Mientras el «reinado» del equipo económico de la administración Pacheco atravesó por su primera crisis, la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifestaron su satisfacción por el espacio ganado para cambiar el rumbo económico del país. La última anunció que, de ser necesario, defenderán «en las calles» el acuerdo firmado con el Gobierno.

Los sectores socials protagonizaron una multitudinaria marcha el pasado 4 de junio
Aunque, finalmente, el presidente Abel Pacheco reiteró su respaldo tanto a su equipo económico como al acuerdo firmado con los sindicatos para poner fin a una huelga de tres semanas, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y para evitar un paro general anunciado por la ANEP y diversos sectores sociales, la reciente crisis constituyó la primera ocasión en que el equipo económico del Gobierno -calificado como excesivamente ideologizado por otros economistas- vio cuestionado su poder dentro de la actual administración.
Según explicó una fuente gubernamental a UNIVERSIDAD, durante la crisis, el Ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, llegó a renunciar, pero luego decidió consultar la estrategia por seguir con el resto del equipo económico. Y el expresidente Rafael A. Calderón, trataba de convencer a Pacheco de que reorganizara su gabinete para nombrar a «gente más política». Esto pasaba por excluir al recién instalado ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo, sin embargo, éste mantuvo el respaldo del mandatario.

Lo cierto es que el acuerdo firmado (ver nota: «El acta del acuerdo») con diversos sindicatos, sigue vigente y, a pesar de que el pasado 6 de junio, las partes le añadieron una aclaración en el sentido de que no pretende «sustituir las competencias y potestades de las autoridades de Gobierno», a menos de que el Gobierno lo convierta en un «saludo a la bandera», tendrá implicaciones para las acciones venideras del Poder Ejecutivo.

