Las personas menores de seis años representan el 29% de la población, pero  solo reciben  el 20% de la inversión social.
«Hoy estamos cosechando lo que hemos producido en las décadas pasadas. La violencia social de los últimos días  ofrece un espejo de la Costa Rica que estamos construyendo», aseguró la Dra. Leda Muñoz García, durante la conferencia inaugural del II Simposio Universitario sobre Niñez y Adolescencia.
Este se realizó en la Universidad de Costa Rica, del 8 al 10 de septiembre, sobre  «Familia, violencia y patrones de crianza».
Muñoz, quien es la Vicerrectora de Acción Social de la UCR,  agregó que «los niños y niñas excluidos de ayer, que fueron abusados, agredidos y excluidos son los adultos y adultas que hoy aborrecemos por criminales».
Enfatizó en que la violencia social hacia la niñez no son «casos aislados de personas desviadas, sino el producto de la sociedad que hemos venido construyendo, principalmente en los últimos veinte años».
Por tanto, la responsabilidad de estos casos no es solamente de las personas que han producido actos de violencia tan atroces -como los divulgados últimamente por la prensa-sino el resultado de las decisiones y del modelo de Costa Rica que estamos eligiendo.
Manifestó que la estructura familiar está cambiando, pero no  hay políticas públicas definidas para su apoyo, a pesar de que en  la legislación se establecen mecanismos políticos e institucionales.
Denunció que los programas públicos de cuido a los niños y niñas, vitales para el apoyo a la familia, se han deteriorado.
«La escuela ya no constituye un instrumento de apoyo a las familias. Tenemos una institucionalidad con obvias dificultades para liderar un Sistema Nacional de Protección Integral y una localidad sin apoyo y motivación para abordar, de manera responsable, la crianza de sus hijos e hijas», planteó.
Destacó que la familia de ayer está experimentando cambios. Han aumentado los hogares monoparentales en un 5.5%, mientras  se mantiene la tendencia de que sean jefeados por mujeres, quienes engruesan las categorías de separadas, divorciadas, viudas y solteras.
Los hogares nucleares no han crecido en el período intercensal, pero sí la tendencia a que se incremente el número de nietos y nietas viviendo bajo la protección de abuelos y abuelas.
Informó que el país tiene  una población infantil pobre desprotegida y una población adolescente fuera de las aulas e inserta tempranamente en el mercado laboral, recibiendo una remuneración precaria.
Costa Rica tiene un total de 127.077 menores de edad que forman parte de la población  económicamente activa  (PEA), de los cuales 13.110 son menores de 10 años,  37.041 apenas cuentan entre 14 y 10 años de edad y 76.923 tienen entre 15  y 17 años de edad.
 
Estos datos reflejan una participación de las personas menores en el PEA del 3,2% en  la población de 5 a 9 años, del 8.6% entre quienes tienen entre 10 y 14 años y del 28,1% de quienes tienen entre 15 y 17 años, mientras que quienes poseen 18 y más años representan el 63.5%.
El total de la población de 5 a 17 años  es de 1.113.987 personas,  de las cuales 411.353 tienen entre 5 y 9 años, 428.875 tienen entre 10 y 14 años y 273.759 tienen entre 15 y 17 años. Las personas menores de edad representan casi el 40% de la población, mientras que  las menores de seis años son el 29%, quienes  únicamente reciben  el 20% de la inversión social.

ESCASA INVERSIÓN

La Dra. Muñoz  dijo que el país no invierte lo suficiente en la niñez y la adolescencia. Según datos del 2001, esta población solo  recibió  el 6.3% del PIB y el 25% del gasto público.
Por tanto, no se está respetando el precepto constitucional de destinar el 6% del presupuesto nacional a la educación, cuya inversión se ubica en torno al 4.9%.
Los comedores escolares, las becas, los bonos y otros subsidios básicos sólo representan el 4% de la inversión hecha en educación, es decir, menos del 1% del gasto público y apenas el 0,2% del PIB.
Por otra parte, la mayor inversión en educación se realiza en los estratos de más altos ingresos y en la región central, que absorbe el 59% de la inversión social.
La población  joven de las familias pobres absorbe menos inversión social que la de las familias ricas.
Un miembro de las primeras recibe por persona ¢140.000, mientras en las segundas este monto es de ¢201.000, en materia educativa.
En cuanto a salud, los servicios de hospitalización absorben casi la mitad de los recursos destinados en este campo.
Por su parte, la inversión en servicios culturales, recreativos y deportivos, representa solo el 1% de la realizada en lo  social, la cual se dirige principalmente a los estratos más pobres de la sociedad.
Para Muñoz, la inversión social es un factor clave y, por tanto, el Estado debe garantizar un modelo de sociedad inclusivo, que promueva el respeto y protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, de acuerdo con lo establecido en las leyes.
Considera que este debe garantizar la inversión y «gerenciamiento» efectivo de los recursos necesarios; y asegurar los enfoques adecuados en las políticas públicas para dar acceso a  servicios de calidad a niños, niñas y adolescentes.
Así mismo, el Estado debe garantizar el funcionamiento de los mecanismos legales e institucionales establecidos para la  protección de estas poblaciones y rendir cuentas acerca de su actuación al respecto.

COMUNIDAD Y VIOLENCIA

Muñoz considera que la protección comunitaria es el antídoto a la violencia. Por tanto hay que crear conciencia social respecto a que la crianza de la niñez y adolescencia es responsabilidad de toda la comunidad. Igualmente promover y capacitar líderes comunitarios que movilicen a esta a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia.
También puntualiza en la necesidad de  fortalecer  el proceso de reforma institucional del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para que el Sistema Nacional de Protección pueda ser dirigido adecuadamente.
Otra medida es promover las Juntas de Protección de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia como verdaderos sistemas locales de protección; así como la participación activa de los gobiernos locales.
«No podemos continuar con un enfoque de política económica que visualiza a la política social únicamente como un instrumento de compensación social. Hay que desarrollar un paquete de subsidio único a la familia, que fortalezca su capacidad contenedora», expresó.
Como parte del simposio también se efectuaron cuatro mesas de trabajo sobre educación y familia, adolescencia y salud, patrones de crianza y  violencia, infancia y adolescencia.
Este fue organizado por el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA), adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social, UNICEF Costa Rica, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional de Migraciones.