En la Junta de Pensiones del Magisterio, Guillermo Jaén Méndez y Ana Cecilia Barrios Acevedo hacen fila para tramitar sus pensiones.
Toda oídos ha sido en los últimos días la comisión legislativa que analiza las reformas a la ley de pensiones del Magisterio Nacional, pues se ha dedicado a recibir información y números, y recién la próxima semana entrará a analizar el proyecto.
El proyecto de ley de reforma al artículo 2 de la Ley de Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (7531) y su reforma (7946), será estudiado por una comisión especial que se formó al finalizar la huelga de maestros, y esta debe rendir un informe a principios de setiembre. Algunas personas piensan que éste tendrá un trámite rápido, aunque otras -que no lo consideran tan sencillo aún al estar conformado por un único párrafo-, pronostican un debate fuerte.
Alfredo Hasbum, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA), espera que la reforma llegue al plenario en setiembre, ya que existe un espíritu favorable a raíz del viraje del Gobierno hacia la parte social; la única excepción ha sido la posición de los libertarios.
El cambio propuesto es adicionar al artículo 2 un párrafo final que diga: «Quienes hayan servido 20 años al Magisterio Nacional al menos al 18 de mayo de 1993 o al 13 de enero de 1997, adquirirán el derecho a pensionarse bajo las leyes 2248 y 7268 respectivamente».
UNIVERSIDAD consultó al diputado Federico Vargas, del Partido Unidad Social Cristiana y quien coordina la comisión, sobre los cambios que deberían introducirse al texto; en su criterio se debería agregar «servido y cotizado» en lugar de solo «servido», para evitar surjan esas pensiones de tipo político que se han otorgado.
«Por ahora estamos examinando los números, en la sesión siguiente vamos a discutir el proyecto y analizar la disponibilidad económica en el Gobierno», comentó.
Por su parte la legisladora Ligia Zúñiga, de Liberación Nacional y quien también integra el grupo, aclaró a UNIVERSIDAD que aún están recibiendo toda la información, y se pidió un plazo para recibir a más gente en la comisión, como el Ministro de Hacienda Alberto Dent, quien los visitó de nuevo recientemente. «No hemos tomado una determinación de exactamente qué reformas propondrá el PLN», dijo.
Los otros miembros de la comisión son Elvia Navarro (Bloque Patriótico), Marta Zamora (Acción Ciudadana), José Francisco Salas (Independiente), Carlos Avendaño (Renovación costarricense); Luis Paulino Rodríguez y María Elena Nuñez (Liberación Nacional).

MAYOR CLARIDAD

Especificar ciertos aspectos para lograr una mayor claridad es lo que proponen algunos profesionales que han seguido de cerca la polémica sobre las pensiones del Magisterio.
Vernor Arguedas, matemático de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que el proyecto debe definir dos fechas: que aquellas personas que, a mayo de 1993, llevaran 20 años de trabajar en el Magisterio se puedan jubilar al amparo de la ley 2248, y que quienes en enero de 1997 cumplieran 20 años de trabajar en el Magisterio, se pueden jubilar bajo la ley 7268, «una vez que hayan cumplido con los demás requisitos, es decir, los 30 años de trabajo».
Esta especificación de que es requisito haber servido durante 30 años no se encuentra incluida en el texto, y según dijo una fuente legislativa que pidió el anonimato, si no se cierran esos portillos se seguirán permitiendo los privilegios y la corrupción. De acuerdo con la fuente, muchos maestros rechazan cambiar la ley porque no quieren aceptar que el t esta reforma revive antiguos privilegios de la ley 2248.
En su criterio hay puntos que se deben aclarar en el proyecto, por ejemplo, si los maestros que están haciendo fila para pensionarse, lo harán todos al mismo tiempo una vez aprobada la reforma.
Pero la JUPEMA refutó esta afirmación  pues los 8.000 educadores se jubilarán a lo largo de 8 años y sus estimaciones indican que a partir de 2004 lo harán 1.500 personas que cumplen con los requisitos.
Además, el patrono no puede obligar al empleado a pensionarse, es una decisión individual.
Con respecto a los 30 años de trabajo, Hasbum agregó que esto sí se especifica en las leyes originales y es preciso respetar los derechos y deberes adquiridos  de acuerdo con la legislación anterior.
Según la Junta a junio de 2003 se encuentran 32.000 personas pensionadas por el Magisterio y más del 70% son mujeres. En 2020 se alcanzará el punto máximo de pensionados; después el número comienza a reducirse y se espera que para 2063 se extinga por completo el régimen de reparto.