Con reformas que han mejorado los servicios que prestan, el Poder Judicial está abierto a las críticas y no se considera un ente de decisiones «verticales» o exento de cometer errores.
El Poder Judicial no es un sistema perfecto, pero es democrático y respeta los derechos fundamentales, afirmaron los magistrados José Manuel Arroyo, Rolando Vega y Román Solís.
El Poder Judicial no está colapsado, afirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia -Luis Paulino Mora Mora-, quien junto con los magistrados Román Solís Zelaya, Rolando Vega Robert y José Manuel Arroyo Álvarez, refutaron declaraciones  del diputado José Miguel Corrales dadas a este Semanario en una entrevista publicada en la edición 1518.
En el despacho del presidente de este órgano, los funcionarios no solo rechazaron los cargos lanzados por el legislador del Partido Liberación Nacional, sino que se refirieron también a una serie de reformas desarrolladas por ese poder que, más bien, lo han fortalecido, junto con los servicios que presta.
Mora -de la Sala Constitucional-, Vega -de la Sala Segunda-, Arroyo -de la Sala Tercera- y Solís -de la Sala Primera-, alegaron que el Poder Judicial es un organismo integrado por seres humanos y que como tales, están expuestos a cometer errores que buscan corregir, al tiempo que desean quitarle la carga autoritaria que le queda, con el fin de aplicar una justicia democrática.
En un ambiente distendido, los magistrados hablaron durante casi dos horas sobre estos temas con los periodistas William Vargas, Eduardo Ramírez y con Thaís Aguilar, directora de UNIVERSIDAD. Participó también el encargado de la Oficina de Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia, Fabián Barrantes.

La entrevista fue gestionada por los magistrados para aclarar opiniones vertidas por el diputado Corrales en la información que tuvo como título «En este país la justicia es monárquica», en la cual cuestionó el «verticalismo» en la toma de decisiones y nombramientos, el tráfico de influencias y la forma en que se administra la justicia.
A continuación se ofrecen sus opiniones, transcritas y resumidas por el periodista Eduardo Ramírez.

¿Es cierta la afirmación del diputado José Miguel Corrales, de que el Poder Judicial está colapsado?

-Mora: No hay ningún colapso. Quien maneja datos de la justicia en América Latina y el mundo, puede darse cuenta que una justicia con las condiciones humanas y materiales que tienen los costarricenses -la cual resuelve  930.000 asuntos en un año, de 1.100.000 que entraron-, no puede estar colapsada. Entre lo acumulado y lo nuevo, el año pasado sumó cerca de 1.500.000 casos, lo cual es una carga de trabajo muy alta para nosotros.  Tenemos programas para identificar los asuntos atrasados y atenderlos. En algunos casos hemos reforzado la cantidad de jueces, como en el Tribunal de Trabajo y el Juzgado Civil de Hacienda de Goicoechea. En otros nos traemos los expedientes listos para resolver y asignamos a un grupo de trabajo de 14 jueces que tenemos aquí en la Corte, para que se dicte sentencia y devuelvan el expediente al respectivo juzgado. Hay una característica en estas jurisdicciones, y es que son aquellas que tienen mayor contenido social. En estos temas estamos más preocupados, pues según el grado de contenido social que pueda tener una materia, el conflicto que se cause dentro de ella origina más perturbación en la convivencia.

¿Hasta dónde el recargo que tienen los jueces afecta la administración de la justicia y en qué medida tiene esto que ver con el presupuesto?

-Mora: No tengo datos de cuánto podría ser una carga laboral razonable para un fiscal. Esta investigación hasta ahora no la hemos hecho en el país y tampoco en Latinoamérica. La gente dice que la carga es alta, pero hay asuntos que han sido resueltos muy rápido. Es muy probable que si éstas son altas, necesitaremos de más fiscales y para ello requeriríamos de más presupuesto.
-Solís: Hay cosas que no deben verse aisladamente, pues la delincuencia ha aumentado sobremanera; la cantidad y gravedad de los delitos hace que haya un mayor número de ofendidos ante el Ministerio Público. Esto afecta cuantitativamente la valoración que se pueda hacer respecto a la labor de este ministerio y el número de expedientes que se le asignen a cada fiscal. Recientemente la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal y convirtió las simples contravenciones en algo más grave, y todo esto aumenta la labor de los fiscales.

¿A qué atribuyen ustedes la opinión tan severa que tiene la población costarricense sobre el Poder Judicial?

