La inicial buena voluntad del Presidente de poner fin al drenaje indebido de las finanzas públicas, acabó cuando la Comisión de Notables puso al descubierto un sistema paralelo por el cual funcionarios públicos reciben sueldos pagados por el Gobierno de Estados Unidos.
Mario Carazo: «Nadie quiere informar allí es donde está el problema.
En la siguiente entrevista con UNIVERSIDAD, el exdiputado Mario Carazo analiza a fondo las razones por las cuales, poco antes de que rindiera su segundo informe, el Presidente Abel Pacheco disolvió la Comisión de Notables, compuesta por Oscar Barahona Streber, Silena Alvarado Víquez (actual viceministra de Hacienda), Alberto Cañas Escalante, Guido Miranda Gutiérrez, Otto Guevara Güth, Rodolfo Silva Vargas y el propio Carazo, que tenía como misión analizar el gasto público.
Llamada «Comisión de Control y Ordenamiento del Gasto Público y de la Rendición de Cuentas de los Funcionarios y Empleados Públicos», el grupo había sido creado por voluntad del propio Presidente, mediante decreto ejecutivo el 23 de agosto del año pasado. El Presidente y su Ministro de Hacienda, Jorge Walter Bolaños, se comprometieron a acoger las recomendaciones que la Comisión hiciera como resultado de su trabajo. Sin embargo, hoy no solo ya no existe, sino que a sus exintegrantes se les niega el acceso a los propios archivos que acumularon durante su trunca gestión.

No es la primera vez que a poco de estrenarse una Presidencia de la República, se manifiesta al país la voluntad de trabajar consensuadamente  para encontrar salidas al problema fiscal, y de pronto todas esas buenas intenciones se diluyen. En este caso, terminaron justamente cuando Uds. iban a presentar su segundo informe. El Presidente disuelve la Comisión y además se enferma.
 

-Yo no quisiera cargar con el peso de que la actitud de la Comisión tenga que ver algo con la salud del Presidente, ni que eso haya sido un elemento generador de una crisis. No se puede resolver el problema del déficit si no se toman acciones muy fuertes para reducir el gasto excesivo, los gastos corruptos e innecesarios, de duplicación de servicios, etc., y esto fue lo que generó la Comisión. Comenzamos a revisar el gasto mediante un mandato que se nos dio. Al mismo tiempo hubo un compromiso formal del Presidente y del Ministro de Hacienda de acatar en forma consistente las recomendaciones que la Comisión diera. Entonces, entramos a funcionar con un sentido de responsabilidad muy grande. Hechas las salvedades del caso, la Comisión está conformada por un grupo de personas de diversos orígenes que tienen un sentido de responsabilidad muy grande, que la sociedad no puede dejarles de reconocer. El trabajo responsable se fue desarrollando. Yo no creo que el primer informe, porque era más general, generara las incomodidades que sí parece haber causado este segundo. Y este último, que ya es más puntual, plantea recomendaciones también puntuales.


Pero parece que pusieron el dedo en la llaga.

-Parece que se tocaron intereses pequeños, medianos y grandes, y que esto en alguna forma conspiró para generar este tipo de situación. Prefiero no calificar la actuación del Presidente y de su ministro, pero no puedo dejar de referirme a ella, pues emitieron un decreto que derogó el decreto de creación de la Comisión, con lo cual renunciaron al compromiso de atender las recomendaciones. Quiero ser enfático en que la Comisión trabajó ad honórem, no le costó ni un cinco al Estado, laboró dos veces por semana en sesiones de tres y más horas, y fue conformando ciertos aspectos que fueron anunciados en el informe de octubre, de manera que sorpresas no tenían por qué haber.


Cuando el buen trabajo de investigación que hicieron ustedes para ubicar los disparadores del gasto, expuso mecanismos de pago irregulares en el sector público, el Gobierno dice que no puede comprometerse a tocar esos intereses, a revertir ese sistema. Parece ser muy grave.

-Sí, es muy grave, porque es la primera vez en la historia que deciden dejar sin efecto la existencia de una Comisión porque es muy prolífica en sus recomendaciones. La razón que utiliza el Gobierno para disolvernos es que hacemos mucho. La verdad es que el asunto es muy serio como para hacer muy poco. La crisis fiscal y que galopa hacia una situación insostenible es de muy corto plazo y hay que correr. Yo creo que lo que falta es voluntad política.


El Informe pone al descubierto un sistema por el cual se pagan consultorías, y quién sabe si sobresueldos a funcionarios públicos con dineros de una agencia del Departamento de Estado de Estados Unidos, es decir, del equivalente del Ministerio de Relaciones Exteriores -la AID-, sistema que ya en los años 80 introdujo su entonces director, Daniel Chaij, y a cambio presionó para que se liberalizaran las leyes bancarias y financieras…

-Dándoles préstamos a los bancos privados de 3%, para que prestaran al 27%…


Cosa que los banqueros privados involucrados, como empresarios, no podrían exhibir hoy muy orgullosamente: el hecho de que sus bancos se desarrollaron con esa clase de subsidios.

