Mientras los trabajadores del ICE y el gobierno miden fuerzas en relación con las finanzas que requiere la institución para operar, la sombra del despido desvela a miles de empleados. Por otra parte, en la Asamblea Legislativa apenas calienta la discusión sobre un proyecto de ley de fortalecimiento de la institución.
El lunes 12 el personal del ICE se manifestó frente al Banco Central, para protestar por la no aprobación de los bonos que le darían aire a la institución.
Incierto. Así es el futuro del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al cierre de esta edición, mientras los trabajadores de la institución convocan a una huelga indefinida a partir del 16 de mayo, ya que el Banco Central no aprueba la emisión de bonos por ¢38 mil millones requeridos para que la empresa más grande de Centroamérica en este campo pueda seguir operando y cumplir con las metas señaladas para este año.
Por segunda vez en lo que va del año, miles de empleados vestidos de amarillo marcharon por las calles de la capital el pasado lunes 12 de mayo con pancartas para exigir el derecho al trabajo y los recursos necesarios para terminar los proyectos de electricidad y telecomunicaciones en marcha y así satisfacer las demandas que requiere la población.
La falta de liquidez en la institución es tal que «decenas de trabajadores de proyectos en energía no tienen material para laborar y la sombra del despido pende sobre ellos», aseguró a UNIVERSIDAD Jorge Arguedas, coordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT).
La versión fue confirmada por autoridades superiores del ICE que no descartaron el inicio del cese de contratos de empleados fijos en los próximos días como consecuencia de los atrasos en la aprobación de recursos.
 
En medio de la peor crisis en sus 53 años de existencia, el ICE se debate entre los intentos de fortalecerlo permitiéndole mayor flexibilidad en su capacidad de endeudamiento y los neoliberales del gobierno de Abel Pacheco que se empeñan en considerar que la institución debe reducir su presupuesto y gastos «en un afán por estrangular al instituto para luego justificar su privatización,» según los dirigentes sindicales.
Por su parte los voceros gubernamentales consideran que los montos pedidos son excesivos, lo cual afectaría las proyecciones económicas nacionales para este año.
 
¿POR QUÉ LA CRISIS?
 
Para autoridades del ICE y sindicalistas, la actual coyuntura financiera es fruto de la negativa del gobierno y de su equipo económico a autorizar los recursos necesarios para operar.
«La falta de liquidez es evidente, se ha utilizado incluso el dinero de los salarios para hacer frente al pago de proveedores», explicaron dirigentes sindicales el pasado 8 de mayo.
La crisis, agregaron, es fruto de decisiones adoptadas por el Ministro de Hacienda, Jorge Walter Bolaños de exigir en agosto pasado que el presupuesto para 2003 en todas las instituciones estatales solo pudiera crecer 5,9% más que lo ejecutado el año anterior.
Esto colocaba al ICE en un serio problema financiero y amenazaba el desarrollo de obras de mantenimiento y cobertura en electricidad y telecomunicaciones contempladas en el plan de contingencia aprobado, luego de la lucha contra el combo en 2000.
Las protestas llevaron al gobierno a firmar un acuerdo en setiembre pasado donde se excluía al ICE de la directriz y según el cual se autorizaría la emisión de bonos por ¢38 mil millones y se aprobarían préstamos con bancos internacionales para el desarrollo de obras.
Sin embargo, el acuerdo fue irrespetado por el gobierno y los trabajadores salieron de nuevo a la calle en febrero, hasta que el 16 de ese mes firmaron un nuevo documento que a la fecha no se ha cumplido. Ronulfo Jiménez, coordinador del equipo económico, Jorge Walter Bolaños, Ministro de Hacienda y Francisco de Paula Gutiérrez, Presidente aprobar la emisión de bonos.
 
