TSE llama a dar trámite a proyecto para reformar Código Electoral
La exministra de la Presidencia, Rina Contreras, mantiene el silencio sobre su participación en los manejos de fondos del PUSC en las elecciones pasadas. A la par su abogado, Francisco Castillo
Las estructuras paralelas mediante las cuales se captan o transfieren donaciones durante las campañas electorales siempre han existido especialmente en el caso de los partidos mayoritarios, según concluyen algunos analistas políticos.
El reciente escándalo por los manejos financieros que hicieron altos representantes del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) durante las elecciones pasadas, es solo la punta del iceberg de un supuesto sistema montado desde hace décadas que permite ese trasiego de dineros paralelamente al reporte oficial que se debe hacer sobre su uso al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Al menos así lo consideran los abogados y académicos José Miguel Villalobos y Francisco Barahona.
La negación de las estructuras financieras paralelas que adujo el canciller Roberto Tovar ante la comisión especial legislativa que estudia el financiamiento de las campañas políticas puso más bien en evidencia cómo – según sus propias palabras- dichos sistemas se daban a lo interno de su partido.
 
Específicamente, alegó que el tesorero del PUSC, Fernán Guardia, prestó sus oficinas para el funcionamiento de un grupo empresarial que manejó los recursos de la campaña de Pacheco, mientras que Rodolfo Montero custodiaba cinco cuentas corrientes que eran receptáculos de donaciones de esa agrupación política.
Estos hechos, sumados a las posteriores declaraciones de Guardia, de Montero y del mismo presidente Pacheco -más el silencio que guardó para contestar a preguntas de diputados la exministra de la Presidencia, Rina Contreras- tienen al PUSC sumido en una crisis que pone en tela de duda su existencia al largo plazo.
Estos acontecimientos recuerdan también otros casos en los que se involucró a miembros del Partido Liberación Nacional (PLN), entre ellos, al expresidente Daniel Oduber y a Óscar Arias. (Ver recuadro: «Historia conocida»).
 
¿POR QUÉ LO HACEN?
 
Para José Miguel Villalobos las estructuras paralelas se establecen en parte para recibir donaciones sin tener los límites que establece la ley respecto de cuánto puede regalar una persona –unos ¢13 millones–.
En 1997 se definió que el 0,19% del Producto Interno Bruto (PIB) –que son todos los bienes y servicios producidos en el país– se destine a pagar la deuda política que el Estado reconoce a los partidos políticos después de cada campaña electoral.
«El punto es que Roberto Tovar dijo que lo sucedido era un sistema paralelo dentro de su partido. (…) Esto es paralelismo, fuera o dentro de esa agrupación», aseveró Villalobos.
La presidenta del PUSC, Rina Contreras, fue también miembro del comité de recolección de donaciones, pero por más que se le intentó interrogar después de su comparecencia en la Asamblea Legislativa no quiso comentar ninguna participación suya.
 
INCONVENIENTE MEZCLA
 
Francisco Barahona, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia, abogado y especialista en relaciones internacionales, concluyó que los sistemas paralelos siempre remiten a una mezcla de «buen negocio personal con razones financieras».
«El PUSC manejó ¢5 mil millones y reportó mas de ¢3 mil. (…) Eso no es ilegal porque la legislación prevé que las empresas u organizaciones pueden contribuir siempre y cuando sea para la formación ideológica de los ciudadanos desde los partidos».
Considera muy grave que aún se den contribuciones externas a pesar de que el Código Electoral las prohíba, precisamente mediante cuentas en el sistema financiero, como sucedió con fondos para la campaña del presidente Abel Pacheco mediante la sucursal de BICSA en Panamá -recibió más de $1 millón-. En la cuenta Compañía Bayamo S.A., de esta sede, la empresa Credomatic donó $150 mil.
Tanto Barahona como Villalobos coinciden en que para eliminar este tipo de irregularidades urge aprobar un nuevo código para las elecciones que presentó el TSE el pasado 19 de junio.
También una comisión de notables había presentado más de 20 reformas constitucionales para regular esta actividad, pero aún no han sido tomadas en cuenta.
La convocatoria a una asamblea constituyente o un plebiscito es una de las mejores salidas para darle una solución de fondo a estos problemas, pero esta opción también se encuentra entrabada mientras no se apruebe el nuevo reglamento parlamentario, coincidieron los especialistas consultados.
Historia conocida
Los sistemas paralelos en el manejo de fondos tienen una larga historia, cuyo antecedente se remonta antes de 1949 cuando el aparato público era un botín político, parte del «peaje» que se pagaba por tener un cargo público.

* En ese año el Estado asume los gastos de las campaña políticas.
* En 1971 se aprueba el pago adelantado de la deuda según los votos que hubiera obtenido cada partido.
* A principios de los años 90 se eliminó el pago adelantado. Por tanto, las agrupaciones políticas debieron emitir bonos y el Estado les reconoció con posterioridad ese dinero.
* En 1997 se destinó el 0,19% del Producto Interno Bruto (PIB) al pago de las campañas, por lo que se tuvo que reformar el artículo 96 de la Carta Magna.
* En medio de todos estos cambios se han dado otros casos que han hecho eco en la opinión pública. Entre ellos las investigaciones hechas al expresidente Daniel Oduber por no reportar ¢1 millón que había recogido para la campaña del exmandatario Óscar Arias, según indagó una comisión legislativa contra el narcotráfico en 1987.
* También la controversia se suscitó con las donaciones hechas por el estadounidense Lionel James Casey a la campaña de Arias, igualmente por aparentes dineros recibidos por el exmandatario de Panamá, Manuel Antonio Noriega y otros extranjeros como Roberto Fionna y Fernando Melo.
* Para la campaña electoral de 1998 salieron a relucir las visitas que hicieron altos personeros del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) al mexicano Carlos Hank, de quien se han hecho amplias investigaciones por narcotráfico.
* Entre los socialcristianos mencionados están Miguel Ángel Rodríguez, Rolando Laclé, Roberto Rojas y Rafael Ángel Calderón.
* El Partido Liberación Nacional (PLN) suspendió a inicios de este año a su líder y excandidato presidencial, Rolando Araya, por haber recibido un cheque de $25 mil en diciembre de 2001 para sufragarse parte de sus gastos en la pasada contienda electoral.