Dirigentes del Magisterio Nacional gestionaban al cierre de esta edición el respaldo en la Asamblea Legislativa para aprobar un proyecto que modifique la ley que regula las pensiones y así acabar con la huelga de más de cinco semanas.
Tras cinco semanas de huelga, el Magisterio Nacional y el Gobierno continuaban sin ponerse de acuerdo para solucionar el conflicto.
La negociaciones para finalizar la huelga del Magisterio Nacional se encontraban entrabadas al empezar su quinta semana y el Gobierno amenazaba con sancionar a los educadores que no se reincorporen a clases.
Los representantes del Magisterio -al martes 24 de junio- enfocaban sus esfuerzos en conseguir el apoyo de al menos 29 diputados que apoyen una propuesta para reformar el régimen de jubilaciones, para así restaurar los derechos que estiman lesionados.
Lo anterior lo plantearon como una condición para levantar el estado de huelga y para ello exigieron además que se haga mediante un trámite expedito en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana se opuso a que el proyecto no pase por la respectiva comisión.
Por otro lado, el Consejo Nacional de Rectores -que agrupa a las cuatro universidades estatales- preocupado por la problemática que enfrenta el sector educativo y el país, presentó un planteamiento a las organizaciones magisteriales, tendiente a solucionar el conflicto.
 
Dicho acuerdo lo tomaron el 17 de junio y propone la integración de una comisión con representantes del Magisterio Nacional y del Gobierno, quienes con el apoyo de especialistas de las universidades públicas harán un estudio actuarial de las leyes que regulan las jubilaciones y que originaron el conflicto actual.
La idea de este análisis -que duraría 60 días naturales- es precisar las implicaciones de esta normativa sobre las finanzas públicas, la población afectada y otros aspectos relacionados con el tema.
Otra comisión de juristas con delegados del Magisterio, Gobierno, Asamblea Legislativa y universidades, plantearía en un plazo de 180 días y con base en los resultados de la otra comisión, las acciones legales necesarias que reparen el menoscabo que alegan los docentes en sus pensiones.
Según la iniciativa del CONARE, el Gobierno se comprometería a posponer la aplicación del criterio de la Procuraduría General de la República sobre pensiones, hasta que las mencionadas comisiones rindan sus informes y el Magisterio, por su parte, levantaría el estado de huelga,
Al respecto, la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) -Gilda González- dijo a este Semanario que el documento del CONARE es muy parecido a uno que habían planteado al Poder Ejecutivo y aunque la vieron con buenos ojos, este la rechazó tras alegar que no podían suspender ni por un día el dictamen de la Procuraduría.
Según González, el proyecto legislativo en el que concentraban sus esfuerzos hasta el martes 24 lo estimaba viable, pues contaría con el respaldo de distintas fracciones, las cuales se reunían ese día para analizar el caso y redactor un texto que lograra el consenso.
«Si nos dan un documento -agregó- firmado por los diputados, en el que se comprometen a aprobar ese plan y la Dirección Nacional de Pensiones a congelar las solicitudes hasta que salga el proyecto, le veo viabilidad a la solución». En caso contrario, no descartó que la huelga continuara.
Mientras tanto, el Gobierno inició una contraofensiva en los medios de comunicación, con mensajes que procuran deslegitimar la huelga.
De igual manera, la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia -Rosalía Gil-, presentó el lunes 23 un recurso de amparo contra la huelga magisterial, por considerar que eso afecta los derechos de la población joven a recibir educación.

EN LA UCR

Por otro lado en la Universidad de Costa Rica (UCR), la asamblea general de la Escuela de Formación Docente, «en virtud de que la lucha del Magisterio Nacional busca la protección de las Garantías Sociales que ha conquistado el pueblo costarricense a lo largo de su historia», aprobó respaldar la huelga y sumársele.
La Rectoría, por su parte, avaló al cierre de esta edición la realización de dos actividades diarias, en las que se informa y debate acerca de temas relacionados con el conflicto actual.
La organización de estos actos fue encargada a una comisión integrada por dos representantes de la Comisión Institucional sobre Pensiones, uno del  Consejo Universitario, uno del Sindicato de Empleados (SINDEU), uno de la Rectoría y uno de la Federación de Estudiantes (FEUCR).