El puerto de Caldera podría convertirse en un atractivo negocio para consorcios privados.
La explotación de la terminal portuaria de Caldera, en Puntarenas, por un consorcio privado, podría significar un oneroso negocio para el Estado y la consolidación de un oligopolio (pocas empresas privadas controlando una actividad) para un puñado de compañías, dos colombianas y dos costarricenses.
Esta es la denuncia en la que coinciden la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con respecto al proceso por el cual se dieron en concesión tres de cinco servicios públicos: el puerto de Caldera, su terminal «granelera» y sus remolcadores (siguen sin oferentes las terminales atunera y turística), al Consorcio Portuario Caldera, integrado por las empresas colombianas Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (con el 51% de las acciones) y Estación Brisas del Pacífico S. A. (9%), y las costarricenses Comercializadora RyS S. A. (21%) y Logística de Granos S. A. (19%).
Las dos nacionales a su vez forman parte de grupos que se dedican al comercio en gran escala de granos y otros alimentos. Comercializadora RyS S.A. pertenece a la familia Ramírez Steller, dueña del grupo Saret. Logística de Granos S.A., representada por el expresidente de la Cámara Costarricense de Importadores de Graneles (CACIGRA), Antonio Echeverría Musmani, es una subsidiaria de Rica Foods, el grupo empresarial de Calixto Chávez, quien tendría planes de adquirir el 51% de sus acciones (ver recuadros).
Una fuente consultada por UNIVERSIDAD expresó su preocupación porque el control de los servicios portuarios de Puerto Caldera por empresarios dedicados a un mismo tipo de actividad podría afectar a las empresas dedicadas a otros rubros. «Dar en concesión este puerto nacional tiene sentido si se va a lograr sacar una mayor cantidad de carga por el Pacífico. De otro modo, habría que preguntarse si realmente vale la pena el negocio», dijo.
 
Además, la operación tendría un costo oneroso para el Estado, que sería pagado por el conjunto de la población.
Para el diputado Rodrigo Alberto Carazo, «es cuestionable el afán de privatizar a toda costa este puerto. Y, para hacerlo, buscan la forma de sacarla del sombrero, lo cual significa para el Estado una erogación y un endeudamiento que no se resarcirán con los ingresos que se obtienen de la concesión.»
Según los cálculos del PAC y de la ANEP, el proceso para dar en concesión el puerto de Caldera con todos sus servicios le costará al país ¢12 mil millones, mientras que los ingresos serán únicamente de ¢8.000 millones. (Ver cuadro «Cifras críticas»)
Rocío Aguilar, secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), rechazó que se tratara de una privatización. «Cuando Ud. privatiza, el negocio sale totalmente de la esfera del Estado. Aquí no hay privatización. Cada centímetro cuadrado de obras que se construyan, es propiedad del Estado y, por ley, el Estado siempre va a tener la prerrogativa de recuperar el bien.» Además consideró que los beneficios económicos de la operación no deben medirse únicamente por los costos. «El Estado recibe, básicamente, una mayor productividad y el sector productivo mejorará su competitividad», dijo.
Por su parte Edwin Rodríguez, director de Gestión Portuaria, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, aseguró que según los estudios realizados, los ingresos públicos aumentarán una vez que el proyecto se materialice. «Hoy todos los costarricenses perdemos $14 millones anuales en dos rubros: los pagos de la convención colectiva, que suman $7 millones, y otro tanto por el tiempo de espera de los barcos.»
Sin embargo, Carazo dijo que el INCOP fue obligado a mantener altos superávit -de entre ¢1.845 millones y ¢5.785 millones en los últimos tres años. «Con tal de hacer la privatización, perjudicaron intencionalmente a la institución y al servicio que presta. ¿Cuánto es imputable al abandono, a no hacer las inversiones necesarias?», preguntó.
Para que la concesión pudiera concretarse, primero fue necesario negociar con el personal del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), su despido y el pago de indemnizaciones «sin límite de años de servicio» según las describió el diputado. «Fue muy lamentable cómo, para lograr esto, compraron a los trabajadores ofreciéndoles indemnizaciones totalmente desproporcionadas, que se pagarán con recursos públicos», agregó.
El proceso de negociación laboral fue ideado por Enrique Montealegre Martín, a quien el Banco Mundial pagó una consultoría de $20 mil. Actualmente, Montealegre es el presidente ejecutivo del INCOP. Otros financistas de concesiones son las fundaciones Costa Rica-Estados Unidos (CR-USA) y de Cooperación Estatal (FUCE), que reciben fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), del gobierno de Estados Unidos.
Para costear el despido del personal del INCOP, la Asamblea Legislativa autorizó la transferencia de ¢3.280 millones, en el Presupuesto Extraordinario del presente año. Según Carazo, esta era la acción que faltaba para que la Contraloría General de la República pudiera refrendar los contratos de concesión -todavía pendiente-, pues sin el despido e indemnización del personal del INCOP, el proceso no podía continuar.
Según explicó Aguilar, una vez concedido el aval de la Contraloría, el consorcio al que se le adjudicó la explotación de Puerto Caldera, repondrá esa erogación, pues debe «hacer un aporte real de $20 millones, porque es para liquidar a los trabajadores del INCOP. Sin ese dinero, no se puede hacer la liquidación y, por lo tanto, no pueden entrar a operar. Se depositará después de que se refrenden los contratos, en el período de cumplimiento de condiciones precedentes.»
 