ARGUMENTOS CONTRAPUESTOS
 
Según el cristal con que se mire, la razón del diferendo actual tiene varias explicaciones. Para los economistas neoliberales, toda inversión se contabiliza como gasto y permitir que la institución pague ¢7 mil millones mensuales a proveedores, cuando solo recauda ¢5 mil millones cada 30 días, es un sinsentido que puede afectar la golpeada economía nacional.
Según el Presidente del Banco Central de Costa Rica, Francisco de Paula Gutiérrez, la emisión de bonos solicitada por el ICE es improcedente «por cuanto aumentaría el déficit global del sector público y contrastaría con el programa monetario fijado para este año según el cual el déficit en el sector (público) no aumentaría más del 3.1%».
En su criterio «la colocación de bonos en el mercado interno ocasionaría una competencia por dichos recursos y podría presionar las tasas de interés internas o impedir que el gobierno o el Banco Central capten los recursos requeridos para alcanzar las metas establecidas para este año».
Sin embargo, en opinión de los técnicos del ICE, de Pablo Cob, Presidente Ejecutivo de la institución y del FIT, «la emisión de bonos y un aumento de tarifas (que no se realiza desde hace dos años) solucionarían el problema de liquidez».
Además, «no presiona las tasas de interés en el mercado financiero local ni reduce la disponibilidad crediticia en el mercado local para los demás sectores productivos, pues se aprovecharían las ventajas en la baja de intereses del mercado internacional», explicaron los financistas del ICE al presidente Pacheco en una nota enviada el pasado 2 de mayo.
Por su parte, Pablo Cob ha reiterado la necesidad de obtener los recursos pues «por cada dólar que se invierte en la institución, se aportan 13 más al desarrollo nacional».
Los dirigentes sindicales analizan los argumentos del gobierno como un nuevo intento por debilitar la institución «desde hace cinco administraciones, los gobiernos intentan privatizar los servicios de energía y telecomunicaciones para que empresas transnacionales operen en el país con costos muy bajos y sin mayor inversión, optimizando las ganancias», explicó el coordinador del FIT.
Además con la aprobación de los bonos «no se piden recursos adicionales del gobierno, no se le quitan dineros ni al gobierno ni a ninguna institución».
Arguedas recordó que el ICE «es una empresa solvente y requiere de créditos para desarrollarse; si las inversiones no se hacen, habrá racionamientos eléctricos y deterioro en los servicios».
Se trata de dos concepciones de desarrollo que se enfrentan cuando el tema de la apertura de las telecomunicaciones enciende la discusión en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
«Recordemos que Costa Rica es el único país de la región en tener bajo control estatal a las telecomunicaciones y que grupos transnacionales han expresado su interés en competir en el mercado local o comprar el ICE».
 
CONSECUENCIAS
 
Mientras prosigue la pugna entre el sector económico del gobierno y los dirigentes y autoridades del ICE, las consecuencias de la falta de recursos ya se hacen sentir.
El pasado 8 de mayo fueron despedidos 16 funcionarios del Proyecto Tejona en Tilarán.
Sin los montos necesarios se paralizarán proyectos de desarrollo eléctrico y se pone en peligro el empleo de tres mil trabajadores, en su mayoría jefes de hogar.
La situación agudizará el desempleo en las zonas rurales donde se ubican los proyectos. Esto incrementa el riesgo de quiebra de más de dos mil pequeños empresarios rurales que brindan servicios e insumos a los proyectos.
Esto significaría el cierre de nuevas contrataciones de bienes y servicios en el sector electricidad, y de los compromisos asumidos con contratistas en los proyectos.
Con la paralización del proyecto de renovación y extensión de red de distribución eléctrica, cerca de 5.344 familias no podrán acceder al servicio de electricidad.
En el sector de telecomunicaciones se estima que los ingresos se reducirían en ¢99 mil millones, lo cual imposibilita la expansión de los servicios.
La falta de recursos impedirá dar el servicio de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley y se afectará la competitividad en áreas industriales, comerciales y turismo.
Comisión Mixta del ICE
El debate apenas empieza
Un nuevo intento por fortalecer el ICE es la carta principal que se juega en la Comisión Especial Mixta que analiza un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.
Se trata del expediente 15083 que analiza la reforma a la Ley 449 creadora del ICE. Dos iniciativas se discuten, por un lado el proyecto 14.669 (elaborado del el Partido Liberación Nacional en noviembre de 2000) referente al fortalecimiento de la institución en el marco de una comisión mixta especial creada el 4 de abril de ese año para analizar la suerte del extinto «Combo del ICE».
La propuesta fue elaborada por el entonces diputado Guido Alberto Monge y fue enviada a inicios de abril de este año a organizaciones sindicales del ICE, autoridades superiores de la institución, municipalidades, universidades estatales, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, grupos ambientales y cooperativas de electrificación rural.
La comisión conoce además el texto elaborado por diputados, autoridades y sindicatos del ICE que fue avalado con la firma de 36 legisladores y que el poder ejecutivo envió a sesiones extraordinarias tras el acuerdo firmado el pasado 16 de febrero.
Para el exdiputado José Merino del Río, del Foro de Acción Política, la reforma a la ley del ICE «puede ser una excelente oportunidad para forjar un amplio frente político y social en defensa del mejoramiento de la institución. Es necesario establecer un diálogo nacional franco, abierto, sin restricciones alrededor de ese proyecto, que sirva también de marco para el análisis del ICE, en el contexto nacional e internacional».
«El FIT y los trabajadores del ICE se ganaron el respeto y el cariño de nuestro pueblo. Por eso su responsabilidad es muy grande, deben estar a la altura y dar de nuevo un ejemplo de inteligencia, firmeza, amplitud y patriotismo, como lo han hecho en momentos decisivos para la vida de nuestro país», agregó.
Sin embargo, según Federico Malavassi, diputado del Movimiento Libertario y miembro de la instancia legislativa, la comisión es el espacio para que el ICE explique por qué la institución tiene cuentas por cobrar que ascienden a ¢42.234 millones y ha abandonado ya 659 juicios cobratorios, según denuncias del Juzgado Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.
Además debe explicar por qué impulsa compras de 600 mil líneas celulares que generarán pérdidas por unos ¢50.000 millones. Igualmente, el Consejo Directivo, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General incluyeron en el presupuesto de 2003 partidas para viajes al exterior la suma de ¢ 94.6 millones, en becas ¢39 millones y alimentos por 34 millones de colones.
Como respuesta, las autoridades del ICE informaron a la comisión que la demanda de celulares por mes pasó de 17.724 en 2001 a 22.922 el año siguiente y en 2003 a 24.292. «Hace tres años los clientes esperaban hasta 14 meses por un celular, hace un año 9 meses y ahora lo pueden obtener inmediatamente», detalló Alvaro Retana, Subgerente de Telecomunicaciones.
Para Carlos Obregón, Subgerente de Energía, «el crecimiento de la demanda en electricidad para en el lapso 2001-2005 es de 5.3% anual y de 2006 a 2224 será de 5.6%. Indicó que la cobertura en electricidad es del 92,5%, y la capacidad instalada al 2002 fue de 1756 megavatios hora».
Mencionó que ante el rezago en el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, los proyectos de ampliación de Cachí y Tejona tendrán que posponerse.

