En un balance del primer año de la administración Pacheco en el plano económico, especialistas afirman que el país sigue encaminado hacia una mayor desigualdad social.
Ronulfo Jiménez: ¿el invisible soy yo?
«En el Congreso están metidos los planes que van a hacer de esto (Costa Rica) un paraíso». Con esta frase, el presidente Abel Pacheco restó importancia, esta semana, a la más reciente encuesta sobre su gestión, realizada por el diario Al Día, y que reafirmó una caída sostenida en la aprobación ciudadana: bajó de 85.5% en agosto del año pasado, a 71% en febrero del presente y 64% en la actualidad.
No obstante, al hacer un balance del primer año de su administración, dos economistas coincidieron por separado en que Pacheco transita sin diferencia alguna por la misma senda de su predecesora, la impopular administración Rodríguez Echevarría, con lo cual se garantiza convertir al país en un «paraíso» de desigualdad.
Entre las principales carencias y peligros que implica la política económica oficial señalan la ausencia de una estrategia nacional de desarrollo, entrar sin ésta a una negociación como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se siga enfatizando en lo macroeconómico y la ausencia de voluntad política para realizar una reforma fiscal profunda (que grave a los sectores más rentables en lugar de poner el peso tributario en los sectores medios y pobres).
 
Juan Manuel Villasuso y Ana Rosa Ruiz, economistas de la UCR y del Instituto Tecnológico de Costa Rica, respectivamente, respondieron a tres preguntas de UNIVERSIDAD sobre la gestión de Pacheco. Estas fueron:
1. ¿Cuáles son las principales carencias y logros de la administración Pacheco en su primer año de Gobierno?
2. ¿Está de acuerdo con el Banco Mundial en que no hace falta aumentar la inversión social sino reasignar ese gasto? ¿Qué busca el Banco con esto?
3. ¿Cuáles son los principales peligros que acechan a la economía para el segundo año?
A pesar de nuestras reiteradas gestiones, al cierre de edición no fue posible contar con las respuestas de Ronulfo Jiménez, coordinador del equipo económico del Gobierno, quien parece haber cambiado su aquiescencia inicial con este crítico Semanario por una política, más que de bajo perfil, de invisibilidad.

Villasuso: ¿Y la inversión interna?

1. Me parece que las principales carencias son tres: falta de una estrategia de desarrollo nacional que tome en cuenta no solo lo económico, sino también lo social, dentro de la cual puedan enmarcarse la política comercial y las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos; falta de una política de crecimiento económico con mayores encadenamientos de las empresas nacionales (se «sobreenfatizan» la estabilidad macroeconómica y el ajuste fiscal); y falta de estímulo para el ahorro y la inversión interna, mientras se apuesta de manera exagerada a la inversión externa (no se hace nada por reducir los márgenes de intermediación del sector financiero costarricense).

2. Creo que el Banco Mundial tiene razón en cuanto a que es necesario mejorar la eficiencia del gasto social. Las auditorias de calidad para los programas sociales son indispensables. Sin embargo, los recursos destinados a atender los problemas de pobreza deben ser cada vez mayores si se sigue aplicando una política económica que profundiza las inequidades sociales y donde los sectores más ricos de la sociedad obtienen un porcentaje cada vez mayor de la riqueza nacional. En todo caso, el monto de recursos asignado a los problemas sociales está en función de las metas que un gobierno establezca para reducir la brecha social y la pobreza, y no corresponde a un organismo internacional opinar sobre esas metas y esos montos, cuya definición es materia política y no técnica.

3. Observo cinco peligros. Que el gobierno siga sin entender que la política económica no es solo estabilidad de precios, sino también crecimiento de la producción, generación de empleo y una mejor distribución del ingreso y de la riqueza. Que se apruebe una reforma fiscal que afecte a los sectores medios y pobres de la sociedad, en lugar de gravar prioritariamente a los grupos más adinerados. Que las presiones para aprobar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en poco tiempo obligue al gobierno a aceptar condiciones inconvenientes, sobre todo en materia de servicios, propiedad intelectual y agricultura. Que se apruebe una nueva legislación en materia financiera que convierta al Banco Central en un ente con poderes excesivos y una autonomía irrestricta.  Y, que se le conceda a la banca privada nuevas facultades, sin redefinir el papel de la banca estatal ni tomar medidas para reducir los márgenes de intermediación.