-Mora: La última encuesta de Demoscopía señala que hay una alta aceptación del Poder Judicial entre la ciudadanía. Allí nos dicen que somos muy lentos, que la justicia debería de ser más pronta y que no los atendemos bien cuando llegan a las oficinas judiciales; pero, no nos hacen otros cuestionamientos, como uno que es muy corriente encontrar en otras latitudes latinoamericanas: corrupción del poder judicial. El hecho de recurrir a los tribunales con 1.100.000 asuntos por año, deja ver que hay mucha confianza en el Poder Judicial. La paz social que tenemos -y que es ostensible cuando se visita otros países, tiene mucho que ver con la acción de la justicia y con la distribución del conflicto social. Por otra parte, no es normal que los poderes judiciales estemos en un índice de aceptación más alto que el 70%, porque recordemos que siempre hay una parte que pierde. Por eso, entre el 60% y el 70% es muy bueno.
-Vega: Lo que nos interesa como institución, es que esa imagen que pueda tener el ciudadano, no sea consecuencia de una percepción equivocada, sino de una buena realidad. Hay que rescatar esfuerzos muy importantes de la institución por mejorar esa realidad. Tenemos una contraloría de servicios desde hace más de un año; los reportes sobre los logros alcanzados son muy positivos. Se va a continuar con un programa de visitas a circuitos judiciales de todo el país, con el fin de tener reuniones abiertas con el pueblo. Invitamos a participar en este programa de visitas a la Defensoría de los Habitantes, para que sirva de ente garante de los derechos de las personas y para que podamos sentir que ese  acompañamiento servirá para comprobar que el Poder Judicial actúa en forma abierta y transparente. Esto lo digo porque hay muchas etiquetas que se le han puesto históricamente al Poder Judicial, como hablar de «la sagrada corte suprema de justicia», de «los dioses del Olimpo» que quizás en algún momento tuvieron razón de ser. No creemos en el Poder Judicial que seamos inmunes a la crítica, que todo lo que se hace es perfecto. En un país de derecho, con un sistema democrático como el nuestro, la justicia debe ser vigilada por todos. Mal haríamos si no aceptamos con humildad y apertura críticas que podrían ser válidas y que nos puedan ayudar a corregir errores.
-Mora: Se le da mucha importancia a que la Corte actúa con mucho secretismo. Los invito a que nos visiten los lunes, cuando tenemos sesión de Corte Plena, y vean cómo se hacen las discusiones, excepto cuando se discute de nombramientos y de  régimen disciplinario de los magistrados, que por ley no es público.

El aporte que el BID dio para la modernización del Poder Judicial, pareciera que no es percibido como tal por la ciudadanía. ¿A qué se debe esto?

-Mora: Seguramente nosotros hacemos muy mal mercadeo; no hemos sabido comunicar las cosas. Por ejemplo, son como 60.000 las acreedoras alimentarias las que no tienen que esperar 15 o 22 días para que les entreguemos sus cheques y cambiarlo de inmediato en el banco. Las notificaciones, que antes tardábamos tres meses en hacerlas, ahora se hacen hasta en el mismo día de tomar la resolución.
-Vega: Don José Miguel Corrales tiene información bastante desactualizada en cuanto al acceso por Internet, ya que tenemos datos muy recientes de la cantidad de consultas de expedientes por este medio y llegaba en lo que va del año a unas 70.000; mientras tanto, en el segundo circuito judicial en Goicoechea era de 59.776, en Heredia 11.865, y en San Ramón 334. A medida que los abogados se vayan habituando a hacer estas consultas, nos ayudarán a mejorar el servicio, pues habrá menos gente que atender. Si la Asamblea Legislativa aprobara pronto el proyecto de ley de firma digital, estamos en condiciones de seis meses después o a más tardar en un año, de posibilitar que se litigue por medio de la red Internet.

¿En qué punto está el proceso de modernización con los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)?

-Mora: Está en un proceso de desarrollo. El primer préstamo estamos terminándolo este año e iniciando el segundo. Fuimos tan eficientes en el desarrollo del primero, que somos el único país de América Latina al que el BID le ha autorizado el segundo.

¿En qué medida afecta el hecho de que quien denuncia, investiga y sanciona, pertenece a un mismo sistema? ¿No deberían independizarse algunas instancias?

