Hace unos años, actuando como Coordinador de la Comisión de Seguridad y Tránsito de la UCR visité varias universidades de Miami, a fin de modernizar la tecnología en materia de emergencias.  En una de esas visitas topé con un general que se había desempeñado como instructor de la Escuela de las Américas y que ya retirado brindaba sus servicios en una Universidad de ese estado.  Era una persona afable que rememoraba con nostalgia los «gloriosos» tiempos de la desaparecida Escuela militar, instalada en la hermana República de Panamá y que, lamentablemente -según su decir-, fue expulsada de ese territorio por la acción del pueblo panameño.  De lo que omitió platicarme mi interlocutor fue de los tristemente célebres egresados, que terminaron convertidos en dictadores, torturadores responsables de miles de desaparecidos, capos, narcotraficantes, etc.
No hay duda de que esas remembranzas y sueños con el pasado son compartidos actualmente por quienes dirigen la expansión militar en EEUU -y por los criollos, que nunca han de faltar en ningún país latinoamericano- habiendo logrado crear otras homólogas, encubiertas con el nombre de Escuelas Policiales Internacionales en Budapest, en Tailandia y en Bostwana. Todas están coordinadas desde Roswell, Nuevo México, Estado Unidos, con la participación expresa del FBI, la DEA y los servicios secretos (CIA) de ese país.
En Costa Rica, su instalación es casi un hecho, entre almuerzos de congresistas que van y vienen de esa Embajada,  han logrado convencer prácticamente a todo el espectro político de la Asamblea Legislativa, excepto los del PAC, que en una lucha solitaria intentan impedirlo, aunque su éxito se vislumbra poco promisorio.  Las organizaciones ciudadanas pro paz, las federaciones de estudiantes, algunas organizaciones sectoriales y sindicatos están llamando a organizarse, pero el ambiente general es de gran indiferencia.  Los funcionarios del ICE apenas hacen la digestión de las reivindicaciones recién logradas y los de la educación esperan los permisos oficiales de las autoridades para participar en las marchas (aunque es dudoso que lleguen, pues en este caso no se trata de pensiones que amenacen los bolsillos de nadie).
La experiencia nos dice que en estas academias, militares y policías, son instruidos en labores de inteligencia política y militar; su acción está enmarcada dentro de los planes antiterroristas, al igual que el Plan Colombia, el de Venezuela, Brasil, Bolivia y Argentina. El apoyo moral del presidente Abel Pacheco a la invasión de Irak no fue casual, así como tampoco la aprobación del atraque, anclaje y permanencia de 38 barcos de guerra de la Marina de los Estados Unidos, más dos guardacostas, en flagrante violación a la Constitución Política.
Con esta iniciativa, nos presentaríamos al mundo como en vitrina, con instituciones de todo tipo y para todos los gustos, una Universidad para la Paz, un Instituto y una Corte Interamericana de Derechos Humanos,  una representante ante la Corte Internacional Penal Internacional y ahora una academia militar policial.  Todos convivirían armónicamente en condiciones de inmunidad diplomática y, así, nuestros nuevos gobernantes continuarán enterrando con eclecticismo los últimos vestigios de una Costa Rica sin ejército, neutral en los conflictos armados y amante de la paz.
La parodia no podría ser mejor representada, un país que se niega a apoyar y soborna con toda desfachatez a otros países para que no reconozcan la jurisdicción de la Corte Internacional Penal, que exige inmunidad para sus militares, nos viene a dar lecciones de derechos humanos, a educar a nuestros jueces y policías judiciales.  El Colegio de abogados ya se pronunció en contra. La Corte Plenalas Universidades, las organizaciones , gremiales y la sociedad civil costarricense tienen la palabra.