EMPRESARIOS DIVIDIDOS

Aun con la aclaración, el acuerdo mostró al sector empresarial dividido en tres sectores. Emilio Bruce, presidente de la Cámara de Comercio, quien inicialmente se opuso de manera tajante, recibió con «mucha satisfacción» la aclaración: «Se lo debían al país, dirijo mi reconocimiento hacia ambas partes: gobierno y sindicatos, por la buena fe que manifiesta esta aclaración», dijo a Telenoticias.
Pero Samuel Yankelewitz, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), anunció que, incluso con la aclaración, cuestionaría la constitucionalidad del acuerdo, y acusó al Gobierno de haber accedido a «cogobernar» con los sindicatos y organizaciones sociales, pues el centro del pacto es crear una Comisión de Alto Nivel que acoja también sus puntos de vista en las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), y otros temas de interés nacional. (La Nación, 7/06/03)
Por el contrario, un tercer sector empresarial, agrupado en la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), consideró un éxito el hecho de que el Gobierno abriera la posibilidad de desarrollar la nación «sin caer en la lucha de clases que afecta a otros países de América Latina».
Además, el empresario Juan Francisco Montealegre, vice-presidente de CADEXCO dijo, en entrevista con UNIVERSIDAD, que esta crisis era un aviso al Gobierno de lo que podría ocurrir si no se cambia el rumbo del país.(Ver nota «Empresarios con conciencia nacional»)
Además de CADEXCO y la ANEP, el acuerdo cuenta con el respaldo de la Confederación de Trabajadores Rérum Novarum, el Movimiento Solidarista y el Consejo Nacional de Cooperativas, responsables del Proyecto «Hacia la Tercera República», que propone un acuerdo nacional para buscar alternativas en distintos ámbitos, con el fin de lograr un desarrollo con mayor justicia social.
«LO DEFENDEREMOS»
Consultado por UNIVERSIDAD Albino Vargas, secretario general de la ANEP, calificó las declaraciones de Yankelewitz sobre un supuesto cogobierno sindical, como «totalmente hipócritas». «Algunos líderes de UCCAEP están acostumbrados a manejar el poder tras bambalinas para conseguir beneficios. Toda la vida han cogobernado y hoy lo están haciendo. Todo el equipo económico es afín a la UCCAEP. Lo que pasa es que ante la posibilidad de que su poder se vea contrarrestado por las propuestas de los sectores sociales, reaccionan así. Son unos farsantes y fariseos», agregó.
Desde el sábado 6, este Semanario intentó recoger la reacción de Yankelewitz pero, al cierre de edición (lunes 9 de junio) no nos atendió.
Vargas agregó que este sector empresarial defiende intereses particulares en la negociación del TLC con EE.UU, y que los sectores sociales, entre los que se incluye la ANEP, quieren hacer valer los suyos en un plano de equidad.
«Demandamos que se recojan las preocupaciones sociales en aspectos puntuales del TLC. Por ejemplo, el tema laboral debe ser un capítulo y no un simple anexo. Lo mismo planteamos en cuanto al tema ambiental. En el de propiedad intelectual, queremos saber lo que pasará con la compra de medicamentos genéricos por la Caja Costarricense del Seguro Social. Y queremos verificar que el tema de la apertura de las telecomunicaciones en Costa Rica no se incluirá», explicó.
Agregó que las reuniones que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) sostiene con los sectores sociales, a propósito del TLC, «son muy formales, no hay verdadera participación. El COMEX toma apuntes, habla muy lindo, pero no se incorporan realmente nuestros planteamientos.»
«Nosotros vemos el acuerdo logrado como una oportunidad de incidir en las políticas públicas por el bienestar de la mayoría de costarricenses», dijo Vargas.
Consideró el respaldo manifestado por Pacheco a su equipo económico, el sábado 6, como un acto «para dar la imagen de que hay unidad, de que no hay conflicto», a pesar de que sus integrantes buscan descalificarlo y bloquearlo.
Por eso, agregó que resistirán los intentos que pudieran darse para revertirlo. «Quiero ser enfático en que este acuerdo lo defenderemos en las calles», concluyó.
ACTA DEL ACUERDO
«Considerando que el Gobierno de Costa Rica valora profundamente el mantenimiento de la paz y de la institucionalidad, lo cual es un anhelo compartido por todos los costarricenses en sus distintas expresiones organizativas;
en esta fecha, 4 de junio del 2003, ante la manifestación social y la eventualidad de una profundización de un escenario confrontativo que a nadie beneficia;
el Gobierno de la República reconoce que como parte del proceso de desarrollo político de la democracia costarricense, las expresiones organizativas más allá de los sindicatos (sectores estudiantiles, ecologistas, campesinos, ecuménicos, pastorales, movimientos de mujeres, comunales, solidaristas, cooperativistas, entre otros), tienen planteadas reivindicaciones serias que no han sido debidamente atendidas en el marco del desafío de construcción de una sociedad inclusiva y en pro del bien común.
Por tanto, el Gobierno de la República y el Movimiento Sindical Costarricense acuerdan:
Establécese una Comisión de Alto Nivel del Gobierno de la República (representado por el Ministro de la Presidencia y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, más el jerarca o jerarcas según corresponda); para el abordaje de los temas de agenda de interés nacional de los sectores sociales; entre ellos, el del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos); considerando la trascendencia del mismo. El Gobierno de la República se compromete a respetar este mecanismo de participación y de decisión conjunta, con la altura política que requiere, con sistematicidad y concertando una metodología que permita medir los resultados del proceso para la satisfacción de las partes. La comisión se instaurará a los ocho días hábiles siguientes a que los sectores involucrados presenten una agenda conjunta y oficialicen su representación.
El Gobierno de la República respaldará, mediante una directriz presidencial, la incorporación de todas las instituciones de gobierno, en la discusión y análisis del documento denominado «Tercera República»; de forma que se dé el abordaje de sus propuestas en el marco de políticas públicas según proceda y a partir de directrices políticas; aportando, además, el apoyo logístico y de recurso humano y profesional que los sectores involucrados puedan solicitar.
El Gobierno de la República considera necesario el establecimiento de un proceso de Diálogo Nacional, para propiciar una mesa de acuerdos que permitan avanzar hacia una sociedad inclusiva, de carácter solidario y fundamentada en el bien común; considerando que en este proceso, necesariamente, deberán involucrarse otros sectores más allá de los que se representan en este acuerdo.
El Gobierno de la República se compromete, en el acto, a dar solución, pronta y cumplida, a los conflictos del ICE y del Magisterio Nacional, con base en los procesos en desarrollo.
San José, miércoles 4 de junio 2003″.

POR EL GOBIERNO DE COSTA RICA:
Lic. Ricardo Toledo Carranza
Ministro de la Presidencia
Lic. Ovidio Pacheco Salazar
Ministro de Trabajo y Seguridad Social

POR EL MOVIMIENTO SINDICAL COSTARRICENSE:
Albino Vargas Barrantes
ANEP
Floribeth López Ugalde
CTRN
Jorge Arguedas Mora
FIT-ICE
Rafael Mora Solano
FENTSEP
Gilberth Brown Young
FETRAL
Xiomara Rojas Sánchez
SITECO
Eduardo Rojas Carranza
ANDE
César Céspedes Marín
SNC
Xinia Viales Angulo
SINAPRO
Luis Serrano Estrada
UCEP
Gustavo Brade Salazar
ADEM


Acuerdo de No Represalias

El Gobierno de la República se compromete a que no habrá represalias de ningún tipo contra aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras del Sector Público que participaron en la marcha social de esta fecha, miércoles 4 de junio de del 2003; para lo cual se comunicará con los respectivos jerarcas institucionales.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Lic. Ricardo Toledo Carranza
Ministro de la Presidencia
Lic. Ovidio Pacheco Salazar
Ministro
de Trabajo y Seguridad Social
Dado en la Casa Presidencial, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil tres.»