-Mora: ¿Cuál fue el Ministerio Público que recibió esta Corte en 1975 -creo que ni siquiera una máquina de escribir nos dieron- y cuál tiene hoy Costa Rica? ¿Cuál fue la defensa pública que recibimos y cuál es la que tiene ahora el país, y que es reconocida como uno de los mejores servicios públicos  por el estudio del Informe del Estado de la Nación? Yo retaría para ver cuál país latinoamericano tiene un organismo de investigación judicial como el nuestro. ¿Cuál tiene una morgue o unos laboratorios como los que tenemos? En algunos casos hasta tenemos mejor infraestructura que algunos sitios de Estados Unidos. Personalmente, estaría dispuesto a que se fueran; probablemente trabajarían más independientes si estuvieran fuera. Eso sí, para darle mi respaldo se debe garantizar que gozarían de más independencia de la que tienen aquí; además, tienen que darle independencia económica. Por allí hubo un proyecto que decía que nos quitaban un 2% del presupuesto y se lo daban a ellos. Nosotros le damos el 43% a estos órganos que coadyuvan en la administración de la justicia. No es tan fácil buscarle una solución a este problema.
-Solís: Esta es una experiencia muy costarricense y hay que verla dentro del antecedente histórico. En el antecedente que tenemos del Ministerio Público basta recordar las muertes extrañas y la Procuraduría General que actuaba como Ministerio Público, que era una oficina del Poder Ejecutivo y que actuaba cuando este quería acusar. Hubo una voluntad política, un momento coyuntural, en donde la Asamblea Legislativa dijo saquémoslo de ahí y se lo damos al único poder constitucional del Estado al cual le tenemos confianza, que es el Poder Judicial.
-Arroyo: El modelo costarricense es de lo mejor que se puede encontrar en la región y eso deberíamos valorarlo, entendiendo que no es un sistema perfecto, pero que es democrático y que respeta los derechos fundamentales de las personas. Si se decidiera sacarlos habría que ver en qué condiciones presupuestarias se hace, pues en cinco años se podría deshacer lo que costó 50 hacerlo.

Una de las juezas -Ana Eugenia Rodríguez- ha planteado formar un consejo de jueces que sea -elegido por jueces y personal administrativo del Poder Judicial- con los atestados más idóneos. ¿Qué les parece a ustedes esta propuesta?

-Mora: Cuando llegué hace 20 años a la Corte, ésta nombraba y disciplinaba a todos. Ahora solo escogemos a los jueces 5 que son de casación penal y a los jueces 4 de los tribunales superiores del resto del país, así como al jefe del Ministerio Público, de la Defensa Pública y del Organismo de Investigación Judicial. Lo demás se traslada a un Consejo Superior del Poder Judicial, en el cual la Corte tiene un miembro y los otros son representantes de los abogados, empleados administrativos, y jueces, y allí se hacen los nombramientos. Buscamos una organización que permita darle una mayor aplicación a la carrera judicial y también garantizar la no interferencia de la Corte ni del Consejo en la disciplina. Queremos que quien nombra no sea quien discipline. Hay muchos proyectos que han salido de la propia Corte, y allí están también las últimas reformas a la ley orgánica del Poder Judicial; así que no es una idea propia de ella (Ana Eugenia Rodríguez), sino que ha salido de la institución, que busca cómo desarrollarla.
-Arroyo: Hay muchos esfuerzos que está haciendo el Poder Judicial para reformarse a lo interno y el 2003 será importante en este sentido, aunque para ello se necesita el respaldo del Poder Legislativo.
-Solís: La mayor parte de estos cambios van a requerir de reformas legales y eventualmente hasta constitucionales; esto será resorte de la Asamblea Legislativa e incluso del Poder Ejecutivo, para que las impulse.

Uno de los temas tratados al interior de la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga al Poder Judicial, es el tráfico de influencias, que ha sido denunciado de diversas formas. El exjuez Ewald Acuña hizo fuertes afirmaciones, como que los jueces reciben presiones de la mafia organizada y de políticos.

-Mora: Los jueces estamos hechos para recibir presión. Cualquier planteamiento que se nos hace es una presión y cuando se nos demanda que resolvamos hay una presión. Este señor se refiere a una gestión que yo ejercí sobre él. A mí me hubiera parecido muy deleznable y fuera de lugar si hubiera presionado tratando de alterar esa independencia -a que hacía referencia don Rolando (Vega)-, para resolver el fondo del asunto. Aquí el juez tiene que ser muy celoso, absolutamente independiente, y solo la Constitución debe estarlo rigiendo. Pero, cuando hablamos del cumplimiento del deber, de la justicia pronta y cumplida, es lo que yo hice: la llamada para que un asunto no prescribiera en ese tribunal, creo que la llamada no solo del presidente de la Corte tendría lugar, sino de cualquier otro que le haga ver que los asuntos deben ser resueltos oportunamente. Los jueces somos empleados públicos y debemos dar razón de lo que hacemos.
-Arroyo: Estamos en la mejor disposición de mejorar los mecanismos de control. En aras de la independencia judicial no se puede admitir que un funcionario público -como es el juez- sea intocable y que no se le pueda pedir cuentas. Hemos buscado mecanismos de control para aplicar en un futuro, de manera que en condiciones normales un juez tenga un determinado rendimiento y entregue cuentas de su trabajo.

¿Consideran necesaria una reforma a la Sala Constitucional?

-Mora: La Sala Constitucional tiene como materia prima la Constitución Política, que es el techo de nuestra legislación, y además la fiscalización política,  porque de eso se trata el amparo principalmente, de ver cómo las instituciones públicas respetan los derechos de los ciudadanos. Hacer una sala constitucional que no tenga estas competencias, no vale la pena. ¿Que ha molestado a políticos y gobernantes…? Creo que sí. Pero cuando fue creada de eso se trataba.