Un dictamen reciente de la Procuraduría General de la República puso en estado de alerta al Magisterio Nacional, ya que afectaría las condiciones de jubilación de sus agremiados y se convertiría en un nuevo golpe a sus derechos.
Para la Junta de Pensiones: «Vuelve el Gobierno con la intención de unificar regímenes de pensión bajo el alero del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS».
«Nuevamente se ataca el Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional con intereses fiscales, sin tener el más mínimo respeto por los derechos de los trabajadores y pensionados».
Así se quejó la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional en un campo pagado que publicó el pasado domingo 18, ante lo que consideran un nuevo atropello a la seguridad social y en concreto al régimen de retiro del sistema  educativo del país.
Las organizaciones magisteriales cuestionan la intención gubernamental de aplicar una resolución de la Procuraduría General de la República (PGR), mediante la cual se desconocería lo pactado (1971) en un convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
Esta situación llevó a que también una asamblea general ampliada del Sindicato de Trabajadores (SINDEU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) –celebrada el pasado 16 de mayo–, acordara en forma unánime «rechazar públicamente el dictamen oprobioso» de la Procuraduría.
Dicho acuerdo exige además que el mandatario Abel Pacheco «le ordene a su Ministro de Trabajo, don Ovidio Pacheco, que desconozca en todos sus extremos dicho dictamen», al tiempo que conminan a pronunciarse de inmediato, a la Rectoría de la UCR, a su Consejo Universitario y al Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
 
Quienes defienden la vigencia del Convenio 102 de la OIT, perciben la resolución de la Procuraduría como parte de una campaña articulada por el gobierno, que se complementa con otras medidas que planea, tendientes a reducir los beneficios de las personas que se jubilan dentro del régimen magisterial.
De acuerdo con la Junta de Pensiones y Jubilaciones, el dictamen C-114-2003 de la PGR del 28 de abril anterior, «en forma irrespetuosa indica que es equivocado el criterio vertido por la Sala Constitucional en el voto 6842-99 y otros, referentes a la aplicación del Convenio 102 de la OIT».
El artículo 29 de este convenio establece el derecho de jubilación del trabajador tras 20 años de labores y esto ha sido ratificado por pronunciamientos de la Sala Constitucional. Los convenios internacionales tienen mayor rango legal que las leyes nacionales.
El pronunciamiento de la Procuraduría permite a la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo denegar las solicitudes de jubilación del Magisterio que se hagan amparadas al Convenio 102 (ver recuadro: «Guardar la calma y tener firmeza»).
Según explicó el asesor legal del SINDEU -Mario Rivera-, el dictamen de la Procuraduría afecta a los empleados del Magisterio Nacional que tras las reformas a la ley de pensiones en 1995, se trasladaron al régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Esos trabajadores ahora deberán prolongar sus servicios por más años, para poder acogerse a la jubilación.
Más de 5.000 personas que ya se jubilaron al amparo del artículo 29 del convenio 102 también corren peligro, porque se pretende hacer una auditoría sobre ellos y el Estado podría exigirles la devolución de dineros, mediante un proceso de lesividad, advirtió Rivera.
El abogado reiteró que «la Sala Constitucional no ha cambiado su pronunciamiento jurisprudencial, por lo que debe seguirse interpretando el artículo 29 del convenio 102 en los términos en que se ha venido haciendo, y lo que hay que hacer es allanarle el camino a la Sala para que ratifique el criterio que dio».
Agregó que «el ministro de Trabajo (Ovidio Pacheco) y algunas autoridades del Gobierno han echado las campanas al viento anunciando que cerraron un portillo que le costado ¢20.000 millones al presupuesto nacional y que la Sala Constitucional se ha equivocado. El Ministro incurre en errores gravísimos de apreciación y esto obviamente crea una opinión pública confundida», lamentó Rivera.
Por su parte, el secretario general del SINDEU -Minor Solís- informó que en conjunto con los sindicatos de las otras universidades públicas (Estatal a Distancia, Instituto Tecnológico de Costa Rica y Nacional en Heredia), acordaron realizar una concentración el próximo viernes 23 de mayo a las 9 a.m. en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UCR, y posteriormente podrían marchar hacia la Casa Presidencial.
Solís detalló que el SINDEU se rehusó a firmar el acuerdo suscrito el pasado 14 de mayo entre el Magisterio Nacional y el Gobierno -en el que se incluyeron algunos puntos sobre el dictamen de la PGR-, debido a que el presidente Pacheco solo  firmó en calidad de «testigo de honor» y faltaban algunos de los ministros vinculados a los problemas en discusión.
Puntualizó que las organizaciones magisteriales sostendrán reuniones en los próximos días, para definir las acciones que seguirán y no descartó la convocatoria a una huelga.
Guardar la calma y tener firmeza
 
Rocío Marín González
Oficina de Divulgación
Integrantes de la Comisión Institucional de Pensiones de la UCR hicieron un llamado para que se actúe con calma y firmeza ante lo dispuesto por la resolución de la Procuraduría General de la República (PGR).
Vernor Arguedas y Warner Cascante, en el marco de un  Consejo de Rectoría Ampliado, se refirieron al peligro que supone para los trabajadores del Magisterio Nacional lo resuelto por la Procuraduría.
Según explicó Arguedas, la Dirección Nacional de Pensiones nunca había querido reconocer el artículo 29 de dicho Convenio. Ante diversos fallos del Tribunal Superior de Trabajo que resolvió los casos rechazados por esa dirección, el Ministro de Trabajo decidió respetar los fallos de esa instancia referentes a ese convenio internacional, por lo que se llegó a agilizar el trámite de pensión.
Con la actual resolución de la Procuraduría, se dio un paso atrás que tendrá como consecuencia inmediata un retraso en la aprobación de la pensión, tanto  para quienes tienen los trámites en la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional como para quienes tienen ya el derecho adquirido e incluso no los han iniciado.
Se calcula que de las 3.600 a 4.000 resoluciones de pensión por año que ha tramitado la Junta, con el pronunciamiento de la Procuraduría podría pasar a resolver entre 800 o 900 casos anuales, pues de nuevo las solicitudes tendrán que ser elevadas al Tribunal Superior de Trabajo, que está atiborrado de apelaciones y casos, por lo que los trámites se demorarán de uno a dos años.
Aseguró que quienes ya han obtenido el beneficio de la pensión y no se han retirado aún de la institución, no corren peligro de perder su jubilación, pues en una reciente reunión con el mandatario Abel Pacheco, éste se comprometió a respetar los derechos adquiridos.
Por otra parte, la semana anterior la Junta interpuso ante la PGR un recurso en el que solicita reconsiderar el fallo.
Para Cascante, lo preocupante del citado fallo es la aparente invasión de competencias entre los poderes Ejecutivo y Judicial, así como una infracción al principio constitucional de división de poderes que está establecido en el artículo 9 de la Constitución Política.
Además que con ocasión de este fallo, la Dirección Nacional de Pensiones establece un curso de acción que eventualmente podría ser inconstitucional, al hacer  interpretación de un convenio internacional y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, sobre la cual sólo esta misma entidad puede manifestarse.