A pesar de su riqueza cultural y natural, Bolivia es el país más pobre de Sudamérica.
El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada terminó el proceso de privatizaciones que ha enriquecido a la clase dominante.
Desde el pasado 29 de septiembre, las principales centrales sindicales y organizaciones sociales de Bolivia mantienen al país paralizado en demanda de la renuncia del presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien acusan de impulsar un polémico proyecto que pretende la explotación, por parte de empresas transnacionales, de ricos yacimientos de gas natural.
Esta huelga general es el último capítulo de un conflicto social que, hasta ahora, las incipientes instituciones democráticas han sido incapaces de resolver.
Bolivia se encuentra al borde de una revuelta popular, la cual se origina en largos siglos de opresión en contra de los pueblos originarios de ese país andino.
La situación del campo, en donde el 90 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza y cuya situación podría empeorar debido a la erradicación impuesta por presiones externas, de los cultivos de hoja de coca, es uno de los síntomas del fracaso de la democracia liberal en la búsqueda de fórmulas de cohesión social que eviten el levantamiento indígena.
Una pequeña oligarquía que concentra el poder político, militar y económico, maneja el país como una hacienda particular y decidió pactar con interés foráneos la manera de sacar aún más beneficios a su posición de privilegio.
En su segundo mandato, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada terminó el proceso de privatizaciones que ha enriquecido a la clase dominante y ha dejado sin sustento a miles de trabajadores que ahora engrosan las filas de la economía informal y el desempleo.

OLA NEOLIBERAL

La conducción del país, como ha sucedido desde hace décadas, se hace sin considerar las necesidades ni las expectativas de una mayoría indígena que no encuentra canales efectivos de participación y se ve obligada a bloquear calles y manifestarse de manera a veces violenta, con el fin de dar a conocer sus posiciones.
La ola neoliberal que causó graves daños a toda América Latina, se abalanzó sobre Bolivia de forma estrepitosa, de modo que cada vez más sectores fueron empujados hacia la pobreza extrema.
Los estudiantes sin futuro, los profesionales desempleados y los campesinos sin tierra, ahora se han lanzado a las calles para evitar la posible venta de una de las riquezas naturales que podrían cambiar la situación: el gas natural.
Según los cálculos de las transnacionales, el país sudamericano posee las principales reservas de este hidrocarburo en el ámbito continental.
Por esta razón, con la complicidad del gobierno y de la oligarquía, han trazado planes para exportar este gas a través de un puerto chileno.
La cesión de la soberanía sobre este recurso energético es algo que las organizaciones sindicales, campesinas y sociales no aceptan.
Sin embargo, es difícil cuestionar las decisiones de unas empresas que cuentan con el respaldo de un gobierno, el de Estados Unidos, que no ha dudado en invadir dos naciones en el Medio Oriente con tal de asegurarse su futuro suministro de petróleo.
La Casa Blanca tiene a Bolivia, y a la mayoría de países del área, contra las cuerdas.  O se hacen las cosas del modo que Washington dicta, o se corre el riesgo de quedar aislado económicamente, ser ignorado en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Ameritas (ALCA) y estar en la lista negra de naciones rebeldes, sancionadas financiera y políticamente, como se encuentran Venezuela y Cuba.
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y sus amigos de las transnacionales, manejan los hilos de la política exterior estadounidense de acuerdo con las especulaciones financieras.  De este modo, el gas boliviano o las telecomunicaciones costarricenses no pueden quedar al margen de las garras del «Imperio».
Lo peculiar es que hay una clase económica poderosa en cada país latinoamericano que está dispuesta a percibir un beneficio a corto plazo y que no entiende que con la venta de la soberanía nacional, está hipotecando su propio futuro y el de toda la sociedad.
El avance neoliberal en Bolivia significó la restricción de los derechos sociales y laborales que el pueblo había logrado después de muchas luchas, como la revolución de 1952.
El deterioro social, producto de la venta de activos del Estado y de la inconclusa reforma agraria, por la cual el 87 % de la tierra está en manos de un 7% por ciento de los propietarios, han creado un explosivo escenario que amenaza los endebles logros de una democracia que sigue tutelada desde los cuarteles.
En las protestas de las últimas semanas, junto a las reivindicaciones por el gas y los sembradíos de coca, se escuchan consignas que van más allá y que plantean un nuevo modelo democrático, en el cual se reconozcan los derechos históricos, territoriales y de autonomía política para los pueblos aymará y quechua, las dos etnias más importantes.