Entre serias dificultades económicas, con equipos desfasados y un rezago en la producción de programas nacionales, el Sistema Nacional de Radio y Televisión, convertido ahora en una sociedad anónima, intenta mejorar su presencia de cara al público nacional
Para Miguel Salguero, es necesaria la despolitización del SINART
El Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART) fue creado en la administración del expresidente Rodrigo Carazo Odio como un instrumento para fortalecer la cultura y la identidad nacional.
Sin embargo, al no contar con los recursos económicos necesarios y por ser dirigido en diferentes momentos por personas que respondían más a lineamientos políticos que técnicos, el sistema se fue debilitando conforme los canales y radios comerciales privados accedían a la casi totalidad de la publicidad que se generaba en las instituciones estatales. Los vaivenes políticos fueron minando al SINART hasta casi generar su desaparición, incluso en su momento el polémico sacerdote Mainor Calvo influyó para que el canal 13 se convirtiera en un canal televisivo católico regentado por él. Con deudas crecientes, problemas de audiencia y equipos técnicos cada vez más deteriorados, el SINART siguió funcionando “con el esfuerzo de muchos que trabajamos con las uñas”, como lo expresó a UNIVERSIDAD, su actual director, Miguel Salguero. Un proyecto de ley aprobado en febrero pasado le da una nueva oportunidad al sistema, al integrarlo como una sociedad anónima, en la cual debe pautar al menos el 10% de la publicidad todas las entidades estatales (ver recuadro adjunto).

DESPOLITIZAR Uno de los grandes obstáculos que arrastra el SINART es la falta de políticas claras sobre las funciones de una red de comunicación estatal y la politización de quienes han dirigido la institución, explicó el dirigente sindical y funcionario de canal 13, Fernando Vargas. Pese a los esfuerzos por despolitizar la institución, la nueva ley otorga mucha presencia al Poder Ejecutivo en la toma de decisiones de la empresa. Aunque ahora el consejo directivo estará integrado por representantes de las universidades y profesionales, es mayoritaria la presencia de delegados ministeriales en el ente que debe tomar las decisiones más importantes. Sin embargo, para Miguel Salguero, “esto no es un problema, siempre y cuando quien dirija la institución tenga su propia autonomía y quiera realizar las cosas como deben hacerse, con profesionalismo”. “La nueva ley resta autoridad al director general de la entidad y eso es positivo en la medida que en el pasado se cometieron excesos por patrones de autoridad muy verticalistas”, agregó. La nueva ley prohibe expresamente al SINART participar en actividades políticas y difundir propaganda política, excepto en las informaciones que se divulguen en programas de noticias, los programas que realice el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), los programas de opinión e informativos en los que participen los candidatos a los puestos de elección popular y la publicidad de los partidos aprobada por el TSE, cancelada por las organizaciones políticas respectivas. Al consultar a Salguero si esta norma se incumpliría si se sigue transmitiendo el programa “La hora de la libertad”, conducido por el exdiputado Otto Guevara, argumentó que “el espacio no es pagado por el Movimiento Libertario sino por la Fundación Libertad”. Agregó que además cualquier tendencia política o religiosa, si lo desea, podría contratar espacios propios en los medios estatales, siempre y cuando se respete a las personas. ORDEN EN LA CASA Salguero asegura que está implementado en su gestión una dinámica propia de empresa privada exigiendo austeridad y no contratando más personal, con el fin de recortar gastos y hacer frente a obligaciones financieras con empresas nacionales y foráneas. Gerson Córdoba, exdirector financiero de REPRETEL es el principal asesor de Miguel Salguero. “Don Abel Pacheco me lo recomendó y lo traje para poner orden acá y sus recomendaciones están resultando”, dijo a este Semanario. “Aquí no se gasta un centavo ni firmo ninguna acción de pago que no sea autorizada por Córdoba, porque él es quien sabe si hay dinero o no”, explicitó Salguero. Además, cifra sus esperanzas en que las falencias financieras se