Las injustas tarifas que pagan los empresarios por usar frecuencias de radio y televisión, así como el desorden que impera en la asignación del espectro radioeléctrico, hacen impostergable la aprobación de una nueva ley de radio que regule la actividad acorde con la época.
Por falta de un marco legal adecuado o por desidia, la Oficina Nacional de Control de Radio no ha podido regular apropiadamente el uso del espectro radioeléctrico.
Mientras las actividades comerciales que realizan las radioemisoras y estaciones de televisión generan por año más de ¢30.000 millones por concepto de publicidad, las arcas del Estado apenas reciben ¢3 millones en pago por el derecho de uso de todo el espectro radioeléctrico.
Y como si fuera un chiste, los empresarios de radioemisoras que tienen asignadas concesiones en la banda de Frecuencia Modulada (FM) y los de televisión, no pagan ni un céntimo por este derecho, pues la ley de radio en vigencia data de 1954 y en esa época en Costa Rica no existía ninguna de estas dos formas de transmisión.
Todo esto deja en clara evidencia la necesidad de que el país cuente con una nueva ley que regule la asignación de frecuencias de radio, televisión y otras formas de telecomunicación, tal como lo propone un proyecto de ley que hace fila en la Asamblea Legislativa.
Pese a la urgencia de contar con este marco regulador, los intereses económicos de los sectores de televisión y radio son fuertes, y podrían «torpedear» este nuevo intento por ordenar el espectro radioeléctrico.
 
Como factores que atentarían contra la aprobación de una nueva ley, se puede mencionar que una buena parte de las frecuencias de radio y televisión están en manos de pocas familias o empresas. Asimismo, son miles de millones de colones los que están en juego, en la lucha por el «pastel» de la publicidad, que el año pasado superó en forma global los ¢52.000 millones, según datos de la firma Mediagurú.
Datos de la revista Actualidad Económica (5 de setiembre de 2002) revelaron que durante el primer semestre de ese año los canales de televisión vendieron publicidad por más de ¢12.000 millones y diez emisoras de radio obtuvieron más de ¢3.000 millones.
La diputada Laura Chinchilla, quien impulsa el nuevo proyecto (No. 15099) en conjunto con la legisladora Aida Faingezicht, no descartó el fracaso de este plan, en razón de los poderosos intereses comerciales que podría enfrentar.
No obstante lo anterior, representantes de radioemisoras externaron a UNIVERSIDAD su anuencia a que se apruebe una nueva legislación, que sustituya a la Ley No. 1758 de 1954, la cual se encuentra impugnada ante la Sala Constitucional (IV) en varios de sus artículos desde el año pasado.
El autor de la acción de inconstitucionalidad es Juan Manuel Campos y en su alegato cuestionó que incluso antes de 1954  «los concesionarios de frecuencias han sido prácticamente los mismos; no se observa ningún cambio en virtud del advenimiento de plazos y cuando éste se produce en la explotación de una frecuencia en Costa Rica se debe a dos situaciones: o se arriendan los derechos de uso o se venden por sumas millonarias en donde el Estado únicamente interviene como un simple tramitador».
En este sentido, cabe recordar que el trasiego comercial de frecuencias radiofónicas o televisivas es algo corriente en el país, a pesar de que el artículo 1 de la actual ley estipula que «los servicios inalámbricos no podrán salir definitivamente del dominio del Estado».
Para el director de la Oficina Nacional de Control de Radio – Melvin Murillo Álvarez-, lo anterior ocurre por vacíos legales en la ley vigente.
Al amparo de estas supuestas deficiencias, se desarrolla un mercado negro de frecuencias, en donde los concesionarios obtienen multimillonarias ganancias en detrimento del Estado.
Como ejemplo de estas transacciones, se puede citar la venta de la polémica Radio María, por la cual se pagaron ¢150 millones, según informaron los medios de comunicación a mediados del 2001. En una información de 1988, UNIVERSIDAD detalló que este costo oscilaba entre ¢4 y ¢5 millones.
 
