Proyecto eliminará figura de agentes independientes, lo cual provoca debate si se abre el mercado de seguros en el contexto del TLC.
Los vendedores independientes de seguros no podrán ejercer más si se aprueba un proyecto de ley impulsado por el gobierno.
La eliminación de los agentes independientes que venden seguros para dar paso a las empresas comercializadoras y el nacimiento de una superintendencia que regule esta actividad en el país desde un punto de vista técnico, es interpretado por sindicalistas como una apertura de cara al Tratado de Libre Comercio (TLC) que se negocia con Estados Unidos, mientras que autoridades oficiales hablan más bien de un reforzamiento del monopolio en ese sector.
La diferencia de criterios se da entre Luis Salas, secretario general de la Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) y el presidente ejecutivo de la entidad, Germán Serrano.
Este último funcionario impulsa, junto con el Poder Ejecutivo, el proyecto parlamentario 15.154 -la «Ley Reguladora de la Actividad Aseguradora»- que de ser aprobada provocaría la liquidación de 200 agentes de seguros, entre otras medidas directas que, según él mismo reconoce son «una apertura en ventas» pero no en todo el sistema asegurador.
Salas considera que este es un paso disimulado hacia una apertura completa para que compañías transnacionales se aprovechen de un lucrativo mercado nacional, lo que elevaría considerablemente los precios de los seguros. (Ver cuadro adjunto: «Emporio multimillonario»).

NEGOCIO EN CUESTIONAMIENTO

«Si se da la apertura entonces se quedarían sin cobertura muchos riesgos que no son comercialmente viables. Por ejemplo, en algunas ocasiones las ambulancias de la Cruz Roja se estrellan y hay pérdidas totales. Si se dependiera de compañías extranjeras, jamás se daría ese tipo de protección», dijo Salas.
Detalló que con la participación de actores privados en el mercado de los seguros las primas actuales llegarían a un «876% más de lo existente y aumentarían los seguros para autobuses en 160%. El INS tiene un sentido solidario y de ahí que subsidia ciertos servicios para el bienestar común, pero con la iniciativa privada no sería lo mismo».
El sindicalista asegura que esta iniciativa privatizadora viene desde 1990 cuando el exministro de Planificación y Reforma del Estado, Carlos Vargas Pagán, quiso promover una apertura.
«El surgimiento de una Superintencia General de Seguros no es una idea nueva. Elevará costos de mantenimiento y plazas, lo que nos ha negado desde hace años la Contraloría General de la República y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos» (ARESEP), puntualizó.

VIEJAS IDEAS, NUEVAS FORMAS

Germán Serrano admitió que la idea de crear una superintendencia data de hace décadas. «Cuando trabajaba aquí mismo en 1974 era un proyecto que se manejaba para regular la actividad aseguradora desde afuera y evitar abusos millonarios como han hecho agentes que se han pensionado jóvenes y con sumas extraordinarias».
Para el funcionario sería importante que esta entidad supervise las tarifas, los contratos y vigile a las comercializadoras.
«Queremos reforzar que el Estado mantenga el monopolio porque la legislación no lo dice explícitamente», aseguró.
Si se dejara de percibir los ingresos que aporta la institución serían unos ¢20.000 millones.
Serrano admitió que los «agentes independientes están en sus últimos días» por lo que deben buscar aliarse con compañías comercializadoras o crear las propias.
«Tienen contratos con nosotros que vencen a los tres o cinco años y no se los vamos a renovar».
El proyecto prevé castigar a quienes vendan seguros de otros países en territorio costarricense, lo que es ilegal. «Tenemos identificados de quiénes se trata», dijo el funcionario. El castigo sería, según el texto legislativo, correspondiente a 200 salarios mínimos oficiales y se podría aplicar la inhabilitación de hasta cinco años en el ejercicio profesional para el infractor.
Al consultarle por qué los vendedores ilegales no han sido demandados si incumplen con la ley, aclaró que no se ha tipificado delito alguno lo cual sí viene contemplado en la propuesta parlamentaria. La complicidad del cliente que adquiere un seguro del extranjero estaría contemplada según el Código Penal.
«Lo que queda descartado del todo es que el tema de seguros se esté negociando dentro del tratado comercial con Estados Unidos. He conversado con los negociadores sobre el tema», explicó Serrano. No obstante, la última plática que mantuvo con ellos fue en enero pasado, justo cuando comenzaron las negociaciones con esa nación norteamericana.
Pueda ser que haya «grupos aquí interesados (en incursionar en el mercado de seguros), posiblemente agrupaciones empresariales y económicas son las que están presionando», reconoció.
Los integrantes del Movimiento Libertario (ML) presentaron una iniciativa en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa para crear la citada superintendencia. Entre los impulsores se encuentra el diputado Federico Malavassi.
Otras propuestas que buscan la desregulación en esta materia son el expediente 14.325 para crear una «Ley de Incentivo a la Creación de un Mercado Nacional de Seguros Internacionales», publicado en el diario oficial La Gaceta el 15 de junio de 2001.
No obstante, la autoridades gubernamentales aseguran que esos son proyectos liberalizadores con un concepto de Estado muy diferente al impulsado por la actual presidencia ejecutiva del INS y el Poder Ejecutivo.

Emporio multimillonario
* Durante la gestión del exmandatario José María Figueres se suscribió un empréstito con el Banco Mundial como parte de la reforma del Estado y se liquidó a 200 agentes de seguros. Esta acción costó ¢3.000 millones.
* En la actualidad funcionan 52 empresas comercializadoras de seguros.
* El mantenimiento del Cuerpo de Bomberos asciende a ¢5.437 millones.
* El instituto debe pagar un fideicomiso agropecuario que llega a los ¢5.523 millones anuales.
* El traspaso de utilidades de la institución al gobierno para el 2001 fue de ¢814 millones.

FUENTE: Documento «Transferencia del Instituto Nacional de Seguros (INS) a otras instituciones durante el 2002».