superen conforme las instituciones estatales empiecen a pautar al menos el 10% de su publicidad en la sociedad anónima, tal como lo establece la nueva ley. Sin embargo, hay criterios encontrados pues en su momento la Sala Constitucional se pronunció en contra de directrices gubernamentales que obliguen a las instituciones públicas a colocar parte de la publicidad en los medios de comunicación estatales. Salguero no descartó la posibilidad de que alguien interponga un recurso contra el artículo de la ley que establece esta obligatoriedad, pero consideró que dicha acción sería rechazada por la Sala por cuanto “la obligatoriedad de pautar anuncios se hizo vía ley y no a través de una directriz”. Con una depreciación del 72% en sus equipos de radio y televisión, 86% en los equipos de cómputo y casi un 90% en los vehículos, uno de los principales retos es la renovación de la infraestructura. “En Ecuador, equipos como los nuestros están en un museo”, precisó Salguero, por eso está a la espera de una donación de la República de China en Taiwán cercana a los 5 millones de dólares que comprende dos unidades móviles y cámaras”. Con la publicidad y las políticas de austeridad, la empresa podrá adquirir equipos nuevos a un año plazo y cancelar las deudas, consideró. Las deudas del SINART con la Caja Costarricense del Seguro Social ascendían a setiembre anterior a ¢70 millones, pero se negoció un nuevo arreglo de pago que le permitió a la empresa obtener el aval requerido para acceder a otros recursos retenidos por el no pago de las cuotas obrero patronales a la Caja. NO SE PUEDE La Fundación de Solidaridad con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (FUNDASOL) fue creada hace tres años por el entonces director del SINART Oscar Aguilar Bulgarelli, con el fin de obtener más recursos. De esta forma se pagaba a 78 empleados del SINART mediante un convenio firmado entre las partes. Sin embargo, la Contraloría General de la República objetó el procedimiento al considerar que un ente privado, como es una fundación, comercializaba con recursos estatales que no fueron sacados a licitación, recordó Salguero. Tras la anulación del convenio, 78 empleados contratados por la fundación pasaron a formar parte del personal de la sociedad anónima, indicó. Pese a las objeciones que se hicieron a la fundación, esta sigue funcionando y es dirigida por el propio director de la sociedad anónima. Esto pese a que, en criterio de Salguero, “no es conveniente, pero así lo establece la propia fundación”. No descartó la posibilidad de que ese aspecto se modifique en un anexo a la ley que podría enviarse pronto a la Asamblea Legislativa donde se autoricen exoneraciones para la adquisición de equipos y materiales, y se defina la cesión de una de las frecuencias de Radio Nacional para las emisoras culturales que funcionan en comunidades indígenas. DESDE ADENTRO Y ¿Qué piensan algunos periodistas del SINART sobre la nueva ley? Tres empleados que pidieron permanecer en el anonimato ofrecen una visión desde adentro sobre la situación laboral. Entre quienes trabajan en Canal 13 y quienes laboran en Radio Nacional, existe un total de 310 empleados. Algunos de ellos piensan que la gente todavía no está empapada de la nueva ley, y si bien la mayoría cree que es algo más positivo que negativo, no están muy conscientes de cómo va a ser la reestructuración. En general el ambiente es de expectativa. Existe mucha desinformación sobre las decisiones que se toman en el SINART y mucho hermetismo por parte de las autoridades, aseguran. Unos opinaron  que el sindicato ha aprovechado la situación para ganar adeptos. En la nueva ley se señala que hay que crear un nuevo consejo directivo en el que debe haber un representante de los trabajadores; pero no especifica si el representante será elegido por quienes están en el sindicato, entonces, qué va a pasar con los que no están afiliados al sindicato.
 
El nuevo SINART
La ley aprobada el mes pasado convierte al SINART en una sociedad anónima propiedad del Estado, con un capital social de ¢450 millones. Ella tiene a su cargo la red de televisión, opera Radio Nacional, la revista Contrapunto y la Agencia de Publicidad de Radio y Televisión Nacional, y cualquier otro medio que defina su Consejo Ejecutivo.
