El pasado 11 de junio el Magisterio Nacional realizó una marcha masiva que recorrió las calles de San José. Frente a la Corte Suprema de Justicia exigieron que se desconozca la resolución de la Procuraduría General de la República.
El pasado 11 de junio el Magisterio Nacional realizó una marcha masiva que recorrió las calles de San José para exigir que se desconozca la resolución de la Procuraduría General de la República sobre las pensiones.
Cuando se habían cumplido más de tres semanas de huelga del Magisterio Nacional, el Gobierno y los representantes de los educadores se mantenían al cierre de esta edición (16 de junio) en un «diálogo de sordos», sin que se vislumbrara un acuerdo para finalizarla.
El Gobierno suspendió las negociaciones que iban a tener el sábado 14 y envió una propuesta por escrito para llegar a un arreglo, pero esto fue rechazado por la dirigencia magisterial. El gobierno propuso que se avalara un plan sobre pensiones que debía estudiar durante ocho días una comisión de juristas designados por el Colegio de Abogados y que se levantara el estado de huelga.
Mientras esperaba a las 4 p.m. del lunes 16 en la Casa Presidencial para reunirse con el mandatario Abel Pacheco, la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) -Gilda González- dijo que se encontraban estancadas las conversaciones entre las partes.
Cabe recordar que el sector docente -incluido el personal de las universidades estatales- fue a la huelga para reclamar el pago de salarios en forma puntual y completa, para que no se le  cambien a más de 8.000 educadores los requisitos de jubilación, para que el Estado gire los fondos con que se financian los comedores escolares, y para que no se apruebe un proyecto que pondría en manos de las municipalidades la tarea educativa.
 
El Gobierno alega que ya el problema salarial está casi resuelto, pues en la cancelación de la quincena del 13 de junio esto se normalizó y las anomalías son mínimas.
Mientras tanto, la traba estaba en el tema de las pensiones, en el que los ministros de la Presidencia -Ricardo Toledo- y de Trabajo -Ovidio Pacheco- aducen no poder hacer nada, ya que es de incumbencia de la Procuraduría General de la República, cuyo pronunciamiento del 28 de abril pasado fue el generador de la protesta de los educadores.
Dicha resolución obligaría a más de 8.000 docentes a trabajar por más años para jubilarse y recibir un monto inferior.
El lunes 16, la representación magisterial se reunió con los ministros Toledo y Pacheco. Sin embargo, según dijo la presidenta de la APSE -Gilda González- ellos de nuevo adujeron que la decisión sobre este tema es de carácter jurídico y por lo tanto la decisión no estaba sus manos. Por eso solicitaron una reunión urgente con el presidente Pacheco para esa misma tarde
González se quejó porque «esto es como la negociación del cangrejo: cada día vamos más para atrás». A pesar de los alegatos jurídicos, les hemos demostrado con creces que eso no es cierto y les planteamos otras opciones, aunque ellos no las quieren aceptar, detalló la dirigente.
Anunció que la huelga seguiría y que para ello cuentan con el respaldo de las bases, que lo estimó en un 90%. Como parte de las medidas de presión planeadas, el martes 17 realizaron una marcha masiva desde el Parque Central de San José hasta la Casa Presidencial en Zapote.
De no llegarse a un arreglo, González advirtió que en el transcurso de la semana realizarían otras manifestaciones de protesta. Por su parte, el Gobierno aseguró que utilizaría la Fuerza Pública si se producen bloqueos de calles.
Cuando ya se había cerrado esta edición, el Gobierno anunció que no discutiría más el tema de las pensiones, tras considerar que no pueden ir contra las resoluciones tomadas por las instancias legales y porque aceptar el cálculo de las jubilaciones que plantea el Magisterio afecta las finanzas públicas y crea privilegios para un grupo de educadores.