Bruce Harris, de Casa Alianza
En países de fuerte tradición machista como Costa Rica, el simple hecho de escuchar la palabra castración levanta voces en contra y a favor. Sin embargo, extirpar o inutilizar las glándulas genitales, como lo define el diccionario de la lengua española, ha tenido resultados positivos en la prevención del delito sexual infantil en naciones como Dinamarca.
Datos en poder de la organización no gubernamental Casa Alianza, revelan que en Dinamarca el nivel de reincidencia de los delincuentes sexuales es del 2.2 %, una cifra bastante baja si se compara con el dato de que entre 34% y 64% de los abusadores incurre de nuevo en el delito, de acuerdo con investigaciones hechas en Alemania, Bélgica, Estados Unidos y Reino Unido.
Esta es una las medidas propuestas por organizaciones no gubernamentales (ONG) alarmadas por las cifras de personas menores de edad, que han sido asesinados en los últimos tres años
Mirta González, subdirectora del Centro de Investigaciones de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica, dijo que con la castración física o química en Dinamarca han reducido del 50% al 10% el total de agresiones sexuales contra menores.
Por su parte Bruce Harris, director ejecutivo de Casa Alianza, considera que cuando una persona es incapaz de respetar los derechos colectivos, una medida de este tipo es necesaria en la legislación nacional, pese a que algunos sectores la consideren una violación a los derechos individuales.
«No podemos dejar abierta la posibilidad de que un adulto abuse de un niño o niña; para eso tienen garantizada una protección especial en la Constitución Política», comentó Harris.
Las cifras recopiladas por la ONG indican que en los cinco años han sido asesinados 24 infantes y adolescentes con edades inferiores a los 18 y han desaparecido 44 menores con esas edades entre 2000 y julio de 2003.
La castración es uno de los cambios que Casa Alianza pretende impulsar en la legislación costarricense, así como el proyecto de ley «Osvaldo y Kattia», que pretende crear un registro de personas que cometan delitos sexuales, secuestros y asesinatos en contra de menores. Esta ley lleva ese nombre con el fin de recordar el asesinato de Katia Vanesa González, de 8 años, en barrio Quesada Durán, y el de Osvaldo Fabricio Madrigal de 4 años, quien fue robado de su casa el 4 de julio del año pasado y luego apareció muerto en la represa de Brasil de Santa Ana.
La propuesta, vista con buenos ojos por organizaciones como el CIEM, estima que las personas tienen el derecho de saber si en su barrio vive un abusador sexual, un secuestrador de personas menores de edad o un asesino.
«Por ejemplo, debe haber una lista pública de los docentes y sacerdotes que hayan cometido abusos. Eso es lo mínimo», comentó la psicóloga González, quien estima necesario que la policía le dé seguimiento a las personas que cometen delitos sexuales.
Cifras oficiales del Poder Judicial dan cuenta de que al menos 120 abusadores, entre ellos 80 nacionales y 40 extranjeros, fueron condenados por delitos sexuales en San José en los últimos tres años.
Sobre este tema Fernando Cruz, juez del Tribunal Penal de Casación, afirmó que la aplicación de la castración podría  tener roces constitucionales, debido a que una sanción no debe implicar de inmediato una pena de tipo corporal, que a su juicio afectaría la dignidad y la integridad física de la persona.
Añadió que esta posibilidad solo podría ser admisible, si el sentenciado la aprueba de manera voluntaria.
Sobre la divulgación de la lista de nombres, Cruz sostuvo que se puede aplicar, pero sin que la publicación del nombre implique un registro sin límite de tiempo. Las penas tienen un objetivo rehabilitador y por tanto esa divulgación implicaría de alguna manera, admitir que el Estado no logró ese objetivo. Sin embargo, el juez cree que al tutelar y garantizar la Constitución Política el bien de la persona menor, se podría registrar el nombre del delincuente en función del interés del niño y la niña.
Otros sectores impulsan cambios como el aumento de penas por esos mismos delitos, que irían de 5 a 10 años en caso de sustracción simple y de 18 a 20 años en caso de sustracción agravada, que implica el secuestro de parte de los padres, madres o personas encargadas de los pequeños. El proyecto fue presentado por el diputado Carlos Avendaño.