Ruiz: ingresos para pocos

1. La principal carencia es incorporar al país en negociaciones de comercio exterior con Estados Unidos sin tener un plan de inversión productiva por la cual se asegure que la apertura comercial sea una oportunidad para el sector productivo y para la clase trabajadora y no una amenaza.  De igual forma, no se tienen los mecanismos para garantizar que la inversión extranjera sea en áreas de alta tecnología, con encadenamientos productivos y que ofrezca empleos de calidad. El Tratado de Libre Comercio es una carta de buenas intenciones, pero no va de la mano con un plan político que asegure la protección de la producción nacional y un empleo justo, especialmente para las mujeres, a quienes se utiliza por sus características de mano de obra barata, flexible y no organizada.
Además, se promueve una estructura tributaria basada en impuestos indirectos, cuyos efectos son más perjudiciales para las familias pobres y en especial, aquellas jefeadas por mujeres.
También son un problema los recortes presupuestarios a instituciones claves para el desarrollo social. Disminuir el presupuesto del Ministerio de Educación y no permitir la reinversión del superávit de instituciones como el ICE, la CCSS y RECOPE, son acciones que empeorarán la calidad de vida de la población. Todas estas instituciones forman parte de los servicios básicos para esa calidad de vida, por tanto, debilitar sus presupuestos de operación e inversión, aumentará aún más la concentración de ingreso. En particular, para combatir la pobreza, debería ser una prioridad el fortalecimiento de la educación, pero se hace lo contrario, debilitarlo, con lo cual se arriesgan que aumenten las poblaciones excluidas.

2. La inversión social ha crecido de manera leve pero estable en los últimos lustros (Estado de la Nación, 2001) y, a pesar de ello, la gente no mejora sus ingresos ni condiciones de vida. Por tanto, cambiar esta tendencia sería un riesgo para la estabilidad del país, ya que no se ofrecen oportunidades de empleo. La inversión social se piensa como un fondo para combatir la pobreza y no se comprende que, en Costa Rica, significa un mecanismo de política social en busca de la equidad social de todos los sectores, principalmente los de bajos y medianos ingresos, para que puedan tener acceso a los servicios básicos.
Por tanto, se requiere de una política social tan fuerte como los esfuerzos hacia la exportación. De continuar «un crecimiento económico escaso que beneficia sobre todo a quienes tienen más» (Estado de la Nación) obviamente la inversión social será cada vez menos eficiente y más dirigida al asistencialismo y desintegrada de las otras áreas: educación, salud, vivienda, agua y luz.
La administración de los fondos destinados a la inversión social debe mejorar y, obviamente, requerirá de reformas estructurales. Por esta razón, los cambios deben mantener la tendencia de crecimiento de esta inversión, pues una reforma estructural no tiene un efecto inmediato ni se tramita de forma rápida.
Pienso que esta propuesta promueve liberar recursos para que el Gobierno disminuya el déficit fiscal o lo destine a otros fines. No obstante, recordemos que existen sectores productivos nacionales muy dinámicos e inversión extranjera que no paga impuestos y, por el contrario, enfrentamos una estructura fiscal que se sostiene en las personas asalariadas y los impuestos indirectos, que afectan más fuertemente a los hogares más pobres, en particular, aquellos jefeados por mujeres.

3. El principal peligro es que el país siga la tendencia sostenida hacia una concentración del ingreso, donde sean algunos sectores los que prosperan en forma acelerada, pero al margen del resto de la población (Estado de la Nación, 2001).  Esto es aún más grave para las mujeres, pues su desempleo es mayor, sus niveles salariales más bajos en comparación con los hombres y se incrementan los hogares jefeados por mujeres.