A pesar de que se dio a conocer nueva información sobre las contrataciones privadas realizadas por la Comisión Presidencial (COPRE), mediante fondos de la Fundación de Cooperación Estatal (FUCE), durante la administración Pacheco, la transparencia del sistema democrático costarricense continuaba sumida en el misterio del limbo -también conocido como «Estado paralelo».
Así lo confirmó a UNIVERSIDAD el Defensor Adjunto de los Habitantes, Max Alberto Esquivel, quien criticó el hecho de que la entrega de cuatro informes trimestrales de FUCE, por la excoordinadora de la Comisión, Rina Contreras, «solo responden a una de las 20 preguntas que le remitió la Defensoría».
Estas buscan conocer el monto, procedencia y desglose de los recursos económicos administrados por FUCE, con corte al mes de julio de 2003; cómo opera la canalización de los recursos hacia la Fundación, tanto los provenientes de gobiernos u organismos internacionales como del presupuesto nacional o de otro origen. También el listado de los Acuerdos de Cooperación No Reembolsables suscritos con FUCE en los últimos cinco años, los proyectos o programas financiados por la fundación y los montos pagados al personal o consultores de cada programa de donación.
Además, la Defensoría pide saber «las razones por las cuales el dinero donado no es canalizado directamente hacia el Gobierno de Costa Rica sino hacia FUCE como intermediaria», y tener acceso a los documentos que garantizan la fiscalización y cumplimiento de lo contratado.
«Los informes entregados son absolutamente insuficientes», dijo Esquivel, quien además criticó a la también exministra de la Presidencia por aducir que el resto de datos no se encuentran a disposición de la Comisión, sino que «deben constar en los informes anuales que FUCE remite a la Contraloría desde el año 1991, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Fundaciones» (Oficio de Rina Contreras a la Defensoría, 6 de agosto de 2003).
«Esta ignorancia es inconcebible e inaceptable», enfatizó Esquivel, quien añadió que «la primera lucha de la Defensoría en cuanto a este tema es por el derecho a la información de la población, que está siendo negado, y en segundo lugar, para saber cómo se usaron los fondos.»
UNIVERSIDAD preguntó al contralor, Luis Fernando Vargas, por el contenido de los informes que FUCE remite a esa entidad, pero solo dio una idea general. Dijo que la Contraloría estudia si es legal que funcionarios públicos sean adicionalmente contratados por una fundación privada para realizar funciones públicas, y si los fondos donados al Gobierno costarricense y que esa fundación administra, son públicos. (Ver entrevista «Lo estamos estudiando»)
Por su parte, la diputada Aída Faingezitch, celebró el hecho de que la Sala Constitucional acogiera el recurso de amparo que interpuso para obligar a FUCE a entregar la información demandada. «Me complace empezar a recibir información, pues hace un año, cuando la solicité a Rina Contreras, me dijo que no sabía nada.»
La legisladora estaba a la expectativa de que la Sala comunicara a FUCE su orden de entregar toda la información.
 