Compromiso

Para organizaciones campesinas y ambientales, el proyecto de ley que se discute en la Comisión no es el mejor, pero podría modificarse incorporando vía mociones aspectos que permitan el fortalecimiento del ICE pero con un mayor compromiso en materia ambiental, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Según la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y la Mesa Nacional Campesina, es necesario fortalecer al ICE como institución pública que brinda servicios de suma importancia para el país, por eso indican que en el texto que se discute en la Comisión Mixta no se menciona la urgencia de derogar las leyes 7200, 7508 que abrieron el paso a la cogeneración privada de electricidad.
Señalan además que el proyecto de ley elaborado por la Representación Social de la Comisión Mixta, surgida luego de la lucha contra el Combo, es el mejor plan elaborado hasta el momento.
Esto por cuanto representa un hito histórico ya que es producto del consenso de importantes sectores sociales, luego de una lucha que involucró a toda la sociedad.
Para dirigentes de FECON y de la Mesa Nacional Campesina el proyecto de ley 15083 «tiene graves carencias en materia ambiental, lo cual no puede ser solventado solamente agregándole un capítulo más, ya que el uso sostenible de los recursos naturales es un elemento clave en la mejora de la calidad de vida de la población».
Consideran que la propuesta justifica un vuelco de la generación energética hacia mercados externos lo cual es coherente con el Plan Puebla Panamá y otras imposiciones del libre mercado como principal elemento en las propuestas neoliberales. En este sentido, no responde a una planificación real de las necesidades nacionales.
Abogan por un mayor articulado en materia ambiental  que haga operativo el derecho humano fundamental a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; deben explicitarse mejor los mecanismos de participación ciudadana señalados en la propuesta.
Agregaron que el texto es cómplice del debilitamiento del ICE al no hacer mención a las leyes que han permitido la generación y cogeneración privada. Es necesario vincular al ICE con el Plan de Desarrollo promoviendo un modelo de planificación que trascienda los cuatro años de cada gobierno, ya que en el proyecto se le desarticula de este plan así como de las políticas de desarrollo.

Procuraduría objeta

Por su parte, la Procuraduría General de la República, considera que el texto riñe con algunos aspectos constitucionales. Así lo señala en un dictamen, no vinculante, redactado por la Dra. Magda Inés Rojas Chaves el 24 de marzo pasado.
Según Rojas, los procesos de descentralización administrativa planteados en el proyecto de ley dejan de lado la potestad de dirección que sobre el ICE debe tener el Poder Ejecutivo.
Al definirse que el ICE fije sus propios programas y políticas sin prever los planes, políticas y programas del Gobierno, se violenta el principio ordenador del Poder Ejecutivo, agrega.
La Procuraduría objeta la ausencia de vínculo entre el Instituto y las políticas macroeconómicas del país y que al permitírsele un fuerte endeudamiento (un apalancamiento  sobre sus activos del 60%), se generarían graves problemas financieros y monetarios.
Cuestiona la «explotación y el desarrollo de los servicios inalámbricos y de las telecomunicaciones por cualquier medio» y considera que la situación se agrava porque el ICE contará con las respectivas «concesiones de pleno derecho», lo que implica que eventualmente no tendría que justificar qué servicios de radiodifusión pretende explotar y queda la duda de cuál sería la situación jurídica de las personas que explotan esos servicios.
Apunta la ausencia de controles en la autorización para realizar proyectos en el exterior y para constituir subsidiarias; cuestiona que la institución tenga el derecho de prioridad sobre todo recurso hídrico, sin que importe al efecto la declaratoria de reserva nacional.

Buscar el equilibrio

Estas observaciones más las discusiones que se darán en el seno de la comisión legislativa presagian un ambiente caldeado.
Mientras la diputada Gloria Valerín del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) quien preside la Comisión y Luis Gerardo Villanueva del Partido Liberación Nacional (PLN) han reiterado su apoyo al texto presentado por los sindicatos y autoridades del ICE, Federico Malavassi y Olman Vargas del PUSC tienen reservas en algunos puntos.
El legislador Rodrigo Alberto Carazo del Partido Acción Ciudadana (PAC) dio su apoyo al ICE pero intentará incluir aspectos del proyecto elaborado por la Representación Social en la Comisión Mixta anterior que no se incluyen en el actual texto.