En abril de 1997 la Contraloría General de la República pidió la destitución de la Gerente general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ingrid Hermann Escribano, por la supuesta violación a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios , tras comprobarse que recibía doble salario como funcionaria y como consultora de un organismo internacional.
Según la denuncia, en un inicio se le atribuía tener un contrato de consultoría con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por el que recibía $2.500 mensuales, al tiempo que se desempeñaba como una empleada de alto nivel del ICE.
Posteriormente, se le investigó por aparecer registrada como vicepresidenta de Asesoramientos Ganaderos y Agrícolas S.A. (ASEGASA), simultáneamente con su cargo de gerente.
En ese momento Hermann dijo que era una injusticia, negó enfáticamente los cargos y explicó que el dinero del PNUD fue un sobresueldo pagado de mayo a octubre de 1996 como parte de un programa de modernización de las empresas públicas, convenido entre el Gobierno y el PNUD, para cubrir su labor en el ICE. También alegó que ASEGASA no operaba desde hacía 17 años, por lo cual no existía conflicto de intereses. Esta empresa la fundó el padre de Hermann y dejó de funcionar cuando él murió.
Hermann presentó entonces un recurso de apelación y otro de revocatoria bajo el argumento de que esa ley  no le afectaba, por estar impugnada por la Procuraduría General de la República. Esta objeción la hizo el expresidente José María Figueres, en diciembre de 1996, tras conocer una resolución de la Contraloría, que solicitaba destituir al Ministro de Justicia, Juan Diego Castro, por pertenecer a la Directiva de una sociedad privada.
El caso de Hermann surgió durante la gestión de Rafael Sequeira en la presidencia ejecutiva del ICE y, en octubre de 2000, cuando ya había asumido el cargo Pablo Cob, se despidió a Hermann por «razones de conveniencia institucional».