«Soy un estorbo en el proceso económico y financiero actual», asegura Pablo Cob.
«Pretender las reformas al ICE que los costarricenses no quieren, nos podría llevar a una confrontación social».
Cercado por un consejo económico que lo ve como un sindicalista con la «camiseta amarilla» puesta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), su presidente ejecutivo, Pablo Cob, considera que de cierta forma se ha constituido en «un estorbo» dentro del panorama actual económico y financiero del país.
«Es algo visible cuando uno ve personajes prominentes de ese consejo que caen en situaciones personales y me cuestionan por la vehemente defensa que he hecho de una entidad que se ha visto envuelta en la polémica durante los últimos tres años».
Este funcionario -quien ocupa la silla principal del ente rector en telecomunicaciones y energía desde agosto de 2000-, consideró en una entrevista exclusiva para este Semanario que si existen intenciones de ir hacia una privatización del instituto es desconocer que las empresas interesadas en asociarse no invertirán en «conectividad» y electricidad para zonas alejadas, que no son muy rentables.
«Sólo el hecho de haber llevado la telefonía celular a cero es mal visto», en lugar de ser reconocido como un éxito, aseguró el representante.

Al consultarle si existen empresas extranjeras interesadas en comprar parte del ICE, mencionó a la estadounidense BellSouth que ha manifestado su interés para que este proceso sea impulsado mediante el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés).
Seguidamente, un resumen de la entrevista.

¿Considera que el Presidente Abel Pacheco pueda resistir a las presiones de los grupos empresariales?

-Me parece que existe un lineamiento presidencial firme, claro, público. Ir hacia una cosa diferente es tener una lectura distinta de la realidad nacional, aunque haya pequeños grupos presionando fuertemente para que se decida algo diferente.
Pienso que en ese contexto indudablemente Pablo Cob es un estorbo, un problema serio en todo este proceso, pero que no es mi salida la que resuelve esta situación. El Presidente no se puede ir, debe estar ahí siempre, en cambio yo soy una pieza movible.
Me parece que si me retiro la situación seguiría igual, continuarían las fuerzas internas que impedirán algo para lo que el país no está preparado, ni decidido.

¿Hoy se considera usted «un estorbo» frente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos?

– Si el TLC plantea una apertura probablemente sea un estorbo, porque, como decía antes, la lectura política y social que hago es que no hay ambiente para una apertura o privatización, pese a que existen grupos poderosos que empujan este proceso. De continuarse, se llegaría a una confrontación social seria, desangrante, y esto requiere de un análisis y de un proceso de evaluación más exhaustivo.

¿Es precisamente porque no hay ambiente que esos grupos lo están cercando?

– Probablemente yo sea un estorbo importante, entonces por algún lado hay que comenzar. Cuando uno ve que se vienen al plano personal se convierte en otro asunto. Por ejemplo, la noticia que publicó el diario La Nación de que mi cuñado, Carlos José Monge, estaba vinculado con un negocio en la Compañía General de Fuerza y Luz cuando yo era gerente, es un asunto curioso porque él se dedica a dar servicios de transporte desde que su padre estaba vivo, desde que era un adolescente.
Por tanto, el «estorbo» que causo es muy evidente, hay que recurrir a cualquier cosa.

¿Se refiere a que quieren a Cob fuera no solo del ICE, sino también del sector energético y de telecomunicaciones?

– Me da esa impresión totalmente porque durante el periodo del «Combo ICE» me opuse mucho al manejo gubernamental que se estaba haciendo de la situación. Tanto es así que si se remontan a la historia del caso, el instituto estuvo muy aislado, muy protegido de la ley del Combo. (…) También parte de la problemática es que algunos grupos pensaban que el Presidente de la República tenía una posición diferente para no privatizar al ICE y como se ha mantenido invariable -lo destaco hoy porque incluso tuve una reunión con él sobre el tema-, parece que se lo comunicará a los negociadores del tratado de libre comercio si se lo piden formalmente. Si otros creían que era una posición muy clara y que la iba a cambiar, se equivocaron.

Imaginamos que el mandatario tiene claro que si impulsa algún proceso privatizador se le podría armar una revoluta como sucedió con el «Combo».