Aunque la población avala un incremento de las penas a los abusadores y violadores de infantes en contextos como el de la desaparición y muerte de la pequeña Kattia Vanesa González, jueces como Cruz sostienen que no existe una solución «mágica» que permita concluir que con un aumento de las penas, se pueda reducir la tasa de delitos sexuales contra infantes.
El juez comparte una revisión de las sanciones en el caso de secuestro extorsivo contra menores, pero reiteró que ello no garantiza que los pedófilos (persona que comete abuso deshonesto contra infantes) se vayan a retraer automáticamente de cometer este tipo de delitos.
Actualmente este delito está penalizado con dos años de cárcel, mientras que el robo de vehículos se sanciona con diez años máximo de prisión.
Además del incremento de las acciones punitivas, la experta González del CIEM expresó que es esencial que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se transforme en un centro, con el fin de facilitar el trámite rápido a denuncias planteadas por familiares o vecinos ante sospechas de casos de abuso o explotación sexual, pues ese proceso es lento y burocrático en la institución. A su juicio debe haber una línea de atención para ayudar a esas niñas que deambulan por las calles.

«Un tucán para la chiquilla»
Muchos explotadores sexuales infantiles todavía creen que con darle ¢5.000 a una menor por sus «servicios» cumplen con «la chiquilla» y de paso le dan «un tucán a la familia». La organización Casa Alianza sostiene que esa es la realidad que viven al menos 3.000 menores en las calles, hoteles, casas particulares o prostíbulos, que se ven obligadas a dar sus servicios sexuales a personas adultas que maltratan y explotan sus vidas.
Son niños y niñas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad de la que son responsables los sectores que se benefician de la explotación y tráfico de infantes, provenientes de Panamá, Filipinas, República Dominicana, Nicaragua, según datos de la ONG.
Estas personas se encuentran en riesgo permanente de ser asesinadas, secuestradas o violentadas por los pederastas (las que cometen abuso deshonesto contra infantes), al igual que las de la calle y las trabajadoras.
El problema de la explotación sexual infantil llegó a su clímax cuando se dio la discusión durante la administración del entonces presidente Miguel Angel Rodríguez y Bruce Harris, director ejecutivo de Casa Alianza, sobre el número de niñas que ofrecían servicios sexuales.
Entonces, «¿por qué sigue existiendo la explotación sexual infantil?, se pregunta Harris. Su respuesta la resume en cuatro razones: la «ineptitud» de las autoridades policíacas; la falta de recursos de la Fiscalía de Delitos Sexuales; la corrupción, ya que «es un negocio por el que corre mucha plata».
A esto debe sumarse una razón tan fuerte como las otras, una sociedad machista, que para el Defensor de la Niñez, Mario Víquez, le quita a una adolescente toda su niñez para transformarla en «cosa de uso público, que al andar en la calle, es accesible por cualquier hombre».
Esa concepción ha permitido que a niñas de 13 años de edad se les vea como mujeres, según puntualizó Mirta González, del CIEM.
«Es algo medieval, si antes obligaban a niñas de 12 y 13 años a casarse, ahora cuando ven que una menor entra en la adolescencia, los hombres se creen con el derecho de conseguir a una de 13 años para poder decir, «yo te hice mujer», explicó González.
Harris comentó que existe la creencia popular de que una niña de 14 años está preparada para tener relaciones sexuales y en muchos casos el padre se cree con el derecho de ser el primero.
Para el director de la ONG, lo más serio es que diversos sectores de la población consideran que las niñas se «prostituyen» porque les gusta, cuando especialistas han comprobado que muchas inician este camino debido a que han sido abusadas sexualmente en el seno familiar, viven en hogares con una alta presencia de violencia intrafamiliar y abuso físico y verbal.
Un estudio elaborado por María Cecilia Claramunt, titulado «Explotación Sexual en Costa Rica», revela que 62% de las personas menores entrevistadas afirmaron haber sido víctimas directas de maltrato físico, en su mayoría cometido por el padre o la madre de manera conjunta.
