Mientras la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados pide cuentas al Gobierno sobre ¢1.000 millones solicitados para costear las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la Pastoral Social de la Iglesia Católica demanda una discusión transparente.
Quines negocian el TLC con EE.UU. cuando se reunieron con la responsable de ese país Virginia Vargo, durante la recién concluida cuarta ronda, realizada en Honduras.
La preocupación de diversos sectores del país por las aceleradas y poco participativas negociaciones de un eventual Tratado de Libre Comercio con EE.UU (TLC) adquirió una nueva dimensión luego de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) pidiera cuentas al Gobierno por la solicitud de una transferencia por ¢1.000 millones ($2.5 millones) realizada por el ministro de Hacienda, Jorge Walter Bolaños, «para ayudar al proceso que está llevando a cabo el Ministro de Comercio Exterior, señor Alberto Trejos, relativo al TLC con Estados Unidos.»
Según explicó la ANEP, así consta en el Oficio DM-292, del 17 de febrero pasado, enviado por Bolaños al viceministro de Planificación, Jorge Polinaris Vargas.
El dinero provendría del Contrato de Préstamo No. 569/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, y fue aprobado por la Asamblea Legislativa por un total de $6 millones, en 1994.
 
«Mil millones de colones significa que, en una población de 4 millones de personas, a cada costarricense (hombre, mujer, niño, niña), el proceso del TLC le costará ¢250 mil, pues esa escandalosa cantidad de dinero debe pagarse a la entidad bancaria que la presta», dice la ANEP en un comunicado de prensa.
La Asociación también pidió al Gobierno «rendir cuentas plenas de por qué tan escandalosa erogación, si el COMEX cuenta con un equipo numeroso de negociadores comerciales de alta experticia, a quienes se les pagan salarios significativos con cargo al Presupuesto Nacional».
«Otra situación grave es que esa transferencia no será reembolsable al fondo de preinversión correspondiente, lo cual afectaría a proyectos que sí tendrían respaldo financiero con esos dineros. Estamos hablando de que podría verse entorpecido el financiamiento de estudios de catastro y planes reguladores en los gobiernos locales», agrega.
La ANEP anunció que trasladará esta denuncia a la Contraloría General de la República, la Defensoría de las y los Habitantes, y a la Asamblea Legislativa.
Desde el pasado 15 de mayo, UNIVERSIDAD trató de obtener respuestas del COMEX a tres preguntas: ¿Es cierta la afirmación de la ANEP? ¿Cómo se invertirá este dinero? ¿Cuánto costará a Costa Rica la negociación total del TLC? Pero, al cierre de edición (lunes 19 por la noche), y pese a los esfuerzos de las responsables de prensa de ese Ministerio, el resultado fue infructuoso.

«CONSUME TIEMPO Y TRABAJO»

La Pastoral Social de la Iglesia Católica, que incluye a la Arquidiócesis de San José y a las diócesis de Alajuela, Limón, San Isidro de El General, Tilarán, Ciudad Quesada y Puntarenas, se pronunció, el pasado 16 de mayo, a favor de una discusión transparente, participativa y ética del TLC con EE.UU, y manifestó su alarma por la premura con que el Poder Ejecutivo lleva a cabo las negociaciones.
«Nos preocupa y desvela la celeridad con la que se está llevando el Tratado. Consideramos importante reflexionar este punto y hacer una pausa. Si en tratados anteriores se ha trabajado durante dos y más años, ¿por qué tanta prisa en el presente? ¿De dónde ha nacido esta iniciativa y por qué? ¿Ha existido algún cuestionamiento al respecto? ¿Serán suficientes algunos meses frente a un Tratado de tanta envergadura como el presente? ¿Se ha pensado por parte de nuestro país, en los tiempos necesarios para una consulta seria, profunda y dialogada?», preguntan los obispos en su «Comunicado de la Pastoral Social-Caritas con motivo del Tratado de Libre Comercio».
«Como Pastoral Social de la Iglesia Católica, nos interesa sobremanera el aspecto ético de negociación al concluir el TLC, pero de un modo especial nos interesa la ética del proceso mismo de las negociaciones, lo que incluye transparencia y consulta a todos los niveles y sectores potencialmente afectados, así como una consulta seria intersectorial y no sólo vertical, con una participación efectiva de todos. El que se haya expresado una cláusula de confidencialidad por parte de los Estados Unidos, ¿no atenta contra la transparencia del proceso? Si no se conocen bien las reglas del juego, ¿cómo podríamos hacer para jugar limpio?», preguntan.
Los obispos también manifiestan su preocupación por el costo económico y social que la negociación del Tratado implica para la población. «Al gobierno y a todo nuestro pueblo queremos decirles que el TLC con los Estados Unidos nos está consumiendo el tiempo y el trabajo a muchos costarricenses. Creemos que es nuestra responsabilidad alertar a todos, con el fin de que el TLC no aparte la mirada de tantos y tantos problemas que tenemos en nuestras manos como la inseguridad social, la educación, la vivienda, la realidad fiscal, el alcoholismo, drogadicción y prostitución infantil, tráfico de drogas, pobreza de un alto sector de la población y otros, que deben ser atendidos con toda prontitud.»

BENEFICIOS CONCENTRADOS

El VIII Informe sobre el Estado de la Nación, fue la primera voz de alerta sobre el hecho de que quienes se benefician del actual modelo exportador, son un reducido número de empresas.
«Tanto en la agricultura como en la industria, las cuatro mayores empresas exportadoras aportan más del 35% de las exportaciones del sector respectivo. Además, los cuatro principales productos de exportación agrícolas (banano, café, piña, follajes y hojas) dan cuenta del 75.8% de las exportaciones de esa actividad, mientras que en la industria los cuatro productos más importantes (repuestos para circuitos, textiles, equipos de infusión y transfusión, y medicamentos) representan más del 50% de las exportaciones sectoriales», dice.
Según el Departamento de Comercio de EE.UU. -citando a la Coalición de Iniciativas Empresariales (CINDE)-, en 1998 un total de 156 empresas costarricenses exportaban al mercado de ese país.
Los mil millones de colones que supuestamente pide el Ministerio de Hacienda para financiar la negociación de este TLC, equivalen a un poquito más de cuatro veces los ¢265 millones aprobados -pero todavía no recibidos- por quienes se dedican a la horticultura, para «reconvertirse» y poder afrontar la competencia desigual que impondría un TLC con EE.UU…
Como se ve, es un asunto de las prioridades del Poder Ejecutivo.