OTROS NÚMEROS
 
Sin embargo, esta operación es rechazada por la ANEP. En una carta enviada al Ministro de Hacienda, Alberto Dent, la asociación gremial afirma que el costo total de la indemnización al personal del INCOP será, en realidad, de $23 millones 432 mil.
«Los números anteriores evidencian que a octubre de 2002, el dinero que ingresaría al INCOP por concepto de pago de las empresas concesionarias, ni siquiera alcanza para cancelar el desarraigo; eso sin tomar en cuenta que al día de hoy los cálculos aumentan, puesto que si la indemnización se cancelará teniendo como parámetro la antigüedad del personal, el monto sería mayor, dado que hay un aumento por este concepto. El Estado debe desembolsar, para completar las indemnizaciones complementarias por desarraigo, un total de $3.364.352», argumentó.
La ANEP también defiende los derechos de unas 550 personas contratadas interinamente por el INCOP, y pregunta qué sucederá con «una serie de empresas privadas que una vez entregado el puerto a los concesionarios deberán desalojar esas instalaciones. Nos preguntamos: ¿se calculó ya a cuánto asciende la indemnización que deberá pagar el Estado a estas empresas, ya que los servicios prestados por estas también fueron adjudicados en la concesión? ¿Cuánto más tendremos que pagar los y las costarricenses por este negocio?»
Hasta el momento, todo el proceso para dar Puerto Caldera en concesión ha sido avalado por la Contraloría General de la República, cuyas interpretaciones, según explica Manuel Martínez Sequeiro, gerente de la División de Asesoría y Gestión Jurídica, en una carta de respuesta al PAC, se ciñe al «principio de eficiencia» establecido en la Ley de Contratación Administrativa, según el cual «todos los aspectos formales pueden ser subsanados oportunamente sin que ello afecte necesariamente la validez de la contratación.»
GRUPO CORPORATIVO SARET
Fue fundado en 1976 por la familia Ramírez Steller como una compañía consultora para la industria alimentaria y como representante de varias empresas extranjeras de granos, cereales y equipo de almacenaje. En 1983 inició la producción de paneles de concreto para viviendas de interés social. Así inició su rama de la construcción. En 1986 incursionó en los bienes raíces, creando parques industriales para industrias de zonas francas y también un complejo hotelero en el Pacífico. Luego incursionó en proyectos de generación privada de energía eléctrica. Participa en proyectos en Centroamérica, Panamá, México, Venezuela, Estados Unidos y en la Isla Mauricio y Kenia. Tiene tres divisiones: Contratación General (construcción), Bienes Raíces (parques industriales, reforestación, agricultura y ganadería) y Energía (generación de energía eléctrica). «Esta División tiene diferentes porcentajes de participación en proyectos que venden electricidad al sistema de distribución de Costa Rica.»
Fuente: Corporativo Grupo Saret de Costa Rica. 1999. Internet.
RICA FOODS
Su junta directiva está compuesta por Calixto Chaves, ex asesor presidencial y Ministro de Industria, Energía y Minas, miembro de la junta directiva de Oleaginosas Centroamericanas y Derivados, S. A. y de la Industria Oleaginosa Americana; Jorge M. Quesada, exmiembro de la junta directiva del Banco de Fomento Agrícola y la Financiera Belén S. A.; Federico Vargas, ex embajador en Estados Unidos, ex ministro de Hacienda, diputado y presidente de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional; Mónica Chaves, vicepresidenta de Pipasa y As de Oros.
Las operaciones de la empresa son principalmente conducidas a través de las subsidiarias que posee en un 100%: Pipasa y As de Oros, y sus respectivas subsidiarias.
La empresa planea adquirir, por $2.58 millones, una participación de 51% de Logística de Granos S. A., de Port Ventures S. A. (el «Vendedor»), una compañía propiedad de José Pablo Chaves, hijo del presidente de la empresa. Logística es una compañía costarricense que tiene una participación minoritaria de 19% en dos empresas privadas locales que, como parte del proceso de modernización portuaria en Costa Rica, obtuvieron una concesión para la construcción, operación, mantenimiento, explotación y subsecuente transferencia al Gobierno, de una nueva terminal mayorista en Puerto caldera, y las operaciones, mantenimiento y explotación de las instalaciones en Puerto Caldera. Este es el puerto más grande en la costa pacífica de Costa Rica. Esta adquisición expandirá la integración vertical de la compañía, al incorporar el desembarque de granos importados para su procesamiento.
Las 4.000 acciones de Logística de Granos están repartidas de la siguiente manera: 2.000 de Hernán Azofeifa Delgado y 2.000 de Rodolfo Arce Hernández.
La empresa espera pactar la operación alrededor de abril de 2003, cuando espera obtener el completo aval del Gobierno.
El 12 de noviembre de 1999, Rica Foods, de Coral Gables adquirió el 11% de Comercial Angui S. A. Aunque los términos del trato no fueron revelados, esto fue consecuencia de una «reorganización corporativa». Comercial Angui, una corporación costarricense, es en un 100% propiedad de Antonio Echeverría, un ciudadano costarricense cuyo principal negocio es el alimento para animales y productos relacionados.

Fuente: South Florida Business Journal, Internet.