– En eso no podría calificar la convicción presidencial pero imagino que el Presidente de la República debe hacer la lectura correcta de lo que al país le conviene. Si interpreta que la mayoría de la población costarricense no quiere que haya una apertura ni privatización, y más bien que el ICE se fortalezca, que haya más inversión, que se le den más herramientas para que cumpla adecuadamente con su misión, me parece que está haciendo la lectura correcta.
Es algo muy simple: el ICE tiene resultados de superávit, no es ninguna carga para el Estado, no usa un cinco de él. Se acaba de presentar el presupuesto de la Asamblea Legislativa y me gustaría que se fijaran si existe alguna partida de transferencia para esta institución. No la hay. El instituto debe ser autosuficiente para sostener sus inversiones, para pagar el servicio de la deuda -el pago de los intereses de todos los préstamos que tiene y del principal-. Además de ahí obtiene lo que paga de impuestos y lo que retribuye por transferencias a la Caja Costarricense de Seguro Social.
De todos esos ingresos le queda todavía un remanente. De ahí que nuestros conflictos con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) es para que tenga una rentabilidad suficiente, de forma que sirva para aplicarlo a la inversión de obras en el futuro. Ese sobrante no es muy alto ahora, porque han venido a menos las tarifas. Imagínense que la rentabilidad que le está dando al sector de telecomunicaciones es del 6%, que ni siquiera cubre la inflación. Si las cosas están así, entonces se debe adquirir infraestructura para el futuro con empréstitos, los cuales serán pagados con los mismos ingresos por telecomunicaciones y energía. Por este tema es el que hemos peleado, que empresas como el ICE tengan capacidad de acceder a préstamos hasta de un 60% del valor total de sus activos en los mercados financieros internacionales.
Sin embargo, ha habido una actitud cerrada de las autoridades económicas del país y nos han dicho que no podemos endeudarnos. De forma que no tenemos posibilidad de endeudamiento siendo una institución tan estratégica, pero por ley sí hay obligaciones que atender para el sector energético y de telecomunicaciones.
Ese es un punto que viene a discusión en estos días, a raíz de ciertas limitaciones de la cantidad por la que el ICE puede endeudarse según las autoridades económicas, para que un resultado final bajo los esquemas que ellos plantean sea aceptable para el país. Sin embargo, sigo pensando que impedir la inversión en telecomunicaciones y energía es limitar el desarrollo, el empleo, la creación de infraestructura indispensable. Todo eso, sopesado, es más dañino que cualquier resultado macroeconómico.

En los últimos días han aflorado divergencias entre los sindicatos del ICE y las autoridades. ¿El apoyo sindical se mantiene hacia usted?

– He actuado interpretando cuál es la conveniencia institucional y nacional, los trabajadores han entendido mi posición y la han apoyado. Los sindicatos, al fin y al cabo, son entidades políticas que desean siempre ver cómo quedan posicionados en una situación. Ellos lo que ven venir en los próximos días es un problema efectivo y se los explico rápidamente. Los resultados que le aportamos al Banco Central y que nos comprometimos a que se dieran tenían una serie de supuestos en una proyección. El primero es que rigieran a partir de julio y no rigen desde entonces; este atraso representa ¢2 mil millones. Tenía que aprobársele a las siete distribuidoras del ICE que existen aparte de la propia, un presupuesto, pero el Regulador General, Hermann Hesse, renunció y no lo aprobó. Hoy la Autoridad Reguladora está acéfala porque ninguno de los cuatro subdirectores puede ser convocado a una reunión si no existe un jerarca designado.
El segundo desbalance tiene relación con las tarifas telefónicas, pedimos que fueran ajustadas en ¢400 más las de telefonía comercial, residencial y celular. Esto significaba ¢7.500 millones a partir de julio para el sector de telecomunicaciones pero lejos de aumentarse más bien el exregulador las rebajó. Ahora apelamos a tiempo pero nadie las puede ver porque no existe una persona designada en el puesto. Además, nos metió en otro problema: bajó el depósito de la telefonía celular de ¢25 mil en que estaba a ¢12.500, esto es, en un 100%. Entonces, hemos tenido una avalancha de clientes a quienes no les importa cambiar de número para devolver el teléfono que poseen y se compran otro con una gran oferta de mercado como la que hay ahora.
Un desbalance financiero adicional que pesa en todo esto es que habíamos acordado que en las instancias externas -la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) así como la Contraloría General de la República- se iniciaría el proyecto hidroeléctrico Cariblanco bajo el esquema de fideicomiso, con el cual se va a desarrollar el proceso para ayudar a la macroeconomía nacional.
En este contexto se tiene un plazo suculento para decir que el ICE no cumple, que hay que intervenirlo.

¿Se podría decir también que existen instituciones las cuales cercan la gestión suya, como la ARESEP, la Contraloría o el Banco Central?

– La Contraloría ha ayudado a la gestión del ICE, pero la ARESEP claramente actuó diferente. Pedimos la renovación de tarifas desde octubre pasado y llegamos a julio. Las aprobaron a regañadientes después de que intervino el Ministro de Hacienda, Alberto Dent y el coordinador del equipo económico, Ronulfo Jiménez.
Eso va a ser un problema para el resto del año porque nos van a decir que no tienen dinero para pagar y entonces hay que generar un pasivo. El argumento sería: «pagaremos cuando haya dinero».

¿Considera que las cámaras empresariales también tienen un papel activo en esta oposición?

– ¡Claro! Ya la había venido recibiendo cuando el economista Jorge Guardia, en su columna de La Nación, dijo que hay que quitar al presidente ejecutivo del ICE y me llamó «sindicalista». Uno ve esta situación cuando dicho periódico asegura lo mismo en un editorial. Es un asunto que ha sido sistemático desde hace ocho meses.

¿Piensa que pedirán la cabeza de toda la junta directiva del ICE?

– Pienso que la estrategia hasta ahora ha influido porque para quitar a Pablo Cob estos grupos pueden sentir que existe una gran lealtad de los directivos con la política que impulso.

Hay rumores de que un posible despido podría hacer de Pablo Cob un héroe postulable como candidato al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) …

– No. Mi vida pública la he hecho basada más en lo técnico que en lo político. Si tengo que irme de la función pública me retiraría a la academia. Me ha hecho mucha falta en este tiempo.