FRECUENCIAS AGOTADAS
 
Para explicar cómo funciona el llamado espectro radioeléctrico, Melvin Murillo recalcó que se puede definir como el espacio libre por el que se propagan las ondas radioeléctricas. Este se divide en bandas y una frecuencia es como un canal que, dependiendo del uso que se le vaya a dar y de cuánta información vaya a transmitir, tiene un ancho de banda determinado. El ancho de las frecuencias está definido internacionalmente por el Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones, dijo Murillo.
Según el funcionario, hay 7.500 frecuencias. Para radiodifusión hay 54 en FM y 63 en Amplitud Modulada (AM); y para televisión hay un total de 68 canales, todos ya asignados . Desde  principios de los años 90 se agotaron todas estas frecuencias.
A partir de lo anterior, se estima que el Estado podría recaudar una cifra superior a los ¢800 millones anuales, por concepto del uso de frecuencias radioeléctricas, según detalla el proyecto de ley que plantea la reforma.
Sin embargo, lo que la Oficina de Control de Radio percibe por el uso de todo el espectro radioeléctrico son ¢3 millones al año, precisó Murillo. Esto, porque los montos por las licencias oscilan entre ¢1.000 y ¢4.000, según la ley vigente.
Como una muestra de los montos ridículos que se pagan, el pasado 6 de mayo el representante de una de las emisoras se presentó a pagar los derechos que adeudaba desde 1996. En total canceló ¢8.000 por dos frecuencias.
En países como México, por ejemplo, se paga un porcentaje que oscila entre el 8% y el 10% sobre los ingresos totales de la emisora, dijo Murillo, y por eso su Oficina propuso que aquí se cobre un 0.5% a cada emisora y canal televisivo; pero,  muchos criticaron la iniciativa, porque esto castigaba la eficiencia, pues entre más eficiente fuera una estación, más iba a pagar, puntualizó.
Otro problema de la ley vigente, es que si bien las concesiones se dan por tiempo limitado, se renuevan automáticamente si se pagan los impuestos correspondientes anualmente. Entonces, cada año los concesionarios las renuevan, sin que el Poder Ejecutivo tenga potestad para rescatarlas en caso de que no se usen adecuadamente.
En cuanto al método para otorgar las concesiones, Murillo indicó que es bastante ambiguo, ya que basta con llenar los requisitos, y por eso ahora no quedan frecuencias libres. A los que ya tienen frecuencias asignadas, no se les puede quitar, dado que ellos no tiene culpa de las debilidades de la ley, argumentó.
Respecto al trasiego comercial de frecuencias, aseguró que su Oficina no puede oponerse si verifican que la persona a quien se transferirá la frecuencia cumple con todos los requisitos. De igual manera, rechazó que durante su dirección se haya dado tráfico de influencias a la hora de asignarlas. «Lógicamente se puede prestar para eso, porque no hay un proceso transparente», reconoció.
Ante un panorama legal tan poco favorable para regular el sector, Murillo manifestó que, para cumplir adecuadamente con sus responsabilidades, la Oficina de Control de Radio necesita una legislación que le permita cobrar a los concesionarios montos justos, y al Estado las herramientas legales para rescatar las concesiones que son mal usadas, y poder sancionar a los infractores de los servicios de telecomunicación.
 