A DISCRECIÓN
 
Titulados «Ejecución del Programa de Reestructuración del Sector Público (PRSP)», los cuatro informes trimestrales de FUCE, entregados por Contreras a la Defensoría y a la Asamblea Legislativa, cubren el período comprendido entre abril 2002 y marzo 2003. Tres detallan los nombres de las personas contratadas como sociedades anónimas para desarrollar diversas actividades para las cuales hay plazas públicas. Estas incluyen asesorías legales, en comunicación y otras. No sucede lo mismo con el primer informe, el cual no menciona las personas ni sociedades anónimas contratadas. Además, ninguno especifica el objetivo de cada contrato, sino un listado general.
Según los informes, el presupuesto total desembolsado por FUCE durante el 2002 -es decir, una parte bajo la administración Rodríguez y otra bajo la actual-, fue de ¢138.032.440 y de ¢83.9 millones entre enero y junio de 2003, fecha del último corte entregado.
Con excepción del primer informe, en el cual la entidad pública que encabeza la recepción de fondos es el Ministerio de Planificación – durante la administración Rodríguez -, y que incluye al programa Triángulo de Solidaridad y al Instituto Costarricense Turismo-, en los cuatro trimestres recibieron financiamiento de FUCE prácticamente las mismas entidades y programas públicos: la Presidencia (que incluye el Despacho del Presidente, Despacho Primera Dama, Despacho Primera Vicepresidenta, Consejo Área Social, Consejo Económico y Asesoría en Comunicación); Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y la Comisión Nacional de Emergencias. En el último también aparece el Ministerio de Justicia y Gracia.
El dato más llamativo que proporcionan los informes es la existencia de los «pagos extra» que son definidos como «un pago directo, sin formalizar contrato», por un total de ¢20.966.650. Entre quienes recibieron esta clase de remuneración, se encuentra Pablo Ureña, asesor presidencial encargado de redactar los discursos de Pacheco y representante del Ejecutivo ante la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad.
A continuación, un consolidado de las asesorías y otras actividades contratadas por FUCE.
Las asesorías
* Despacho del Presidente, pagos mensuales entre ¢320 mil y ¢1 millón 790 mil

-Ronny Muñoz Calderón (Catasetum S.A.)
-Roberto Giralt Castro (Islander S.A.)
-William Montero Estrada (Nustad S.A.)
-Maureen Álvarez Cartín (Panaguadalupano S.A.)
-Ana C. Segura Garita (Inversiones G.S.C.T. Primero S.A.)
-Luis Paulino Arias Fonseca (Coconegro Consultores S.A.)
-José Mario Alfaro Barrantes (Consultoría Jurídica y Administrativa El Nuevo Milenio)
-Además, un «pago extra» que es definido como «un pago directo, sin formalizar contrato», por ¢2.480.000 a Paula Sancho Montero (Estudios Jurídicos)

* Despacho Primera Dama, pagos mensuales entre ¢576 mil y ¢1.188.000

-Ana Isela Ramos Alvarado (A.C.R & C Ingeniería (CR) S.A.),
-Arturo Ortiz Sánchez (Bufete Ortiz & Asociados S.A.)
-Xavier Gutiérrez Castro (Producciones Escazú S.A.)
-Además, un «pago extra, sin formalizar contrato», por ¢1.500.000 a Karen Barrantes M. (KB Imagen y Comunicación)

* Despacho Primera Vicepresidenta, pagos mensuales entre ¢650 mil y ¢1.240.000

-Rodolfo Fernández Castillo (Bufete Fernández y Asociados)
-Farol Arias Picado (Resaca R. S. C. S.A.)
-Carlos Brenes Araya (Seguridad Universal Bresan S.A.)
-Rodolfo Calderón Umaña (Rocu Asesores S. A.)
-Además, un «pago extra, sin formalizar contrato», por ¢2.480.000 a Eduardo Trejos (Pretoria Consultores)

* Consejo Área Social, pagos mensuales entre ¢650 mil y ¢1.200.000

-Emilia Fallas Solera (Consultoría Fallas, Mora y Carit S. A.)
-Yalile Arce Soto (Asesores Profesionales Unidos del Este S.A.)
Además, los siguientes «pagos extra, sin formalizar contrato»:
-Ana Rodríguez Salas (Consultoría Esquivel y Rodríguez) por ¢3.384.250
-Kattia Arroyo Vargas (Consultores Arroyo), por ¢2.236.200
-Juan Orías Pichardo (Oro Consultores S.A.), por ¢2.236.200
Rosibel Vargas Gamboa (Extraeplanificant Consultores), por ¢1.550.000
-Olman Villalobos Guzmán (Ovillaguz de OV), por ¢1.250.000
-Raúl González Nájares (Servicios Recreativos y Comerciales RJR S.A.)

