Los presidentes de Costa Rica y Colombia, Abel Pacheco y Alvaro Uribe, acordaron la semana pasada crear un grupo de trabajo de alto nivel en materia de seguridad que compromete al país en la lucha contra la guerrilla colombiana.
El presidente Álvaro Uribe recibió las muestras de alegría de los niños y niñas que llegaron a saludarlo durante su visita a San José.
La decisión de una colaboración estrecha entre Costa Rica y Colombia está contemplada en la declaración conjunta firmada por ambos mandatarios el pasado 19 de junio, durante la visita de Uribe a San José.
Durante la cita se le preguntó a Álvaro Uribe si
va a destinar recursos del Plan Colombia para combatir a la guerrilla colombiana desde Costa Rica, a lo cual respondió:
– «Los grupos terroristas hay que combatirlos en cualquier parte donde operen».
Enseguida el Dr. Abel Pacheco precisó: – «Estamos dispuestos a combatir el terrorismo en cualquier parte del mundo».
Aunque las respuestas a la pregunta hecha por este periodista a ambos mandatarios no son directas ni explícitas, dejan poca duda sobre el meollo de las discusiones entre ambos durante la vista de Estado hecha por Uribe a Costa Rica.
El Plan Colombia, mediante el cual Estados Unidos contribuiría inicialmente con más de $1.000 millones a la lucha contra las drogas, está muy orientado al combate contra la guerrilla. Los aportes «sociales» del plan están también cada vez más desdibujados, dejando al desnudo su objetivo.
Uribe lo defendió aquí, al afirmar que es el único plan concreto para derrotar al narcotráfico y a la guerrilla. Contundente en lo militar, contundente en lo social, contundente en las medidas para erradicar las plantaciones de coca, afirmó, ahí están puestas todas las esperanzas de derrotar a la guerrilla.
Polémico desde su surgimiento en 2000, muchas voces han advertido en Colombia sobre las consecuencias de un plan que enfatiza en lo militar para acabar con la guerrilla.
El diario colombiano «El Tiempo», muy cercano al gobierno, denunció la semana pasada que, de los $370 millones desembolsados por Estados Unidos el año pasado para ese plan, por lo menos $150 millones se habían utilizado para pagar a los «contratistas» (no les gusta la palabra «mercenarios») estadounidenses que ofrecen sus servicios en el marco del plan. Se trata de 17 empresas que proveen servicios de los más variados tipos, desde la instalación de radares hasta la preparación de pilotos. El secreto en torno a estas acciones impide tener una idea clara de las actividades de los «contratistas», una modalidad usada cada vez con más frecuencia por el Pentágono para evitar el involucramiento directo de sus tropas en conflictos locales.
El eventual uso de los dineros del Plan Colombia para operaciones en Costa Rica, implicaría un paso en la regionalización de esa guerra, una amenaza cada vez más latente desde la aprobación de los fondos y de la mayor presencia estadounidense en Colombia.

GRUPO DE TRABAJO

La Declaración Conjunta, firmada al final de la visita, destaca que ambos mandatarios «decidieron fortalecer la cooperación en la lucha contra el terrorismo», en especial en aspectos como el intercambio de información de inteligencia y la lucha contra las estructuras financieras de las «organizaciones terroristas».
Más adelante se contempla la creación de un «Grupo de Trabajo de Alto Nivel en Seguridad», integrado por los ministros de la Presidencia, de Relaciones Exteriores, de Seguridad y Justicia. Por la parte colombiana, participa, entre otros, el ministerio de Defensa. La idea es ampliar esta iniciativa bilateral al ámbito regional, para lo cual se instruyó a los ministros a fin de que adelanten consultas con los países centroamericanos, México, Estados Unidos y Canadá.
Se busca así crear un eje cuyos alcances son aun difíciles de precisar, pues vendría a superponerse a otras estructuras regionales de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Llama la atención el hecho de que, en este eje, no estén los países vecinos de Colombia: Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. Panamá probablemente participará de esta iniciativa, como parte de Centroamérica.

LENGUAJE SENCILLO

Uribe ha galvanizado la opinión pública en torno a un lenguaje cada vez más sencillo, que pretende reducir la guerrilla a una banda de «miserables terroristas». De ese modo, la lucha contra el narcotráfico se ha desdibujado, del mismo modo que el papel de los grupos paramilitares, que siguen operando con apoyo de las fuerzas armadas, según denuncias recientes de organismos independientes en Colombia. El énfasis está puesto cada vez con más fuerza en la lucha contra la guerrilla.
Por lo tanto lo que vemos es una intensificación de la guerra, anunciada como una lucha contra lo que Uribe llama grupos «financiados por la droga y el secuestro». Como lo han reiterado el presidente y sus ministros, no cabe atribuirles condición política alguna.
Ese reduccionismo del discurso ayuda en la lucha política, sobre todo después de la confusa posición del expresidente Andrés Pastrana, quien inició un diálogo de paz con los rebeldes para suspender las negociaciones en vísperas de dejar el cargo. El lenguaje simplista de Uribe le ayudó a ganar las elecciones. Resta saber ahora si será suficiente para resolver una crisis que tiene décadas y profundas raíces en la situación social y política colombiana.

EN NACIONES UNIDAS

Ese lenguaje simple es el mismo usado en el escenario internacional. Dividido el mundo entre «buenos» y «malos», Uribe cuestionó  el papel de las Naciones Unidas, en un discurso pronunciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos reclamándole no entender su urgencia en el combate al «terrorismo».
«Las Naciones Unidas critica mucho, pero resuelve poco», dijo. «Da la impresión de que tiene miedo a la descalificación de los grupos violentos». Parece no pasar por su mente que quizás en las Naciones Unidas una visión más amplia del problema evita que impere el mismo simplismo con que trata de analizar la situación colombiana. En su opinión, las Naciones Unidas «tiene que escoger a quién servir».
Uribe se suma así a la posición ya expresada en el escenario internacional de que «quien no está conmigo, está contra mí».
Pero la realidad colombiana e mucho más compleja que eso. El mismo día en que Uribe visitaba Costa Rica, las principales centrales sindicales convocaban a una huelga para protestar contra la política de reducción de gastos, cierre de empresas y despidos de personal, todo lo cual es el complemento de la política de seguridad de Uribe. Las organizaciones sindicales denunciaron que el plan de ajuste contempla el despido de más de cien mil trabajadores.
El mandatario ha enfrentado tres huelgas de empleados estatales desde que asumió el poder hace diez meses, en protesta contra su política de ajuste, parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
«Vamos a centrar nuestra protesta en la defensa del patrimonio público frente a estos procesos de liquidación y privatización», dijo Fabio Arias, presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT). «Este no sólo es un problema de los trabajadores, sino de todos los colombianos, porque al final estas empresas van a quedar en manos del sector privado, especialmente del capital norteamericano», añadió.
Ahora Uribe tendrá cuatro años para mostrar si esa visión del problema, alimentado por un odio visceral a la guerrilla, permitirá avanzar en la solución de la crisis colombiana.