49 AÑOS SIN CAMBIOS
 
Vale mencionar que  la Ley No. 1758 no ha podido ser reformada desde hace 49 años, aunque en la década de los 70, Carmen Naranjo, quien dirigía el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en esa época, hizo un primer intento por actualizar la normativa; pero no tuvo éxito por la oposición de los sectores empresariales (ver «Ley de radio genera divergencias», en UNIVERSIDAD del 11 abril de 2003).
Desde entonces se conocen pocos intentos de la Oficina Nacional de Radio, por impulsar una reforma. En 1995 presentaron un proyecto de ley que aunque ocupó el primer lugar en la agenda legislativa, no se discutió en plenario «por factores externos», según recordó Murillo.
Algo similar ocurrió cuando en 1996 la Asamblea conoció el proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones  (posteriormente, en 2000, llamado «combo del ICE»), el cual incluía nuevas regulaciones al espectro radioeléctrico; el proyecto original de la Oficina se archivó y al no pasar tampoco el combo, este plan también se engavetó.
La desidia pareciera haber reinado todos estos años en la Oficina, y su  director de alguna manera lo acepta, al reconocer que «ha faltado un poco de interés de la administración en modificar la ley;  pero se han hecho esfuerzos».
Explicó que desde 1999 entregaron al Poder Ejecutivo una reforma al reglamento vigente de Estaciones Inalámbricas (1956), que incluye un nuevo plan de distribución de frecuencias y fija plazos para el otorgamiento de las concesiones: cinco años para servicios privados de telecomunicación y 15 para los de radiodifusión sonora y de televisión, con una renovación automática.
«Esta reforma al reglamento está en la Casa Presidencial desde ese año y todavía no se ha dado la voluntad política para aprobarlo como decreto ejecutivo», lamentó.
Ahora la Oficina decidió preparar su propio proyecto que, a diferencia de las diputadas Chinchilla y Faingenzicht , pretende crear una ley completamente nueva. » Creemos que a la ley no hay que hacerle un parche, sino crear una nueva que ordene el uso del espectro radioeléctrico».
«También lo hemos consultado con las diputadas, para ver si en su momento lo puedan acoger como un proyecto sustitutivo, pues concordamos con su proyecto en lo relativo a sanciones y montos a pagar por frecuencia».
La legisladora Chinchilla confirmó a este Semanario que hay interés del Poder Ejecutivo para sustituir dicho proyecto por uno que elaboran junto con la CANARA, la cual discrepa en algunos puntos, aunque comparte la necesidad de contar con nueva legislación para el sector, especialmente si la Sala IV acoge la acción de inconstitucionalidad que estudian.
De acuerdo con la diputada, es difícil coincidir en todos los alcances de proyecto, puesto que los empresarios defenderán sus intereses privados, y los diputados por su parte, tratarán de velar por el interés público. Se inclina por buscar al máximo un punto intermedio y por eso no descartó que pudieran ceder el campo a un texto sustitutivo.
Sí destacó la urgencia de contar con una nueva, en vista de que «hay tendencias peligrosísimas de naturaleza monopolística, sobre recursos tan importantes como el espectro radioeléctrico». Además, cuestionó que se dé un «mercado negro» en donde se comercian frecuencias a precios exorbitantes y el Estado no recibe ningún beneficio.
 