Las informaciones trasmitidas deben proteger los derechos y la dignidad de toda persona e impulsar el respeto a la igualdad. Se ofrecen al público programas diversos, variados y de actualidad, noticias e información rigurosas y equilibradas.
En su programación habrá espacios culturales, musicales, artísticos y deportivos, de interés académico, social, político y económico y los ciudadanos tendrán acceso a ellos.
Asimismo, se prohíbe al SINART S.A. participar en actividades políticas y difundir propaganda política.
El Consejo Ejecutivo de la empresa lo conforman representantes de la Federación de los Colegios Profesionales Universitarios, Consejo Nacional de Rectores, Unidad de rectores de la universidades privadas,  Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, del Ministerio de Educación Pública, un profesional de alguna área relacionada con la ciencia y la tecnología o el medio ambiente, y un fiscal nombrado por la Procuraduría General de la República, con voz pero sin voto. Los miembros del consejo permanecerán en sus funciones seis años y podrán ser reelegidos en forma consecutiva por una única vez.
En las sesiones del Consejo participarán con voz, pero sin voto, el director general, un representante de los trabajadores del SINART S.A., electo por su Asamblea y los funcionarios o las funcionarias que el Consejo Ejecutivo acuerde.
El Consejo nombrará al director general, aprobará el presupuesto el plan de actividades de la empresa, fijará las políticas, los principios básicos,  las líneas generales de programación y administración y el régimen de retribuciones del personal, el cual deberá ajustarse a estudios de mercado laboral.
El presidente del Consejo Directivo será nombrado por el Consejo de Gobierno, debe ser mayor de edad, con una experiencia mínima de cinco años en medios de comunicación y debidamente incorporado a uno de los siguientes colegios profesionales: Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Colegio de Periodistas o Colegio de Contadores Públicos.
La red nacional de radio utilizará las frecuencias de 590 kilohercios, en la onda media, y 101.5 y 88.1 megahercios en la banda de frecuencia modulada; dichas frecuencias serán otorgadas en concesión por un período de diez años, prorrogable automáticamente, salvo objeción de alguna de las partes.  Además, el Estado podrá darle en concesión cualquier otra frecuencia que considere necesaria.
Los recursos financieros de la empresa se obtendrán de partidas presupuestarias que asigne el Poder Ejecutivo, otros ingresos y el rendimiento de las actividades que realice, la comercialización y las ventas de sus productos o espacios y la participación en el mercado de la publicidad.
La Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes de la República, la Contraloría General de la República, las instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas públicas y todas las instituciones y dependencias del Poder Ejecutivo, pautarán en el sistema, mediante la agencia de publicidad del SINART S.A., creada en esta Ley, por lo menos el 10% de los dineros que destinen a publicidad e información en radio, televisión u otros medios de comunicación.
La sociedad podrá recibir donaciones o los aportes de personas físicas y jurídicas y de organismos nacionales o internacionales públicos o privados bajo la fiscalización anual de la Contraloría General de la República.
Anualmente el SINART S.A. rendirá cuentas de su gestión presupuestaria a la Contraloría General de la República y en abril de cada año presentará ante la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, una memoria escrita sobre su desempeño y funcionamiento en el cumplimiento de los objetivos y principios de esta Ley.
Todas las empresas del Estado con las cuales el SINART tenga deudas hasta la fecha de publicación de esta Ley, podrán condonar o renegociar lo adeudado.
Las prestaciones y los derechos laborales del personal que, con fundamento en un estudio técnico o de manera voluntaria, cese en sus funciones como consecuencia de la creación del SINART S.A., podrán ser cancelados por el Ministerio de Hacienda, mediante una partida con cargo al presupuesto nacional.
Quienes estén trabajando directamente en actividades propias del SINART desde antes de agosto de 2002 bajo alguna modalidad de contrato con la Fundación de Solidaridad con el SINART (FUNDASOL), pasarán a formar parte de la sociedad con todos los derechos laborales y de antigüedad que son reconocidos para el personal de la Institución.