-Pero actúan en forma diferente, y los vemos muy orgullositos en la calle.


En los 80, la AID usó esa gran cantidad de dinero «donado» al país, a su absoluta discreción…

-La génesis histórica de la corrupción por fondos manejados en vía paralela, no se limita únicamente a los bancos. Ese fondo operó por todas partes en el momento del «virreinato», es decir, durante los tiempos de Monge y de una parte del gobierno de Óscar Arias, cuando funcionaba aquella máxima de «quien paga la música manda en el baile». Recordemos que llegó a existir una «ayuda externa» de más de un millón de dólares diarios.


Aparte de la falta de control político -porque se evita que el destino de estas donaciones, de este gasto, pueda ser discutido y designado por la Asamblea, por ejemplo-, está la grave implicación política de que ese dinero, proveniente del Gobierno de EE.UU, es utilizado para pagar a funcionarios públicos y costear políticas de Estado.

-En 1987, un señor que era asesor del Presidente de la República, habló del «Estado paralelo».


Se llamaba John Biehl.

-Por cierto que ese señor ahora es beneficiario directo del «Estado paralelo», tiene unas consultorías enormemente grandes, hechas a la sombra de mecanismos indebidos de contratación pública. Aquí lo que ocurre es que se disfraza la ayuda externa. Los recursos de ese fondo famoso del que Ud. habla, juntados con los que vienen de la venta de las empresas de CODESA, principalmente, y de CEMPASA, que estaban en el Fideicomiso de Inversiones Transitorias (FINTRA), se trasladaron a la Fundación de Cooperación Estatal (FUCE), cuya función es llevar a cabo «acuerdos de cooperación no reembolsable» con el Gobierno. Sin embargo, mientras que los fondos se manejen fuera de los controles normales de la administración pública, prácticamente atienden requerimientos del Gobierno, propios de políticas dadas. FUCE es el campeón de esto: llega inclusive a pagar el sueldo del principal asesor económico del Presidente, Ronulfo Jiménez, por medio de una contratación. Pero tampoco se sabe cuánto gana porque nadie quiere informar, allí es donde está el problema.


Ya que tenemos un problema de déficit fiscal, podemos preguntarnos: ¿pagarán impuesto sobre la renta por esos sueldos?

-Mire, yo creo que deberían pagarlo. Suficiente es con que evadan los controles para que más aún así evadan el fisco y su obligación de pagar impuestos. Y utilizan todo tipo de mecanismos de contrataciones sin control, que hacen muy peligrosa esa actuación porque queda sometida, en primer lugar, a la posibilidad del robo, y en segundo lugar, a la posibilidad de la influencia indebida en las actividades públicas. FUCE nos proporcionó a la Comisión algo muy particular. Nosotros tratamos de investigar sobre sus actividades preguntándole al Ministerio que tiene a su cargo la relación con FUCE, que en esta administración es el de la Presidencia. Y nos encontramos con una oposición rotunda de doña Rina Contreras a darnos información, argumentando que se trataba de una entidad privada.


Una respuesta increíble.

-Claro, pero lo más grave e increíble es que adjunta como prueba de su razón, una certificación notarial hecha por un notario del Estado. Por curiosidad investigativa, la Comisión hizo un estudio y se dio cuenta de que esa certificación no se ajusta a la verdad. Lo cual hace que el notario esté incurriendo en falsedad ideológica, que es un delito punible. Pero lo más grave está en que el Código Penal establece el delito de uso de documento falso, y de hecho eso estaba ocurriendo. Cuando fuimos al Registro Público guiados por esta certificación que no dice verdad, nos encontramos con un problema aún mayor: que había un asiento reciente en el Registro Público, porque se eligió una nueva junta directiva de FUCE, y lo más interesante es que la vicepresidenta de la fundación era la misma Ministra de la Presidencia. Y todos sabemos que hay una cosa que es la dedicación exclusiva, y la prohibición, para los ministros de Estado, de trabajar en privado. Eso se llama incompatibilidad. Pero, además, era evidente que la ministra, quien estaba obligada a proporcionarnos información en forma veraz porque así lo establece la Constitución y lo hacía el decreto que creó la Comisión, nos la ocultó.
Ya no es únicamente el hecho de que haya esa incompatibilidad o que nos presenten un documento ajeno a la verdad, sino la expresa voluntad de ocultar la información, porque obviamente la ministra sabía qué era lo que estaba haciendo. Eso hace que en este momento quede muy claro que hay una voluntad de ocultamiento, cosas que esconder y poco a poco van saliendo. A don Ronulfo Jiménez no le quedó más remedio que aceptar ahora, después de negarse repetidamente ante muchos diputados que le han preguntado, que su ingreso parte de una contratación por consultoría que hace con FUCE, y que es por una cantidad indeterminada en dólares. Si todos los salarios de la administración pública, si todos los mecanismos, por Constitución, son públicos, ¿cómo no van a ser estos públicos?