TEMORES
 
Mientras tanto, en el sector empresarial de radio, quizás el mayor temor en torno a cualquier cambio a la ley que los rige, es perder los derechos adquiridos, y con ello los beneficios que obtienen en la actividad.
Así lo hizo ver el gerente administrativo del grupo de emisoras Columbia -Raúl Quesada-, para quien el proyecto de Faingenzicht y Chinchilla en algunos aspectos atenta contra los intereses de los concesionarios y su subsistencia.
En concreto criticó los cánones anuales que se establecerían, los cuales serían para algunas emisoras imposibles de pagar, debido a que son rurales o locales y por ello no generan ventas suficientes de publicidad, aparte de que hay muchas radioemisoras «y ese pastel se ha hecho muy pequeño».
Cree que las tarifas por la frecuencia sí deben ser actualizadas, pero «de acuerdo con una realidad manejable y sostenida en el tiempo, para que no se transformen al final en un enemigo».
Acerca de la intención del proyecto en mención, de sacar a subasta las frecuencias, considera que podría aplicarse esta modalidad, siempre y cuando se respeten los derechos adquiridos por quienes ya tienen frecuencias.
En opinión de Quesada, «la iniciativa de las diputadas puede ser un paso importante para contar con una ley marco tan necesaria, en donde las emisoras estén cubiertas por una ley, y no como ahora, que hay una ley muy vieja y todo el mundo la cuestiona. Es necesario actualizarla, para que abarque los cambios ocurridos y las nuevas tendencias».
Por su parte, el gerente de la radiocadena Fundación -Guillermo Azofeifa-, abogó también para que se respeten derechos adquiridos y apoyó la defensa  que ha planteado la CANARA ante el proyecto.
Defendió la labor social que han desarrollado las radioemisoras en todo el país «y esto debe ser tomado en cuenta». Una de ellas es la cadena que representa, integrada por Radiactiva, 103, Momentos y Libertad, las cuales pertenecen a una fundación que con los ingresos financian programas de becas para estudiantes de bajos recursos.
Quesada no le ve vialidad al proyecto tal como está planteado, aunque está consciente de que es necesario actualizar los cánones que se les cobran por los derechos radiales.
Por otro lado, el empresario Roberto Hernández -del grupo conformado por Radio Centro, Metrópolis- prefirió no referirse al tema y remitió al director de la CANARA, Andrés Quintana, quien en la edición 1521 de UNIVERSIDAD aseveró que el proyecto en referencia busca castigar el esfuerzo de las familias que aportaron recursos para brindar un servicio a la comunidad y al país.
No queda duda de que la aprobación de una nueva ley para el uso de las frecuencias radiofónicas y televisivas es una necesidad impostergable.
«Esperamos que los empresarios reconozcan que de no regularse el sector, en cualquier momento puede explotar por la vía de una acción de inconstitucionalidad, que los dejaría desprotegidos de la noche a la mañana», advirtió la diputada Chinchilla.
CAMBIOS SONOROS
El proyecto de ley propuesto por las diputadas Aida Faingezicht, del Partido Unidad Social Cristiana y Laura Chinchilla, del Partido Liberación Nacional y quien conoce bien el funcionamiento de la Oficina de Control de Radio por su gestión como Ministra de Seguridad y Gobernación (1994-1998), promueve las siguientes reformas:
-El Estado no otorgará más de una  frecuencia a personas físicas o jurídicas para el establecimiento, manejo  y explotación de servicios de radiocomunicación o para radiodifusión sonora y / o televisiva.
-Las concesiones del derecho de uso de servicios de radiocomunicación otorgados por el Estado son intransferibles, salvo  mortis causa en que los herederos usarán la frecuencia en los mismos términos y por el plazo restante que fue otorgada la concesión.
-Las concesiones tendrán una vigencia de 5 años para servicios privados de radiocomunicación en agricultura, ganadería, industria o comercio y costarán tres salarios  base). Y tendrán una vigencia de 10 años para servicios de radiodifusión sonora y de Televisión (de acceso libre en V.H.F y en U.H.F.,  por suscripción por ondas radioeléctricas, vía cable   o directa  por satélite), por la que se pagará la tarifa establecida en el contrato de concesión  según lo establecido en el cartel de licitación.
-Las concesiones de frecuencias que se otorguen para el uso de los servicios     radiocomunicación se otorgarán por medio de licitación pública según lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa.
-La base del monto económico del derecho de concesión no podrá ser menor a diez salarios base.
-Se consideran infracciones graves cambiar la ubicación  de una estación transmisora, salvo las inscritas como móviles, sin la previa autorización de Control Nacional de Radio; usar lenguaje ofensivo en medios de radiocomunicación pública; o transmitir programas de radiodifusión sonora o televisiva de otras estaciones sin el consentimiento expreso de los propietarios de los derechos de transmisión o de los derechos de autor.
-A quien cometa una infracción grave se le impondrá una multa equivalente a cinco salarios  base.

Fuente: Proyecto de ley, Reforma a la Ley No. 1758, 19 junio, 1954, Ley de Radio