Donaciones a partidos políticos involucran a personas hoy investigadas por sospechosos nexos con esas actividades ilícitas.
El informe de la DEA, publicado en Internet, considera que los controles sobre actividades financieras ligadas con las casas de apuestas son inexistentes y muy graves.
Una conexión de la que siempre se hablaba entre corrillos, rumores que nadie se atrevía a confirmar. Los paraísos fiscales del Caribe donde se lava dinero y lucra con facilidades que no se dan en países con controles más estrictos parecía algo todavía lejano a Costa Rica hasta que llegó el reciente informe del Departamento de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que metió el dedo en la llaga. El país ya está metido en este peligroso juego.
Este punto de partida con respecto a actividades ilícitas que se dan con algunas entidades financieras que son investigadas –especialmente las que estafaron a cientos de ciudadanos extranjeros dejándolos en la bancarrota– también involucra al negocio de los casinos y de las apuestas por Internet –Sportbooks– que la DEA considera muy oportunas para introducir dinero del lavado por narcotráfico.
Esta entidad estadounidense conmovió la reputación y las sillas de los más asentados políticos y directores de seguridad pública, de la banca y de los altos mandos estatales al afirmar que los traficantes colombianos y mexicanos usan aquí casinos, cuentas bancarias, bienes inmuebles y fideicomisos en muchas operaciones financieras.
Estas situaciones han provocado que Costa Rica figure en una poco honrosa lista de «mayor preocupación por lavado de dinero», algo que muchos costarricenses sospechaban ante el «boom» del desarrollo inmobiliario y de negocios no tradicionales como algunos Sportbooks,  los cuales no tenían una explicación inmediata con el poco desarrollo económico del país, pese a la inversión extranjera que ha crecido favorablemente en la última década.
El detalle lo da un informe de mayo anterior de ese organismo. Por si fuera poco, el diario The New York Times reveló el mes anterior que muchos dueños de los negocios en apuestas electrónicas por Internet son estadounidenses con un estilo de vida muy liberal, quienes han encontrado en Costa Rica flojas regulaciones legales comparadas con otras naciones.
Alrededor de estos negocios se desarrollan bares, clubes nocturnos y prostitución, según reportó en esa oportunidad el periodista William Berlind, que hizo la publicación en la revista dominical del diario neoyorkino.

CURIOSAS RELACIONES

La construcción de grandes edificios turísticos, hoteles, centros comerciales y residencias de lujo, así como la compra de propiedades, son el blanco favorito de muchos lavadores, quienes de esa manera buscan evadir los controles que gobiernos, como el estadounidense, hacen sobre las actividades de negocios de sus ciudadanos en el extranjero.
Pero esas actividades no se han desarrollado solo en Costa Rica, sino que han sido incluso una práctica anterior en el istmo, donde se expanden poderosos grupos económicos.
Algunos como el Grupo Roble –dueño de los centros comerciales Multiplaza–, han llegado incluso a hacer donaciones a las campañas políticas de candidatos presidenciales. Un caso es el de las últimas elecciones nacionales. El presidente Abel Pacheco recibió de estos empresarios $20 mil, según reveló inicialmente el diputado del Bloque Patriótico, Humberto Arce.
También el Grupo San José, propietario de la franquicia Credomatic, regaló $250 mil al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) durante los pasados comicios y el banco Banex hizo lo mismo con $25 mil.
Para algunos legisladores como Humberto Arce, Luis Gerardo Villanueva (del Partido Liberación Nacional) y Gloria Valerín, del PUSC, este complejo entramado no es casualidad sino la forma como el bipartidismo y el clientelismo político se han colado entre las estructuras de poder y los negocios.
Incluso el reciente caso del empresario Vinicio Esquivel, quien cambió 36 cheques para la campaña de Abel Pacheco en su negocio Vinir S.A., llamó la atención de la prensa y de los políticos.
Esquivel negó rotundamente tener algo que ver con el lavado de dólares, aunque sí reconoció haber donado dinero para los citados comicios.
También admitió haber tenido una larga amistad con Marc Harris, un empresario de 38 años detenido en Nicaragua por lavado de dólares que hizo mediante una treintena de cuentas bancarias.
Las dudas en torno a este tinglado aún no están claras y son investigadas tanto por autoridades estadounidenses como de Costa Rica.
En Costa Rica, Harris tuvo una especie de consorcio llamado The Harris Organization que operaba como una «oficina de investigación» establecida con dos empleados para el desarrollo de la madera conocida como teca en el Bosque Puerto Carrillo.
Pero esta empresa cerró en 1999 y uno de sus clientes reclamó inversiones por $40.000. De acuerdo con la organización Offshore Alert que tiene un sitio en Internet varios clientes de Harris le reclaman deudas por $4 millones. En total se estima que las pérdidas que pudo haber tenido este financista llegan a los $30 millones.
Hasta hace un año, según asegura esa organización, Harris tenía siete importantes cuentas bancarias en diferentes países –con una conexión entre los puntos geográficos de Nevis, Belice y Latvia–, que iba a dar a Vinir Financial Services que pertenecía a Esquivel. Este último asegura haber cerrado dicha división financiera y prefirió no referirse sobre ella ante interrogatorios hechos por los diputados en una comparecencia especial a la que asistió con su abogada.

INVESTIGACIÓN EN ESPERA

Poco después del escándalo sobre Harris y antes de que Esquivel fuera llamado a comparecer, trascendió el despido de José Silva, Jefe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (CICAD), encargada de investigar directamente el caso de Vinicio Esquivel.
El funcionario dijo a este Semanario que no puede calificar su despido como una forma de «quitarlo del camino» para que investigara con profundidad la relación de Esquivel con las donaciones hechas, la campaña política y si su amistad con Harris involucraba alguna relación con el lavado de dinero.
«Nunca se me comunicó de manera oficial que el proceso de reestructuración que iniciaba el CICAD afectaría mi puesto ni tampoco fue de mi conocimiento que el perfil del puesto iba a ser modificado», aseveró el exfuncionario, quien fue enviado a vacaciones antes de ser despedido por su jefe, el director ejecutivo de la Unidad, Guillermo Fernández.
Silva se manifestó frustrado por el gran acumulado de operaciones sospechosas que reporta el sistema financiero costarricense y por el desprestigio que estaban teniendo los integrantes de la UAF.
Aseguró a UNIVERSIDAD que demandará al Estado por lo que considera un despido injusto por declaraciones que dio al periódico Al Día y por lo que estima un honesto reconocimiento público de las limitaciones que esa dependencia aún tiene.