La Comisión encontró algo parecido con la Fundación Costa Rica-Estados Unidos (CR-USA).

-Es la gemela. Se forma cuando se va la AID de Costa Rica y se establece un mecanismo de una fundación privada que también utiliza ese fondo famoso que era de Costa Rica, pero que tenía la limitación de que Costa Rica no lo podía utilizar. Pero esos recursos están allí y al mismo tiempo se desarrollan mecanismos de ayuda, también por «acuerdos de cooperación no reembolsable» entre CR-USA y el Gobierno. Comenzamos a averiguar el asunto, de nuevo encontramos la misma negativa, y lo más interesante es que el director ejecutivo de CR-USA, un señor Faith, no nos daba información, y nos manda al sitio en Internet. Allí nos damos cuenta de que tienen un «Programa de Desarrollo Competitivo» que por una cantidad importante financia a la Primera Vicepresidencia de la República, al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Comercio Exterior. A este último lo financian con cantidades enormes para programas de apertura de mercados, entre los cuales están calificados los salarios de los funcionarios. Y se ha sabido ya de algunos funcionarios que están en eso, no de todos. Por ejemplo, a mí me gustaría que se supiera cuál es la partida presupuestaria que paga el salario de Anabel González. (Ver recuadro: «Pagado por CR-USA»)
Por cierto que se dan más de ¢300 millones al año a CINDE, una entidad ambigua, que se supone que es del Estado pero que se supone no lo es para lo que corresponda no serlo. Es más, es parte de ese juego de sillas musicales, en el cual pasan unas personas y empiezan a dar vueltas.


Es como si hubiera un equipo de personas muy vinculada a la AID desde hace muchísimos años, porque el equipo de colaboradores más cercanos a su entonces director, Daniel Chaij incluía, ya entonces al actual Ministro de Hacienda, Alberto Dent, Samuel Yankelewitz, Luis Liberman, Rodrigo Bolaños, Jorge Manuel Dengo, Eduardo Lizano, Fernando Naranjo, Rodrigo Arias Sánchez, más, ahora, al parecer, una nueva generación.

-Eso funciona como algo que yo llamaría el «Cartel de San José», porque son los mismos en las mismas posiciones siempre. Por ejemplo, en este momento es gerente de CINDE una persona que fue viceministra de Hacienda, fue gerente de CINDE una persona que fue viceministra de Comercio Exterior, el Ministro de Comercio Exterior y el Presidente del Banco Central proceden del INCAE, que también recibe dineros de CR-USA. El Ministro de Hacienda tiene que renunciar a su cargo de secretario de CR-USA para ocupar el ministerio.


Y algunas de estas personas también ocupan alternativamente cargos públicos y cargos en los principales bancos privados del país.

-Así es. Funciona como un cartel. Los negocios corruptos son negocios corruptos independientemente del material con que negocien.


El ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, ha afirmado que los dineros que ellos reciben no comprometen su defensa de los intereses de Costa Rica en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, hay una serie de actos políticos de esta administración, que son muy sintomáticos. Por ejemplo, el Presidente apoya la guerra de EE.UU contra Irak, va a muchas actividades internacionales, pero no asiste a la toma de posesión de «Lula», en Brasil, la primera economía de América del Sur, tampoco le da esa preeminencia a las citas que tienen que ver con el MERCOSUR o con el Pacto Andino…

-Esta administración es «mantequilla» a la par de la anterior. Yo quisiera hacer una salvedad. Yo creo que, en esto, más se puede pensar en la insulsa inopia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en otras cosas.


Pero aun así es claro que existe una relación privilegiada, no solamente en lo económico, sino en lo político con los intereses de Estados Unidos, que no siempre son los del pueblo de Costa Rica.

-Pero es que el que tiene la plata manda en el baile. Y el problema serio es que se tapan con la misma cobija. Otro ejemplo es una de las consultorías que se hace con la plata del préstamo 10-30 del BID: se le pagan $140 mil al INCAE, en 2000, para un programa que se llama «Gerencia de reformas constitucionales». En ese momento, quienes dirigían eso eran Alberto Trejos y Francisco de Paula Gutiérrez.

(En la próxima edición, Carazo habla sobre las otras fuentes de gastos irregulares que analizó la disuelta Comisión.)