Como  Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia y del Consejo Nacional  de Niñez y Adolescencia invoco el cumplimiento de la convención sobre los Derecho del Niño y la Niña, ratificada por nuestro país por Ley número 7184 del 18 de julio de 1990, publicado en La Gaceta 149 del 9 de agosto de 1990. El cumplimiento de la convención es un compromiso ineludible pues jerárquicamente, tiene un rango superior a las leyes internas costarricenses.
El Estado Costarricense asume esta responsabilidad, para dar cotinuidad al desarrollo democrático basado en el respeto a los Derechos Humanos que siempre lo ha caracterizado. Destierra así la aplicación de la doctrina de la situación irregular de la niñez y la adolescencia y se compromete a la aplicación de la doctrina de la protección integral. Es decir, se pasa del concepto de necesidades al concepto de derechos, de ser objeto de protección  y lástima a ser sujeto social pleno de derechos.
Se integra a las personas menores de edad a través de su opinión en todas las situaciones judiciales y administrativas que les afectan, por medio de un principio rector fundamental que se coloca por encima de todo lo demás, EL INTERES SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR DE EDAD.
Desde hace mucho tiempo, Costa Rica ha iniciado en este sentido, un importante proceso de adecuación legislativa demostrando una clara aceptación del derecho a la autonomía de los niños, niñas y adolescentes. Entre ellos puede mencionarse la implementación de mecanismos judiciales y administrativos  acordes, exigibilidad en la atención en salud, educación gratuita y universal, justicia especializada en materia penal juvenil, la Ley de Paternidad Responsable, el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Asimismo, se ha declarado a la niñez una Prioridad Nacional, demostrando una inclinación Estatal específica hacia los temas que van dirigidos a proteger el INTERES SUPERIOR, como educación de calidad, trabajo infantil, explotación sexual, abuso infantil, niñez en la calle. Esta prioridad está claramente inspirada en el cumplimiento del mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, basada en la Doctrina de los Derechos Humanos.
El Magisterio Nacional lleva casi un mes de huelga, lo de hoy es una lucha de los educadores por temas que reflejan claramente el interés de un grupo de adultos por encima del bienestar de sus alumnos. Ya en los medios de comunicación masiva, los niños, adolescentes y sus padres, ejerciendo su patria potestad, claman por volver a las aulas.
La educación es un derecho fundamental inherente al ser humano. En esta situación se está violentando como hecho notorio el derecho de las personas menores de dieciocho años a una educación de calidad y de asistir a las aulas. La educación es la base de una sociedad democrática. Es el camino hacia la igualdad, la libertad, la dignidad y la paz. A los niños, niñas y adolescentes se les debe preparar, para que  logren asumir sus responsabilidades de una forma activa en una sociedad libre y respetuosa de los derechos humanos.
Por eso, en mi condición de representante legal del Patronato Nacional de la Infancia, institución con deberes ineludibles plasmados en la Constitución de la República, exijo en representación de todas las personas menores de edad costarricenses, el cumplimiento efectivo de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, para que de inmediato se reinstauren las lecciones en todo el territorio nacional.
 
Ministra de la Niñez y la Adolescencia
Presidenta Ejecutiva Patronato Nacional de la Infancia
Presidenta Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.