EMPRESARIOS CON CONCIENCIA NACIONAL

El empresario Juan Francisco Montealegre, vice-presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), cuyos integrantes generan $6.000 millones anuales por exportaciones, explicó a UNIVERSIDAD las razones por las cuales, a diferencia de las otras cámaras empresariales, la suya considera que es necesario cambiar el rumbo de la economía y de la política del país.

¿Qué opina CADEXCO del acuerdo firmado entre los sindicatos y el Gobierno?

– Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia. Es resultado de un proceso necesario para poder darle un desarrollo económico y productivo más fuerte a nuestro país, porque lo viene perdiendo lentamente, año con año.
Este no es un proceso nuevo, sino que viene de unos 12 años atrás, cuando se firmó un convenio entre CADEXCO y la Federación de Trabajadores de Limón, un proceso pionero que muestra cómo podemos resolver los conflictos en vez de caer en la lucha de clases que afecta a otros países de América Latina.

Pero ¿cómo interpreta el respaldo que dio el Presidente Pacheco a su equipo económico?

-Don Abel tiene que dar ese respaldo, pero el equipo económico ya está totalmente en conocimiento de lo que puede pasar si no corrige el rumbo. Todo el equipo conocía de este proceso: Alberto Trejos, Francisco de Paula Gutiérrez, Ronulfo Jiménez. No les era desconocido, pero parece que ellos quisieron darnos «atolillo con el dedo».

¿Cuáles son las diferencias que apartan a CADEXO de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), y de las cámaras que apoyan el actual curso económico?

– Son diferencias de principios. Nosotros vamos por el bien común y por el mejoramiento del entorno, para competir con eficiencia y eficacia. Cuando hablamos del entorno nos referimos a todas las condiciones del país. Esta preocupación es la base fundamental de la diferencia de Costa Rica con respecto al resto del mundo.
No estamos en la UCCAEP porque ellos nunca han avalado nuestros principios. Don Samuel Yankelewitz piensa que esto es «filosofía», y que no es necesaria para hacer negocios.

UN SESGO CONCEPTUAL

Consultado por UNIVERSIDAD, sobre el acuerdo que puso fin a la huelga del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el economista y profesor de la UCR, Juan Manuel Villasuso coincidió en las críticas de los sindicatos del instituto al formato seguido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el cual «las cuentas del sector publico son vistas como un flujo de
ingresos y gastos, sin tomar en cuenta que los egresos en inversión van acumulando patrimonio.»
«Lo cierto es que, a diferencia de las empresas, el Estado no tiene una cuenta patrimonial que sirva como garantía para su endeudamiento y como muestra de su solvencia. Esto, evidentemente, tiene un sesgo de tipo conceptual», explicó.
Villasuso agregó que debido a ese sesgo ideológico, «se visualiza al sector publico como distorsionador de los mercados e ineficiente desde el punto de vista administrativo y operativo, por ello se propone darle mayor participación al sector privado. Sin embargo, no tienen en cuenta, que en el sector privado también hay grandes distorsiones debido a que los mercados no son competitivos, sino oligopólicos o monopólicos, y que en la relación jurídica Estado/Sector Privado los sistemas de administración de justicia (por sus moras y deficiencias), y los métodos de contratación, hacen que los costos se eleven considerablemente.»
Consultado sobre el argumento del equipo económico, en el sentido que emitir bonos por ¢38.000 millones para el financiamiento del ICE, repercutiría en un incremento de la inflación, opinó que «no existe ninguna justificación  macroeconómica para oponerse. No es cierto que
pudiera afectar las tasas de interés. Tanto los bancos como los fondos de pensiones buscan desesperadamente dónde invertir sus captaciones. Incluso están colocando ahorro nacional en el extranjero, lo cual es un contrasentido. Tampoco es cierto que aumentarían las presiones inflacionarias. La emisión de bonos en colones conlleva solamente un traslado de ahorro nacional hacia la inversión. No se trataría de emisión monetaria que aumentará la oferta de dinero. Prueba de lo anterior es que tanto el Banco Nacional como el Banco Popular se ofrecieron a colocar la emisión porque tienen liquidez que necesitan colocar.»
Agregó que «la emisión de bonos en dólares tampoco es problema, aunque sí resulta menos conveniente que la de colones, porque implica la colonización de una parte de la emisión y ello sí aumentaría la oferta monetaria. No obstante, este aumento no parece ser significativo.
En todo caso, es casi seguro que aunque los bonos se emitieran en dólares, la gran mayoría sería comprada por los ahorrantes nacionales, tal y como ha ocurrido con bonos de la deuda pública. El mercado nacional esta urgido de títulos valores en los cuales poder invertir, porque en la economía nacional no se están generando suficientes proyectos de inversión en los sectores