Actualmente se encuentra en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos un proyecto de ley que pretende la penalización del tráfico ilegal de migrantes (Expediente No.15140, publicado en La Gaceta No.105 del día martes 3 de junio de 2003). Dicha normativa tiene como objetivo principal reformar el contenido actual del artículo 274 del Código Penal, ampliando el delito de Asociación Ilícita para aquellos hechos en donde el fin de la asociación sea favorecer el ingreso a territorio costarricense de personas indocumentadas. Además, se desea reformar la Ley de Migración y Extranjería con altas penas de prisión contra los extranjeros que reingresen al país sin autorización o eludan el control migratorio.
Lo anterior revela dos situaciones fundamentales. Primeramente, que una vez más se le endosa al derecho penal la solución de los problemas de naturaleza administrativa y que han sido imposibles de resolver por esas vías, olvidándose con ello que el derecho penal se rige por principios básicos -como por ejemplo- el principio de mínima intervención penal (ultima ratio) y el principio de proporcionalidad, estando reservada su injerencia sólo a la tutela de bienes jurídicos esenciales para la convivencia en sociedad, como por ejemplo: la vida, la propiedad privada y la intimidad.
Se reafirma también de esta manera la preocupante dirección que viene tomando desde hace algunos años la política criminal costarricense, criminalizándose diversas conductas en forma desmesurada con el único afán de detener supuestas patologías sociales; sin embargo, reiterados datos estadísticos demuestran que, ni la agravación de los delitos, ni la creación de nuevos ámbitos de protección penal, son la respuesta más acertada a una problemática que debe ser abordada desde ámbitos estrictamente preventivos y no represivos.
Lo que sin duda demuestra este proyecto de reforma legal es la incapacidad que durante años ha tenido la administración pública para controlar en forma adecuada el ingreso de extranjeros indocumentados por nuestras fronteras, un problema generado por los gobiernos anteriores y el actual, quienes omitiendo diseñar las políticas migratorias que el país necesita han descuidado sus deberes generando con su irresponsabilidad las graves consecuencias que ahora no saben como afrontar y por esa razón deciden lanzar el problema al derecho penal; a pesar de lo anterior, debe insistirse que resulta irracional abordar desde la perspectiva penal tal situación, medida que en vez de ser un paliativo la agravaría.
Ojalá los señores diputados comprendan el pantanoso y peligroso camino que este proyecto podría tener a futuro para nuestra sociedad. Estamos repitiendo el encarcelamiento que países «desarrollados» hacen en forma inhumana con muchos latinoamericanos. Ello conllevaría al aumento de la ingrata visión discriminatoria que existe actualmente en perjuicio de algunos extranjeros, ya que muchos de estos serían vistos injustamente como delincuentes «hasta que demuestren lo contrario».