La  difícil situación en Venezuela ha tomado un nuevo rumbo, cuyas consecuencias son aún difíciles de predecir.
La orden de prisión contra los dos principales dirigentes de la opositora Coordinadora Democrática (CD) de Venezuela, emanada de los tribunales, y la arremetida del presidente Hugo Chávez contra los gobiernos de Colombia, España y Estados Unidos por «intervención en los asuntos internos del país», representan una nueva vuelta de tuerca en la crisis de este país sudamericano.
Chávez pidió a los gobiernos de Estados Unidos, España y Colombia, y al Secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, no intervenir en la política interna y rechazó las críticas a la orden de prisión contra los dos principales líderes de la opositora Coordinadora Democrática (CD), el dirigente empresarial Carlos Fernández y el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega.
Fernández fue remitido a prisión domiciliaria por los tribunales, mientras Ortega está prófugo de la justicia, después de declarar desde la clandestinidad a un canal de televisión norteamericano, que no confía en la independencia de los tribunales.

CRÍTICAS

»Hay gente que no aprende, han salido voceros de algunos gobiernos a mostrar preocupación por la detención de no sé quién. Fueron los mismos que aplaudieron el golpe aquí. Todavía no aprenden. Un año después vuelven a equivocarse. ¿O será que no es equivocación?», dijo Chávez el pasado domingo 23, en su tradicional programa radiofónico en el que pasa revista a la situación política nacional.
«Doctor Gaviria, este es un país soberano, usted fue presidente de un país, póngase en su sitio, aquí no hay privilegios de ningún tipo, este es un país soberano, doctor Gaviria», djo Chávez, en alusión a una declaración dada por el funcionario, desde Madrid, sobre la detención de Fernández.
En poco más de diez líneas, Gaviria afirmó que Fernández debía ser tratado de acuerdo con «alta jerarquía» que él representa en la sociedad venezolana y pidió garantías de independencia e imparcialidad en el cumplimiento de las leyes, en este caso.
Gaviria presidió durante más de dos meses una mesa de diálogo que intentó encontrar una salida para el conflicto entre el gobierno y la oposición en Venezuela, en medio de un llamado a la huelga hecho por la Coordinadora Democrática que, finalmente, fracasó en su intento de derrocar el gobierno, pero dejó enormes pérdidas económicas.
La semana pasada, los tribunales ordenaron la detención de Fernández y Ortega, por considerarlos responsables de los daños causados a la economía.
La decisión, aunque tomada por los tribunales, es considerada por la oposición como la revancha del gobierno, al que acusa de injerencia en el Poder Judicial y de persecución contra los líderes opositores.
Pero Chávez reiteró que «nadie puede decir que el señor Fernández fue irrespetado, por más delincuente que sea; es más, es un terrorista» y aseguró que el Gobierno no ha tenido injerencia alguna ni ha presionado a los funcionarios del Ministerio Público o de los tribunales para detener a Fernández y Ortega.

INTERNACIONALIZACIÓN

De este modo, la crisis ha tomado un nuevo rumbo, cuyas consecuencias son difíciles de prever, ya que recrudecen las tensiones entre el gobierno y la oposición.
Por ahora, las declaraciones de Chávez sobre la actitud de los gobiernos de Colombia, España y Estados Unidos, además de Gaviria, podría poner en dificultades al grupo de países amigos, creado a propuesta de Brasil, e integrado, entre otros por Estados  Unidos y España.
Dirigiéndose directamente al jefe del gobierno español, José María Aznar, Chávez afirmó que «una alta funcionaria del gobierno español dio unas declaraciones muy extrañas». En realidad, la «alta funcionaria» es la canciller española, Ana Palacio, quien, el pasado 20 de febrero dijo, junto a su colega portugués, Atonio Martins da Cruz, también miembro del grupo de países amigos de Venezuela, que la detención de Fernández «no ayuda a encontrar una solución dialogada» a la crisis.
Chávez contestó diciéndoles: »no se metan en las cosas nuestras que nosotros no nos metemos en las de ustedes». Hay que recordar, añadió,  «que en este salón estuvo el embajador español aplaudiendo el golpe» de abril del año pasado, cuando el entonces presidente de la empresarial Fedecámaras, Pedro Carmona, intentó asumir la presidencia de la República, después de una tentativa de golpe militar que mantuvo a Chávez prisionero durante tres días.
«¡Aznar, por favor, vamos, cada quien en su sitio!», dijo el Jefe de Estado, refiriéndose al presidente del gobierno español, quien hizo la misma recomendación a Washington.
Pero la tensión aumentó también en el escenario regional, después de las declaraciones del ministro del Interior de Colombia, Fernando Londoño, criticando a Chávez y al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, por negarse a reconocer como «terroristas» las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  El gobierno brasileño estimó que una declaración de este tipo le impediría, en el futuro, participar en una eventual mediación entre el gobierno y la guerrilla de Colombia.
Por su parte Londoño dijo que nadie le ha pedido a Brasil esa mediación, ni cree que pueda hacerlo en el futuro. El ministro colombiano afirmó también que Chávez no estaría dispuesto a declarar algo así de personas con las que acostumbraba a reunir.
La respuesta no se hizo esperar y el embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Rodolfo Santiago, calificó de «desconsideradas» las declaraciones de Londoño, las que consideró una mentira del tamaño de una catedral.
Mientras la canciller de Colombia asistía esta semana en Manila la reunión de países no alineados, la cancillería trató de reducir la dimensión del problema aclarando que las política exterior del país estaba a cargo del presidente Alvaro Uribe y de ese despacho, y no del Ministerio del Interior. Pero el titular ha seguido en su cargo y el propio Uribe, en otras declaraciones, afirmó que su gobierno seguía muy de cerca la evolución de los acontecimientos en la vecina Venezuela, recordando que la democracia exigía la separación de poderes.
De ese modo, los conflictos internos en Colombia y Venezuela comienzan a extenderse y a enervar las relaciones entre vecinos. El propio Chávez se preguntó hasta dónde estaban dispuestos a llegar los colombianos en estas críticas, si pretendían una ruptura de relaciones diplomáticas.