* Consejo Económico, pagos mensuales entre ¢540.660 y ¢1.812.300

-Shirley Saborío (Consultores Económicos y Empresariales Saborío y Asociados S. A.)
-Ronulfo Jiménez Rodríguez (Inversiones y Representaciones Porto Barreiro Azul S.A.)

* Asesoría en Comunicación, pagos mensuales entre ¢744 mil y ¢1.365.000

-Víctor Rojas González (Stratego Investigaciones y Análisis Político S. A.)
-Gretel Tinoco Duarte (Comunicación Consultores S.A.)
-Mauricio Espinoza Troyo (Centro de Investigación Alternativas MET S.A.)
-Luis Arias Fonseca (Condominios Relux S.A.)
-Alicia Arias Lestón (Centro de Estudios Económicos ER S.A.)
-Además, un «pago extra, sin formalizar contrato», por ¢2.480.000 a Pablo Ureña (Coconegro S.A.)

* Ministerio de Hacienda, pagos mensuales entre ¢372.300 a ¢1.400.000

-Alberto Franco Mejía (Alberto Franco Mejía Consultores Económicos S.A.)
-Carlos Luis Vargas Durán (Asesores Especializados Cavadu S.A.)
-María del C. Vallejos Cabezas (Asesores Jurídicos Marydavi)
-Isabel Ovares Ramírez (Comunicaciones Milenio S. A.)
-Mario Riggioni Álvarez (Lizazul Uno Limitada)
-José Armando Fallas M. (Modas Vincarli S.A.)
-Marcia Solís Peña (MSP Inversiones Trinidad S.A.)
-Gustavo Román Jacobo (Asesores Legales Román Jacobo S. A.) -Hellen Villalobos Brenes (El Violín Rojo S.A.)
Además, un pago de ¢1.000.000 por un mes a:
-Roy González Rojas (Servicios Especializados de Consultoría SEC S.A.)
Y un pago de ¢1.000.000 por un mes y 22 días a:
-Roberto Quirós Coronado (Consultores Legislativos de Costa Rica S.A.)
* Ministerio de la Presidencia, pagos mensuales entre ¢280 mil y ¢1.350.000

-Roberto Quirós Coronado (ASELEX S. A.)
-Eduardo Sancho González (Bufete Sancho & Asociados)
-María Mercedes Flores Badilla (Leodielgo S.A.)
-Marco A. Núñez González (Instituto de Capacitación e Investigación Superior S.A.).
-Ana Jiménez Carillo (Corporación A Cris Jiménez S. A.)
-Óscar Zamora López (Estrategias y Decisiones EDSA S.A.)
-Lissette Barboza Vargas (Reunión El Plantón S.A.)
-Además, un «pago extra, sin formalizar contrato», por ¢1.000.000 a Rodrigo Arce (Corporación Josaro S.A.)

* Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pagos mensuales entre ¢720 mil a ¢3.825.000

-Marnie Navarro Quesada (Altamira Comunicaciones S. A.)
-Marcela Angulo Grillo (Brasero Ardiente S.A.)
-Mauricio Jenkins Coronas (Jenkins Consulting S.A.)
-Alejandro Lapenti Castrillo (L&B Asociados de San José S.A.)
-Claudio Donato Monge

Además, un pago de ¢3.542.390, por un mes, a Marco Vásquez Víquez (Tuición S.A.) y un «pago extra, sin formalizar contrato», por ¢370 mil a Jorge Baldioceda (Imagen Digital S.A.)

* Ministerio de Justicia y Gracia, pagos de ¢1.100.000 mensuales

-Rodolfo Fernández Castillo (Bufete Fernández y Asociados S.A.)

