evidencia una cosa: el flagrante irrespeto a los derechos de las personas menores de edad. La condición de «interés superior del niño y la niña» fueron pisoteados, una y otra vez, especialmente por los medios de comunicación que dieron a todas luces, suficientes elementos para identificar a la víctima del hecho. Por otro lado, el hecho de que la niña fuera internada y examinada una y otra vez por médicos, ginecólogos, psicólogos y personas ligadas a instituciones de salud, violentaba una y otra vez su condición vulnerable. Vulnerable por el hecho de ser menor de edad sujeta a un derecho de interés superior, no de un «raro» caso de embarazo precoz y altísimo riesgo.El centro de la discusión, el foco de las cámaras, el sujeto de la noticia, fue la niña, nunca el hecho violento y atroz que sufrió, nunca el hecho de haber sido ultrajada, quien sabe cuantas veces y desde hacía cuánto tiempo, para haber quedado embarazada sin nunca haber menstruado. Sin embargo, el problema central de esta maraña informativa debió ser —y no lo fue– el hecho delictivo y su presunto o presuntos autores. Tan ajeno fue en todo este escándalo el principal sospechoso de la agresión que no hay captura, ni interrogatorio, ni nada, de acuerdo a las informaciones que se divulgaron por los medios de comunicación comerciales. Detrás de todo esto se esconden varias situaciones preocupantes, una de ellas es la tolerancia social que prevalece aún hoy día hacia los abusos físicos y sexuales de nuestros infantes. Tanto el incesto como el abuso sexual por parte de familiares y personas cercanas al hogar, son los secretos mejor guardados de nuestras familias, sin importar su clase social. Esta tolerancia favorece, lamentablemente, la impunidad de sus autores y responsables y provoca una dura carga emocional y psicológica que afecta de por vida a las víctimas. Esta tolerancia atenta de forma cotidiana y permanente el interés superior del niño, la niña y la adolescencia, que se garantiza en el Código de la Niñez y la Adolescencia de nuestro país y en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña que rige a escala mundial. No es posible que este norte —el de la protección de esta niña de nueve años– haya sido obviado tan cándidamente por algunas instituciones nacionales y por los medios de comunicación. Lo que pone en evidencia, en el caso del pésimo manejo informativo desde el punto de vista de los derechos de la niña embarazada, es la urgente necesidad de capacitación para las y los periodistas nacionales en materia de derechos humanos en general, y de la infancia y adolescencia en particular. Esta realidad no ha pasado desapercibida para las autoridades universitarias, preocupadas por el enfoque y como integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, se buscará generar un debate sobre la responsabilidad social —incluida la de los medios de comunicación–en el reconocimiento y respeto de niñas, niños y adolescentes.