Ante el crecimiento del déficit fiscal y la resistencia ciudadana a que se recorten las inversiones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Estado opta por recortar gastos que podrían afectar los programas sociales. …¿Y las ganancias de los capitales?
Los sectores sociales más desprotegidos como la niñez, podrían verse afectados con un recorte a los programas sociales. (Foto con fines ilustrativos)
Costa Rica tiende a convertirse en un país de secretos. Si ya se ha declarado secreta la información sobre cómo el Gobierno utiliza las donaciones que recibe de fundaciones privadas como la de Cooperación Estatal (FUCE) y la Costa Rica-Estados Unidos (CR-USA) -y nada pasa-, ahora el Ministerio de Hacienda mantiene en reserva los nombres de las instituciones que se verán afectadas por un recorte de unos ¢30 mil millones del gasto público, que bien podría reducir los programas sociales.
Y la reserva es hermética. UNIVERSIDAD trató de indagar -sin resultados- si instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, los ministerios de Educación y Vivienda, y el Instituto Mixto de Ayuda Social, habían constatado recortes en sus transferencias de parte del Gobierno Central.
El Ministro de Vivienda, Helio Fallas, dijo a este Semanario que «la información que tenemos es que los programas del Ministerio no serán afectados, sobre todo los bonos de vivienda.»
Por su parte, el viceministro de Trabajo, Carlos Monge, encargado del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) afirmó, tras una reunión con representantes de Hacienda, que tampoco pudo obtener la información.
«Nuestro flujo de gastos está cubierto. En el segundo semestre nos corresponde girar una partida al IMAS, pero está cubierta», explicó el funcionario.
Sin embargo, entre las instituciones y organismos que reciben transferencias y podrían estar incluidos en la lista se encuentran todos los ministerios, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes, el Patronato Nacional de la Infancia, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
De hecho, una fuente oficial aseguró a UNIVERSIDAD que ni la viceministra encargada del gasto, sabía cuáles eran las instituciones afectadas.

POR EL LADO MÁS DÉBIL

El significativo recorte, anunciado por el nuevo ministro de Hacienda, Alberto Dent, constituía el desarrollo más reciente de una tensión que tiene al Gobierno «con los nervios de punta»: el déficit fiscal sigue creciendo y es necesario lograr que el Estado obtenga mayores impuestos.
Y como en toda buena trama, el asunto es cómo, ¿cuáles intereses afectar?
Como se recordará, al comienzo del año el Poder Ejecutivo emitió una directriz por la cual ordenó limitar el crecimiento del gasto de las instituciones públicas a un 5,6% del que hicieron el año anterior, con el objetivo de reducir el déficit fiscal a casi cero.
Esta decisión generó la resistencia de la administración y de los sindicatos del ICE, quienes luego de unas primeras negociaciones, lograron que el Instituto fuera exceptuado de esta directriz. Sin embargo, aparentemente al comprobar que no lograría la reducción planeada del déficit, se exigió al ICE reducir sus inversiones del presente año, de modo que esa menor inversión -o «superávit»- se pudiera restar del gasto público.
La huelga de casi un mes del personal del ICE, y el cuestionamiento de las metodologías de cálculo del Fondo Monetario Internacional, abrieron otro proceso de negociación que culminó con la salida del entonces ministro de Hacienda, Jorge Walter Bolaños y la revisión de la meta fiscal.
Un análisis de académicos de la Universidad de Costa Rica, había sido pionero en olfatear la situación. Sobre la meta fiscal incorporada al Programa Monetario de 2003, dijeron en marzo pasado: «Son metas ambiciosas, que consideran una reducción del déficit financiero del sector público a un -3,1% del Producto Interno Bruto (PIB), en relación con un estimado de un -5% observado en 2002. Esta meta supone que el déficit financiero del Gobierno Central disminuirá de un -3,9% en 2002 a un -1,8%, en 2003, con base en un mayor crecimiento de los ingresos tributarios como resultado de las medidas de emergencia aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa y de un astringente plan de reducción del gasto público. Además supone que el superávit de las instituciones del sector público descentralizado compensará las pérdidas del Banco Central estimadas en un -1,3% del PIB.» («El deficit fiscal y la política fiscal en 2003», Justo Aguilar y Luis Diego Rojas).
«El estancamiento de la carga tributaria, medida por la razón de ingresos tributarios con el PIB, se mantuvo en un promedio del  12% a lo largo del período. Sin embargo, en 2001 se manifestó un repunte de la carga tributaria a un 13% como resultado de la aprobación de la Ley de simplificación y Eficiencia Tributaria», dicen los autores.
Sin embargo, en una entrevista anterior con UNIVERSIDAD, Aguilar advirtió que «antes la carga tributaria en el país era del 17%. Esto es porque quienes contribuimos al Impuesto de Renta somos los grupos medios, de profesionales y trabajadores, pero todo el sector empresarial que trabaja en el sector externo está exento de este pago. Precisamente la dinámica de nuestro modelo ha sido que el sector que genera exportaciones, y que ha obtenido la mayor riqueza, ha sido subvencionado mediante la exoneración de impuestos.»
El también director del Instituto de Investigaciones Económicas (IICE), de la UCR, agregó que «hay un sentido de injusticia social muy fuerte en la financiación del Estado, y a lo largo de 15 años esto ha significado una caída muy violenta de casi todos los servicios públicos: por eso se cayeron la educación y la salud.»
Aguilar y Rojas recuerdan que, durante el presente año, el Gobierno propuso realizar una reforma tributaria a partir de tres ejes: mejorar la recaudación de los impuestos vigentes a través de un régimen de personal especial para las Direcciones de Tributación y Aduanas, y la Policía de Control Fiscal; adoptar medidas para racionalizar el gasto público; y crear nuevos impuestos o mejorar los existentes para aumentar la recaudación tributaria.
Sin embargo, el cronograma de aplicación de estas medidas se ha convertido en una puja entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Mientras la primera exige que se discutan primero las mejoras a la recaudación y se racionalice el gasto, el Poder Ejecutivo, urgido por el Programa Monetario, introdujo, la semana pasada, un solo proyecto que pone por delante la creación de nuevos impuestos.
En el camino, quedó otro funcionario de esta administración, el exdirector de Tributación Directa, Adrián Torrealba, quien sostenía como prioridad la mejora de la recaudación.(Ver artículo en la sección Opinión).
Así, por ejemplo, el 14 de mayo de 2002, en una entrevista con UNIVERSIDAD sobre la relación entre el sector financiero y la recaudación fiscal, el intendente de Banca y Seguros de la SUGEF, Juan Muñoz Giró, reconoció que si bien los bancos privados son sujetos del Impuesto sobre la Renta, «el punto está en ver cuántos ingresos sujetos a tributación y cuántos gastos deducibles declaran. Esto lo tiene Hacienda».
Agregó que «habría que preguntarse si la información que envían los bancos está correctamente clasificada para efectos fiscales. Nosotros podemos brindar algún tipo de apoyo. Por ejemplo, los gastos originados por intermediación financiera, que son básicamente el pago de intereses por depósitos, se deducen. Habrá que ver si los gastos que ellos reportan como sujetos de deducción realmente son esos. El problema ya es más fiscal. ¿Creerá realmente la Tributación que aquel reporte, aquella fórmula de impuestos que presentan, es correcta? Nosotros podemos ayudar en alguna medida.»
El asunto es que, en lo que respecta al pago equitativo de impuestos y a los recortes del gasto público, los diferentes sectores ya no le pueden «jalar más el rabo al ternero». La crisis de equidad, parece estar llamando al orden… quizás a un nuevo orden.