* Comisión Nacional de Emergencias, pagos de ¢1.100.000 mensuales

-Enrique Montealegre Escalante (Montescala S.A.)
¿Qué es FUCE?
a Fundación de Cooperación Estatal (FUCE), de naturaleza privada, cobró notoriedad luego de que la Comisión de Control y Ordenamiento del Gasto Público, creada y disuelta por el Presidente Abel Pacheco, la describiera como: «quizá la más notoria de las organizaciones privadas que participan en programas propios de la Administración, y sobre la cual existe el mayor velo de secreto, que es casi inexpugnable.» (Segundo Informe).
FUCE fue creada para administrar el Fideicomiso de Inversiones Transitorias (FINTRA), en el cual se depositaron los fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), del gobierno de Estados Unidos, y del Programa de Ajuste Estructural (PAE III), destinados a privatizar las empresas públicas de la Corporación de Desarrollo del Estado (CODESA).
En su informe, la Comisión recuerda que mientras las acciones de las empresas públicas se vendieron a bajos precios, «la ayuda internacional se hizo por sumas que representaban el valor real de las empresas, quedando la diferencia a favor del Estado costarricense depositada en el Fideicomiso para usos propios del proceso de ajuste estructural que se inició con la venta de esas empresas. Los recursos sobrantes de ese Fideicomiso, al igual que aquellos provenientes del PAE III, se trasladaron a FUCE, que desde entonces ha mantenido una estrecha relación con los entes de la Administración Pública dedicados a temas económicos.»
En administraciones anteriores, la relación del Gobierno con FUCE era manejada por medio del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), pero a partir del pasado gobierno socialcristiano, el papel protagónico fue asumido por el Consejo de Asesores de la Presidencia (COPRE), creado en 1994, y en la actual administración, por el Ministerio de la Presidencia.
Contralor Vargas:
Lo estamos estudiando
UNIVERSIDAD conversó con el contralor, Luis Fernando Vargas, sobre la relación entre la administración pública y la Fundación de Cooperación Estatal (FUCE), el martes 19:

¿En qué consisten los informes que la fundación FUCE le presenta a la Contraloría? ¿Qué es lo que detallan?

-Tratan sobre el manejo de la Fundación y se detallan varias de las consultorías pagadas en los últimos años, un aspecto que se ha venido de alguna forma
divulgando mediante la prensa y algunos diputados.

(Pregunta)
La Contraloría hizo un estudio y concluyó que los fondos que recibe FUCE como donaciones para el Gobierno y como transferencias del presupuesto, son
públicos. ¿Qué va a hacer la Contraloría para obtener
la información detallada sobre el origen de las donaciones y el detalle de su ejecución?

-Se están haciendo algunos estudios al respecto, pero prefiero no adelantar criterio hasta que estén las
indagaciones terminadas.

¿Es legal que un funcionario público reciba además, pagos de FUCE?

-Este es un asunto que el Departamento Jurídico está analizando, y es conveniente no adelantar criterio
todavía.

¿Es legal que un asesor privado, pagado por FUCE, diseñe la política económica?

-Como le digo, para poder hablar sobre legalidad o no de pagos y funciones de empleados públicos y privados
desde FUCE, debemos tener una base técnica y jurídica, la cual estamos esperando.

Con posterioridad a esta entrevista, la comisión legislativa que investiga este tema dio a conocer que entre las personas a las cuales FUCE contrató para realizar consultorías, se encuentran el contralor Vargas y el diputado Rodrigo Alberto Carazo.
El 22 de agosto, Carazo circuló una explicación pública en la que dijo que en 1991 fue contratado por FUCE para realizar una evaluación de la gestión administrativa y financiera del Banco Popular, y presentar una propuesta para su reestructuración.
«En esa contratación (en los primeros años de operación de FUCE) me di cuenta del poco seguimiento que hace esa fundación de los trabajos que paga. Hoy nos encontramos con contratos totalmente desproporcionados a las funciones que se realizan, consultores que no quieren rendir cuentas por su trabajo, y lo peor de todo, consultores a tiempo completo ocupando puestos estratégicos de toma de decisiones en el gobierno», dijo.