Una gran parte de estos infantes se inició en el mundo de la explotación sexual a los 12 años cuando caen en manos de los explotadores, quienes pueden ser costarricenses o extranjeros.
Harris sostuvo que la relación entre nacionales y turistas extranjeros es de «2×1», es decir dos costarricenses por cada extranjero explotador. Esto trae abajo cualquier tesis que estime a los turistas foráneos, como los principales explotadores sexuales.
«Entre estos últimos se encuentran trabajadores de cuello blanco, obreros, familiares, hombres de negocio, líderes políticos, funcionarios gubernamentales y policías», indica la investigación de Claramunt.
Los extranjeros son el otro grupo que Harris define «como gordos, feos, cincuentones que jamas podrían encontrar por este precio algo así en Estados Unidos». Por eso vienen a Costa Rica, donde es reconocido y abierto el mercado de explotación a menores en zonas turísticas, como sucede en Jacó.

Vacas flacas para el PANI
El diputado Carlos Avendaño, quien preside la Comisión Permanente de Juventud, Niñez y Adolescencia del Congreso, afirmó que de los ¢8.000 millones presupuestados al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), solo recibió ¢5.000 millones el año pasado.
El presupuesto del PANI, que se alimenta del 7% del impuesto sobre la renta, debería ser de ¢17 mil millones, si realmente se le otorgara el porcentaje que le corresponde por ley, detalló el legislador.
Sin embargo, Rosalía Gil, presidenta del PANI, rechazó esas afirmaciones ante una consulta hecha por UNIVERSIDAD el 18 de julio y sostuvo que para este año el Ministerio de Hacienda no le ha subejecutado los recursos a la institución.
Anunció que el Consejo Nacional de la Niñez tomará varias acciones, entre ellas una campaña nacional en los medios de comunicación, un trabajo conjunto con las universidades y el impulso a leyes que protejan a la niñez y penalicen a los agresores. El PANI destinará ¢70 millones para esas campañas.
«Gil es una persona con buena voluntad, pero el Ministerio de Hacienda realiza los recortes. El ministro puede ser un buen administrador, pero obviamente no es un trabajador social y no logra entender el impacto de sus acciones fiscales», comentó Bruce Harris, director ejecutivo de Casa Alianza.
Añadió que a diferencia del gobierno anterior la administración actual ha reconocido la magnitud de la explotación sexual y comercial, así como el alto riesgo que viven los niños de calle. Sin embargo, insistió en que ahora se deben ejecutar acciones para evitar que muchos vivan con hambre en las calles.
«Una vez que el gobierno reconoce el fenómeno social de la niñez, tiene la obligación  de responder. Para empezar, debería hacerlo con un buen programa de niños de la calle», agregó.
Harris detalló que aunque el PANI tiene un centro de atención dirigido a este sector, solo seis reciben esa ayuda de parte de la institución, pese a que se estima en 1.500 los menores que deambulan en el ámbito urbano.
El Defensor de la Niñez, Mario Víquez, dice que solo el año pasado la institución recibió al menos 23 mil denuncias por abusos físicos, psicológicos, sexuales o negligencia contra infantes, cifra que considera refleja el 10 % de la realidad de violencia que vive esta población.
Según Víquez, ese dato debería multiplicarse por nueve debido a que la condición de vulnerabilidad de las y los niños, les impide plantear de manera abierta y formal las denuncias por abusos sexuales.
La discusión sobre los recursos del PANI y las necesidades que debe atender se da en momentos en que la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) alertó sobre la disposición de colocar importantes recursos en inversiones.
Basados en un informe de la Contraloría General de la República, la ANEP indicó que hacen esas inversiones «mientras se quedan sin resolver problemas de la niñez y adolescencia, que necesitan una atención inmediata, con la excusa de que no hay contenido presupuestario».
El documento detalla en el rubro asuntos «peligrosos» que hay una inadecuada administración de los bienes de menores que son recursos privados e inadecuados procedimientos de verificación y registro en la ejecución de ingresos y egresos e incumplimiento de disposiciones legales y técnicas.